Han transcurrido ya más de 45 días desde que asumió la nueva administración gubernamental la conducción del país y hasta el momento no se observan señales claras a favor de la inversión privada y sobre todo a lo que respecta al principal motor de la economía peruana: la minería.
Los únicos temas abordados de manera muy genérica, son el denominado concepto de rentabilidad social mencionado por el Presidente Pedro Castillo en su primer Mensaje a la Nación y que el ministro Iván Merino ha tratado de explicar en las distintas reuniones que ha sostenido con inversionistas nacionales y extranjeros. Y en los últimos días, en su intervención para solicitar el voto de investidura ante el Congreso, el primer ministro Guido Bellido pidió a la representación nacional otorgarle facultades para legislar en materia tributaria para crear contribuciones en función de las llamadas sobreganancias en actividades extractivas.
Estos anuncios del Poder Ejecutivo han provocado incertidumbre entre los inversionistas por la poca claridad de lo que se quiere lograr con las políticas públicas. Y bajo este escenario será más difícil poner en marcha los proyectos que el Perú necesita para reactivar su economía y sentar las bases de una sólida recuperación ante la crisis originada por la pandemia.
La rentabilidad social es algo que las grandes y medianas empresas mineras ya practican, con apego a la ley: contribuciones para el desarrollo local, estándares ambientales exigentes, y respeto a la cultura y al territorio donde operan.
Y qué decir del régimen tributario que rige para la actividad minera y que ha demostrado su positiva operatividad ahora que los precios de los metales tienen cotizaciones excepcionales. Las cifras de este año muestran que el fisco obtendrá una mejora notable de la recaudación, pues registrará un récord en el pago de tributos por parte de las empresas mineras que superará los S/ 12 mil millones.
La aspiración de contar con un marco normativo predecible, estable y transparente, además de promotor de la inversión privada, es lo mejor que nos puede pasar como país para restituir la tan necesaria confianza de los inversionistas.
En tiempos de crisis, debemos de preservar la sostenibilidad y competitividad de nuestras industrias. Solo así, podremos apuntalar la recuperación de la economía nacional para retomar el desarrollo y generar bienestar en beneficio de las poblaciones vulnerables.