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La minería como generadora de recursos para las crecientes necesidades del Estado

"En el caso de la minería, una de las principales interrogantes, recae en cómo técnicamente se le podría imponer cargas adicionales a un sector que ya tiene una carga fiscal elevada".

Sergio Vega-León

Por Sergio Vega-León, socio de Impuestos y Legal en Deloitte Perú

Un Estado más grande, con una participación activa en la economía y en la vida de los ciudadanos, necesariamente requerirá de una mayor cantidad de recursos públicos para financiarla. Como indica la teoría, son dos los tipos de recursos que puede obtener el Estado: los originarios, es decir, los generados por sus propios bienes y actividad, y los derivados, en los que se enmarcan los impuestos y otras prestaciones patrimoniales obtenidas del sector privado.

Por ahora, el objetivo del Gobierno actual parece ir de la mano con incrementar ambas fuentes de generación de recursos públicos, con un Estado-empresario fortalecido y con una mayor recaudación fiscal. Esta última, según lo declarado por las autoridades, vendría, en el corto plazo, como resultado del aumento de la carga impositiva para el sector minero, aprovechando el ciclo económico favorable de los precios de los metales y la entrada en explotación de algunos proyectos, así como mayor presión sobre los grandes deudores tributarios, cuyos procesos aún se encuentran en instancias finales, independientemente del sector al que pertenezcan.

En el caso de la minería, una de las principales interrogantes, recae en cómo técnicamente se le podría imponer cargas adicionales a un sector que ya tiene una carga fiscal elevada que, en total, se aproxima o, incluso, puede en algunos casos sobrepasar el 50% como resultado de la estructura de impuestos y regalías que gravan a esta actividad y que, ciertamente, aprovecha la llamada “sobreganancia” derivada del auge en el precio de los commodities. La lista de gravámenes es larga: Impuesto a la Renta, impuesto a los dividendos, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, Impuesto Especial a la Minería, Gravamen Especial a la Minería (GEM, en el caso de compañías con contratos de estabilidad), aportes al Osinergmin y a la OEFA por su actividad reguladora, regalías legales o contractuales y aportes al Fondo de Jubilación Minera, entre otros.

Sin generar ningún cambio y como resultado de dicha estructura impositiva, este año las empresas mineras batirán récords en el pago de impuestos y regalías al Estado peruano, con una estimación de recaudación de S/ 12 mil millones, según la SNMPE, es decir, más de 200% y de 150% con relación a los años 2020 y 2019, respectivamente.

El siguiente punto en el que el mensaje del Poder Ejecutivo ha puesto énfasis es en la renegociación de los contratos de estabilidad suscritos por el MINEM con algunas empresas mineras. Recordemos que el propósito de dicho tipo de contratos es dotar de seguridad jurídica a los inversionistas y protegerlos de cambios en la legislación por un periodo acotado de tiempo, incluyendo los tributarios.

No obstante, a cambio de la estabilidad otorgada por el Estado a proyectos como Constancia, Quellaveco, Cerro Verde y Las Bambas, el Impuesto a la Renta de sus respectivos titulares es mayor al que se recauda de los contribuyentes sujetos al régimen general (32% versus 29.5%, respectivamente). Adicionalmente, algunos de dichos proyectos estabilizados ya pagan regalías sobre ventas o sobre el valor del concentrado, y no sobre la utilidad operativa (que establece el régimen actual), además de estar sujetas al GEM, gravamen que se aplica sobre dicho margen operativo. Queda claro, entonces, que las empresas mineras con estabilidad no pagan menos impuestos que las sujetas al régimen común.

Bajo este escenario, es relevante saber a dónde apuntaría la reforma fiscal del sector minero y el concepto de rentabilidad social al que también ha hecho referencia el Poder Ejecutivo. Y si eso, en realidad, se orientaría a tener mejores criterios de distribución y de gestión de los recursos aportados por la minería. Ello, sin duda, sería positivo para el país, en contraste con la creación de nuevos impuestos, que pondrían en riesgo la competitividad y la realización de nuevas inversiones.