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Evolución y diálogos transformadores en minería 

"La conflictividad social vinculada a la minería se viene incrementando notablemente. Eso es un indicador de que las expectativas sociales se han desbordado y que las dinámicas de escalamiento de conflictos están en aumento", dice el especialista en comunicaciones.

Enrique Kitamoto

Por Enrique Kitamoto, especialista en Comunicaciones

Kitamoto

El convenio marco recientemente suscrito por la empresa minera Minsur y el distrito de Antauta, principal área de influencia de la mina San Rafael, en la región Puno, es una buena noticia no solo para este poblado, sino también lo es para el sector minero en general. Se trata de un acuerdo sellado tras un largo proceso de negociación, en el que se incluye una serie de iniciativas en diversos ejes temáticos que impactarán positivamente en la población. 

Es de destacar en este proceso que los agentes involucrados han sabido alinear un interés común; es decir, encontrar una intersección de toda la gama de intereses que podrían aparecer tradicionalmente contrapuestos. Esto implica que cada entidad se moldee internamente y ceda posiciones en torno a un gran propósito, lo que es producto de un relacionamiento sistemático y una gestión comunicacional estratégica. 

Que la negociación haya durado dos años no es circunstancial. Ha sido el plazo para pulir premisas, compartir ideas y encontrar los denominadores comunes. Al final del día, todos queremos progresar, pero lo sustancial es entender y ponerse de acuerdo en el cómo, el cuándo, quiénes y para qué. Deponer los intereses individuales y decantar hacia el interés común. Es con esta mirada profunda cuando el diálogo se vuelve realmente constructivo.

La conflictividad social vinculada a la minería se viene incrementando notablemente. Eso es un indicador de que las expectativas sociales se han desbordado y que las dinámicas de escalamiento de conflictos están en aumento. 

Los conflictos mineros suelen estar asociados a la convivencia: colisionan cosmovisiones, modos de vida, economías. Tenemos una gran operación productiva instalada en un entorno rural donde predominan las economías de subsistencia, por lo que frente a lo que se percibe como una inmensa fuente de riqueza es previsible que los pobladores acudan a ella en búsqueda de asistencia a sus necesidades, y que quieran ser partícipes de los recursos que se generan en sus territorios.

Los discursos de institucionalidad, roles y desarrollo sostenible son poco útiles en esta dinámica social, y el trecho hacia el conflicto es muy corto. 

Es así como se han suscitado la mayoría de los conflictos alrededor de la minería en  el pasado. Y las soluciones planteadas, muchas veces, han generado efectos no deseados. Primero, los dirigentes reclaman asignaciones directas o aportes paliativos, bajo la amenaza de matar a “la gallina de los huevos de oro”. Segundo, las empresas —solitarias y acorraladas— aceptan este tipo de negociaciones. Los llamados convenios marco (versión 1.0) se establecen sobre montos o porcentajes de dinero, el “cuánto” sin importar mucho el “para qué”. Tercero, el resultado es la profundización de una dinámica perversa de subsistencia y asistencialismo, y el endurecimiento de las barreras entre los actores. Y, cuarto, más conflicto social. 

Por ello, el modelo de convenio marco firmado por Minsur aparece como una nueva forma de abordaje. Acá no prima el “cuánto” sino la visión de desarrollo y el “cómo” se alcanzará esta. 

Se trata de un documento integral, con ocho líneas de trabajo y más de 40 iniciativas y proyectos. Obviamente, compromete recursos, seguramente muchos, pero estos están determinados en función de proyectos priorizados, escalonados y cogestionados. Esto hará que los recursos se aprovechen de manera más eficiente y transparente, maximizando el impacto positivo. 

A ello se suma la asignación de compromisos al Gobierno Local y al Estado peruano, todos involucrados en una causa mayor. Se constituye así, un ecosistema de desarrollo donde, además, concurren otros actores como la Academia, los medios de comunicación y los organismos de cooperación. Y donde pierden espacio los intereses subalternos y los profesionales del conflicto.

Por cierto, hay una condición fundamental que antecede y respalda a este modelo de concertación: la legitimidad social y la reputación de la empresa, construida sobre la base de un trabajo previo y de larga data con un enfoque de sostenibilidad. Se trata de los vínculos que ha forjado con sus vecinos, de su respeto por el medio ambiente, de su comportamiento en la sociedad y en el mercado, y de sus valores, en general. 

Este modelo no necesariamente es una panacea. Probablemente, aparecerán conflictos para Minsur. El universo social es demasiado complejo y volátil, pero definitivamente es un cimiento para que los recursos de la minería se transformen en desarrollo y se logre un mayor equilibrio social..

Es necesario hacer un reconocimiento especial al pueblo de Antauta, a sus dirigentes, autoridades y organizaciones. Como señaló el representante del Ministerio de Energía y Minas durante el evento de suscripción del acuerdo: “[Antauta] ha sabido dar el ejemplo para otras regiones del país sobre cómo se debe llevar un proceso de diálogo y construir con paz social y gobernabilidad”.

Del modelo transaccional al cooperativo

Pasar de un modelo transaccional a uno cooperativo implica evolucionar en los intereses de cada una de las partes y, de esta forma, encontrar una visión común que inspire y convoque a todos. 

Ello se logra a través de procesos profundos y revulsivos de diálogo, tanto internos como interculturales. Por tanto, es un ejercicio de entendimiento y de madurez como actores y ciudadanos. En el caso de las comunidades, se trata de identificar las múltiples posibilidades que existen para encontrar bienestar, aprovechando de la mejor forma los recursos locales. 

En el caso de las empresas implica transitar de un enfoque productivista hacia uno de compromiso con la sociedad (propósito), es decir, reconocer que se puede cumplir un rol más activo como factor de desarrollo. 

El papel del Estado, en todos sus niveles, es primordial. A los gobiernos locales, ministerios, organismos públicos descentralizados y congresistas les corresponde velar por el cumplimiento de las leyes, ejecutar obras y programas, proveer servicios públicos, fiscalizar la correcta ejecución de recursos, prevenir los conflictos, administrar justicia, entre tantas otras funciones que, lamentablemente, muchas veces no se asumen a cabalidad. 

Finalmente, en un ecosistema de cooperación, otros actores también deben converger y construir sobre esta visión: la Academia, los organismos de cooperación y los medios de comunicación.