Jaime Reusche, vicepresidente senior de Moody‘s Investors Service, habló con Desde Adentro sobre la situación económica y social que atraviesa el Perú. Aseguró que, por el momento, la calificación de riesgo del país sigue siendo relativamente robusta, pero advirtió que el debate de cambio de Constitución si pesará sobre ella. Lamentó que no se esté aprovechando el precio internacional de los metales para promover un ciclo de inversiones mineras.
La crisis política y la conflictividad en el Perú se ha agravado en las últimas semanas, y esto está relacionado con el alza de precios de los combustibles y los alimentos. ¿Qué medidas cree que se deberían tomar para enfrentar esta situación de la economía?
Es crítico el tema de focalizar subsidios. Hay algo de espacio fiscal en el país a raíz de la consolidación e ingresos provenientes del sector minero. No obstante, el hecho de que haya espacio fiscal no implica que uno puedo utilizarlos de manera indiscriminada con subsidios no focalizados, o como estas medidas de eliminar el ISC o el IGV a ciertos productos. Lamentablemente, no se tiene un registro fehaciente que pueda ayudar a determinar dónde y cómo focalizar estos subsidios. Siempre es un reto para el Estado peruano poder movilizar todas sus herramientas cuando se trata de focalizar subsidios. Ejemplo de esto son los bonos que se dieron durante la pandemia, y se requiere de más información y datos que no se han compilado. Es un gran reto que tiene el MEF.
¿Hay margen para hacer algo más?
Si bien [eliminar el ISC o el IGV a ciertos productos] es una medida subóptima, en algo ayuda. Pero es difícil poder hacer algo más, pues hay un componente externo [la guerra en Ucrania y resurgimiento del COVID-19 en China] y es muy limitado lo que puede hacer el MEF y las autoridades económicas para mitigar esto.
Recientemente, mencionó que en el Perú estamos viendo los costos de la improvisación, por ejemplo en medidas como aumentar el sueldo mínimo o limitar la tercerización laboral. ¿Qué impacto van a tener estas medidas en el mediano plazo?
Van a tener un impacto en el potencial de formalización del empleo. Cuando se aumenta el sueldo mínimo hablamos de que se afecta a un pequeño grupo de trabajadores dentro de lo que es el empleo formal. Y pone un nuevo techo en el potencial de formalizar algunos empleados que trabajan de manera informal, ya que aumentan naturalmente los costos. Si bien es una medida que parece que es popular, tiene un impacto muy marginal en cuanto al efecto sobre la inflación y los ingresos de los trabajadores, pero sí tiene un impacto negativo en la formalización.
¿Y respecto de la tercerización?
En cuanto a la tercerización, hay tantos sobrecostos para tener gente en planilla que, en realidad, prohibirla no sólo no se traduce en contrataciones formales, sino que puede llevar a las empresas a buscar salidas por el lado informal. Esto es meterle mayor rigidez al mercado laboral, que ya de por sí es uno de los más rígidos en el mundo. El efecto de esto es la cantidad de trabajadores que se desenvuelven en la informalidad. Esta es otras de las medidas negativas en el mediano y largo plazo, cuando deberíamos estar moviéndonos hacia un equilibrio donde se busque mayor flexibilidad laboral de tal manera que se pueda absorber a más trabajadores informales [dentro de la formalidad].
¿Afectan estas medidas la calificación de riesgo?
Por el momento no, pero es por el hecho de que ya habíamos degradado la calificación el año pasado, anticipando que la calidad de las instituciones políticas iba a seguir deteriorándose y la continuidad de este desorden político que vive el país. A futuro, una de las grandes preguntas es qué tanto contagia esto a la inversión privada, si es que hay un contagio estructural o es solo cíclico. Estamos viendo que esta inestabilidad política, que ya no es solo ruido político, sin duda está pesando sobre las perspectivas de la inversión privada. Una tregua tal vez podría ayudar, pero es difícil vaticinar lo que realmente va a pasar en el terreno económico.
