En el marco de su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, y el superintendente de Relaciones Públicas, Guillermo Vidalón, señalaron que el acta firmada por la Comitiva de Alto Nivel del Ejecutivo, Southern Perú y representantes de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, el pasado 12 de abril, no incluye el cese inmediato de la medida de fuerza tomada por los comuneros en contra de la mina Cuajone.
Los representantes de Southern Peru precisaron que la mina ya va a cumplir dos meses de paralización. Manifestaron su inquietud frente a la falta de soluciones claras y específicas para resolver el conflicto. “A la fecha, las autoridades han dialogado. Pero no han intervenido para recuperar el orden y garantizar la seguridad de nuestros 1300 trabajadores y sus familias”, precisaron.
Agregaron que, en el acta firmada tras la reunión, se exige a la empresa retirar las denuncias contra los promotores de este sabotaje. Pero aún continúa el bloqueo de la vía férrea para el transporte de minerales e insumos. También está tomado el reservorio artificial de Viña Blanca, que abastece de agua a la operación y al campamento minero.
Sostuvieron, además, que las denuncias de la empresa han sido realizadas directamente contra dos promotores: Dionilde Flores Calisaya, presidenta de la comunidad, e Iván Mendoza, uno de los dirigentes. Trabajadores de Southern Perú también han presentado dos solicitudes de Hábeas Corpus contra este bloqueo y la falta de agua.
Apoyo
Los representantes de Southern Perú solicitaron a los congresistas, miembros de la Comisión de Energía y Minas, apoyo. Esto, con el fin de evitar el cierre de la mina y las consecuencias económicas para el país. “Si cerramos un año, el Estado dejaría de percibir más de S/3100 millones por impuestos y regalías. Se perderían 8000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso es lo que queremos evitar”, acotaron.
Como se recuerda, hace más de 50 días los miembros de comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala bloquearon la vía férrea, impidiendo así las actividades de la mina Cuajone. En consecuencia, más de 5000 personas, incluyendo trabajadores y sus familias, se ven privados del servicio regular de agua, así como su derecho al trabajo en un ambiente de inseguridad ante las acciones de los manifestantes. A ello, se suma el colapso del Hospital de Cuajone (Nivel II) y la postergación del inicio de clases presenciales en la localidad, lo cual afecta a más de 600 escolares.