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El impacto de renegociar Camisea

Los logros del proyecto Camisea pueden truncarse por anuncios que desestabilizan el clima de inversiones e impiden una mayor masificación del gas natural.

Camisea la renegociación

El aporte de Camisea, el yacimiento de gas natural más importante del Perú es incuestionable. En 17 años de operación —desde agosto del 2004, cuando se inició la explotación del yacimiento— ha contribuido con más de S/ 40,000 millones entre impuestos y regalías para el Estado. Es más, de cada S/ 100 de renta que genera, paga entre impuestos y regalías S/ 65, los cuales se destinan a gastos públicos. El 40% de la energía eléctrica del país se genera gracias al gas natural que proviene de Camisea, lo que ha abaratado los costos de energía de las industrias y comercios, así como de los hogares peruanos.

Camisea es una historia de éxito. Ha abaratado costos y genera un 37.2% de regalías, una de las cargas fiscales más altas a nivel internacional, más impuestos especiales, entre los que se encuentra el Impuesto a la Renta del 30%. Además, los precios del gas natural en boca de pozo tienen tarifas tope para los usuarios”, dice a Desde Adentro Jorge Pérez–Taiman, asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano y uno de los abogados peruanos con mayor experiencia en temas de hidrocarburos, entre ellas haber negociado contratos de petróleo y gas en Egipto, Siria, Qatar, Pakistán, Albania, Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina.

Por ello, el anuncio de nacionalización del yacimiento de Camisea —que explota el consorcio conformado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK Energy, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach— cayó en el sector como un balde de agua fría. Pese a la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y de Iván Merino, anterior titular de la cartera de Energía y Minas (MINEM), la falta de claridad respecto a qué se quiere renegociar, no solo genera un clima poco propicio para la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, sino que, además, puede postergar uno de los retos principales del sector: masificar el uso del gas natural.

Y es que las expectativas aún no se estabilizan, incluso cuando hace algunos días sesionó por primera vez la recientemente creada Comisión Multisectorial para la renegociación del contrato del gas de Camisea, presidida por la nueva Premier, Mirtha Vásquez, y con la participación del nuevo titular del MINEM, Eduardo González.

Crisis de confianza

Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y director de investigación de la Escuela de Posgrado Gerens, explica a Desde Adentro que el principal impacto que genera una eventual nacionalización de Camisea es “una crisis de confianza”, debido a que, como plantea Janinne Delgado, gerente del sector Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), no es posible nacionalizar Camisea sin “patear el tablero”, es decir, sin vulnerar el ordenamiento jurídico.

“La nacionalización es una falacia conceptual y un imposible jurídico, porque los recursos naturales como el gas y el petróleo están nacionalizados en las primeras constituciones del Perú. Por ello, como en muchas partes del mundo, el Estado da una licencia de explotación a cambio del pago de regalías. Lo que el Gobierno quiere hacer, entendería yo, es expropiar los activos que permiten extraer el petróleo o el gas natural”, señala Vásquez.

Para que el Estado resuelva unilateralmente el contrato de licencia para expropiar las acciones o los activos del Consorcio y explotar los yacimientos necesitaría una ley aprobada por el Congreso, explica Pérez–Taiman. “De acuerdo con la Constitución, esta solo puede darse en caso de necesidad pública declarada por ley del Congreso y se le debe agregar una indemnización pagada a justiprecio que incluya la compensación por los eventuales perjuicios”, señala el experto.

Además, está el riesgo de que el Consorcio Camisea lleve al Estado peruano a un arbitraje internacional, sea por cancelar la concesión o por expropiarle los activos, cuyo costo, a decir de algunos entendidos oscilaría entre los US$ 20,000 millones y US$ 30,000 millones.