¿Se debilitarán nuestros indicadores de riesgo país?
Por el momento, la calificación sigue relativamente robusta, las perspectivas se mantienen estables y, en realidad, está apoyada más que nada en los fundamentos fiscales y económicos. Se tiene una economía con un gran potencial de crecimiento, que ha mejorado desde el inicio de la pandemia y que, en la región, es una de las más sólidas. Estos son los factores que apoyan la calificación. Encontrar el equilibrio entre los riesgos a la baja por el lado político y los fundamentos sólidos de la economía peruana es algo difícil, pero al momento es neutro y, por ello, la perspectiva es estable.
Los precios de los metales, sobre todo el cobre, se mantienen altos. En la década pasada esto condujo a que se desarrolle un ciclo de inversiones, sobre todo en exploración. ¿El contexto actual frena las inversiones?
Sin duda, tenemos dos grandes canales por los que se percibe mucho riesgo e incertidumbre. Uno es el canal externo: las condiciones financieras globales se están apretando un poco, están subiendo las tasas de interés en los países avanzados y esto te resta liquidez global. Pero, a nivel local, la incertidumbre política e inestabilidad frena la inversión, sobre todo la minera, porque, a despecho de las condiciones globales, en cuanto a la incertidumbre, es muy cierto que los precios de las materias primas están bastante elevados, y esto, por más que haya incertidumbre global, debería llevar a un ciclo de inversión minera en el Perú.
¿Solo las cotizaciones fundamentan que se pueda aprovechar la coyuntura para invertir más?
Vemos que hay un desequilibrio entre la oferta y demanda de metales, en el cobre principalmente. Su precio podría aumentar en los próximos meses por el hecho de que los inventarios han caído globalmente a niveles históricamente bajos. Por más que haya un cierto golpe a la demanda, los precios deberían mantenerse bastante elevados. Esto debería llevar a mucha inversión minera en el país y no sucede por la incertidumbre política. Se está generando un costo en el corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la economía del país porque el sector minero es motor importantísimo para el crecimiento.
¿Esto también tiene que ver con los anuncios de cambios en la Constitución, de modelo económico e incluso de alzas de impuestos?
Esperemos que toda esta crisis no lleve a mayor debate sobre reescribir la Constitución. Si hay necesidad de algunos cambios políticos, creo que deberían entrar en el debate, pero no reescribir la Constitución, pues esto sí generará bastante incertidumbre en el terreno económico y si pesará sobre la calificación [de riesgo]. Que se mantenga este debate es algo que genera ruido e incertidumbre. Pero es posible que se baje el tono al debate si es que vemos una transición de gobierno.
Moody’s ya ha pronosticado que es complicado que Pedro Castillo termine su gobierno el 2026. ¿Su salida es garantía de mejora?
En realidad, solo la posible salida del presidente Castillo deja una posibilidad de mejora, en el sentido en de que si se llega a un adelanto de elecciones, existe la posibilidad de un gobierno más moderado en el poder que tal vez pueda ayudar a bajar el tono a la conflictividad política. La polarización entre el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad en general no va a mejorar de manera muy marcada si es que sale el presidente Castillo. Pero, nuevamente, es algo que podría ayudar a bajar el tono a la confrontación y no resuelve los problemas de fondo. Solo daría una tregua para ver a qué consensos se pueden lograr.
¿Cómo recuperar el camino del crecimiento económico?
El reto es primordialmente político por el hecho de que se tienen muy buenos técnicos en las instituciones económicas que hasta el momento siguen resguardando la credibilidad del país y la solidez de la economía. Naturalmente, el factor de riesgo interno y de incertidumbre en el mediano plazo es la parte política. El desorden y la falta de liderazgo están generando costos que se apreciarán en el mediano plazo en cuanto a las oportunidades que se están perdiendo por no gestar este ciclo de inversión minera.
