La economía peruana afronta un periodo sumamente complicado por el impacto de los conflictos sociales, el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño, lo que se ha visto reflejado en el Marco Macroeconómico multianual 2024-2027, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que indica que el crecimiento del PBI que se proyecta para el 2023 apenas alcanzará el 1.1%, tasa que no es suficiente para avanzar en la reducción de la pobreza y la generación de nuevos empleos formales.
En ese contexto, es importante impulsar decididamente al sector minero energético, uno de los motores que apalanca el crecimiento económico, en base a la mayor promoción de las inversiones privadas.
En el sector eléctrico, es importante destacar los proyectos de líneas de transmisión que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) está licitando. Recientemente, organizó la subasta de cinco proyectos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas asociadas, en dos grupos, que significarán inversiones por US$ 118 millones, y que permitirán mejorar las condiciones operativas del sistema de transmisión en las regiones de San Martín, Arequipa, Lambayeque y Piura, beneficiando a 5.5 millones de peruanos.
Además, en lo que va del 2023, ProInversión ha adjudicado 12 proyectos con una inversión estimada de US$ 1,300 millones y cuenta con una cartera de siete proyectos más que serán licitados en los próximos meses. Pero también resulta necesario desplegar esfuerzos conjuntos para cumplir con el Plan de Transmisión del sector eléctrico y, con ello, consolidar la provisión de energía en todo el país, así como el desarrollo de proyectos de generación eléctrica necesarios para una provisión eficiente de energía.
En minería, ante la falta de proyectos grandes y nuevos, hay que movilizar las inversiones de las ampliaciones de minas y una mayor actividad exploratoria. Con la aprobación de los estudios ambientales de Zafranal e Inmaculada se ha dado un paso importante, pero hace falta más. Se tienen que sumar nuevas minas y poner en valor la cartera de proyectos que anualmente publica el Ministerio de Energía y Minas.
Finalmente, en la industria hidrocarburífera, la crisis que atraviesan las actividades de exploración y explotación solo se va a resolver con políticas coherentes y de largo plazo. Es decir, promoviendo la inversión privada y la confianza en el Estado. El hecho de que se haya anunciado que quedan reservas de líquidos de gas natural en Camisea para los próximos diez años, de las que depende el 70% de la producción de GLP, debe ser un llamado a la acción para quienes diseñan las políticas energéticas.
El Gobierno necesita generar confianza entre los empresarios y para eso puede apoyarse sin resquemores en un sector que opera de manera descentralizada, que es formal, que genera empleo de calidad y que paga sus impuestos y contribuciones en beneficio de las regiones donde opera.