Los candados a las iniciativas nacionalistas fueron establecidos en la década de 1990, pero, sin ir más lejos, el precedente más actual es el que dejó el modelo gasífero boliviano. “Cuando se tomaron [en Bolivia] las acciones que el Gobierno quiere repetir aquí en el Perú, las empresas se quedaron, pero no se volvió a explorar, no se perforó un solo pozo exploratorio más. Bolivia, que una vez tuvo mucho más gas que nosotros y exportaba a Brasil y a Argentina, hoy tiene menos gas y muy pronto va a tener que importar”, sentencia Pérez–Taiman.

Tarifas y gas doméstico

En el caso peruano, la posibilidad de que el Gobierno nacionalice el yacimiento generaría inmediatamente una paralización de varios proyectos de inversión sectoriales. “Si no hay inversión, no se podrá aumentar el bombeo de petróleo. Así, va a ser muy complicado producir 100 mil barriles de petróleo por día para el 2023 [una meta que trazó Perupetro]. Las empresas van a parar sus presupuestos de inversión porque hay que aclarar qué va a hacer el Gobierno. Si se expropia Camisea ¿qué viene después?”, se pregunta Arturo Vásquez.

Pérez–Taiman, por su parte, advierte que una eventual nacionalización podría impactar en la exportación de líquidos de gas natural y en los precios locales de uno de sus derivados, el Gas Licuado de Petróleo (GLP). “Si la exportación de líquidos del gas natural se detiene, [se] generaría una escasez de GLP y tendríamos que importar más del extranjero”.

Para César Butrón, presidente del Directorio del COES, la nacionalización de Camisea por sí sola no tendría un efecto directo en las tarifas eléctricas, debido a que el precio del gas natural está regulado por el Estado. Ello cambiaría en dos escenarios. El primero, que al nacionalizar el gas natural, el Estado fije un precio inferior para su venta a los generadores de energía, lo que redundaría en la reducción de las tarifas eléctricas. Pero, en un segundo escenario, la operación podría perder a sus principales técnicos y se dejaría de invertir en mantenimiento.

“[Lo segundo sí] podría terminar conduciendo a una interrupción prolongada del suministro de gas natural. Las generadoras dejarían de producir y [su capacidad] se tendría que reemplazar con centrales de petróleo, provocando un incremento en los costos de producción de US$ 30 a US$ 180 por kilovatio hora. Además, ellas tendrían que comprar en el mercado a corto plazo para atender sus contratos”, afirma Butrón.

Sin embargo, advierte que este incremento de costos no se traduciría inmediatamente en alzas de precios para los clientes finales, porque los contratos regulados ya tienen un precio determinado y son de largo plazo. “En el caso de los clientes regulados, no se notaría, porque esos contratos tienen todavía varios años de vigencia. Los que sufrirían los mayores costos de producción serían los generadores, directamente, y los clientes libres”, asegura el ejecutivo.

Renegociación en perspectiva

Janinne Delgado señala que el objetivo del Gobierno de incrementar la carga fiscal de Camisea lo aleja de un objetivo más crítico y real: crear una política energética que priorice la masificación del gas natural a más regiones. “Solo 10 de las 24 regiones de nuestro país tienen el servicio de distribución de gas natural”, afirma la ejecutiva.

Arturo Vásquez, por su parte, señala que el Consorcio no es responsable de masificar el gas natural: “la masificación corre por cuenta del Estado. Por ello, su deber es apoyar a las distribuidoras para que el gas pueda llegar a más hogares con mecanismos como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) a través de nueva infraestructura, como el caso colombiano”.

Además, la falta de conocimiento técnico para el manejo de Camisea podría retrasar la masificación del gas natural. Sin asegurar la continuidad de la extracción [del gas] ni la producción futura a través de inversiones en exploración, los márgenes de ganancia se volverían aún más estrechos, debido a que la carga fiscal de hidrocarburos ya es alta en el Perú.

Al parecer, estos escenarios apuntan a evaluar detenidamente el impacto de una acción política que puede afectar la calidad de vida de todos los peruanos.

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