Por VÍCTOR GOBITZ, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
En los próximos días, el Congreso recién empezará a discutir la Ley MAPE, tema que debió ser central y prioritario, antes que extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Es penoso constatar que en nuestro país la extorsión y la violencia parecen ser más efectivas que la discusión política de ideas. La minería a través del Reinfo es precaria para la salud y la integridad de cientos de miles de trabajadores. Los mineros ilegales, en muchas ocasiones, para incursionar en concesiones otorgadas por el propio Estado a terceros se valen de actos criminales con exención penal. Además, esta actividad se realiza sin ninguna fiscalización ambiental, laboral o tributaria. Se requiere de un análisis más profundo para indagar acerca del elefante en la habitación: quién financió las asonadas, quién minimiza sus riesgos y responsabilidades, y obtiene el mayor lucro de esta situación ilegal e irregular.
Seamos claros: no podría haber mineros en procesos de formalización si no hubieran proliferado las plantas de procesamiento de mineral, todas ubicadas en zonas costeras y autodeclaradas de pequeña dimensión. Todas han obtenido permisos de construcción y operación a través de los gobiernos regionales y, por tanto, están fuera del ámbito de fiscalización del Osinergmin y el OEFA.
Son las mismas que, en el ámbito judicial, litigan entre sí por la captación de sus clientes, los mineros con Reinfo, y son las mismas que promovieron el acceso a concesiones de terceros con violencia criminal y muerte, como sucedió en Pataz y Secocha. Esos son los elefantes en la habitación y su negocio consiste en comprar, sin preguntar, los minerales auríferos, y recientemente también cupríferos, que les proporcionan los mineros con Reinfo.
La actividad minera formal es una actividad integrada: la exploración, el minado, el procesamiento y la comercialización requieren de estudios técnicos que aseguren una extracción de mineral económica, preserven la seguridad de los trabajadores (expuestos a caída de rocas y/o gases tóxicos), minimicen el impacto en los cuerpos de agua (ello supone un plan de gestión integral de aguas de contacto y no contacto), armonicen su desarrollo con el entorno social y, finalmente, optimicen su rentabilidad, adoptando tecnologías que minimicen costos y maximicen la recuperación del yacimiento.
La industria minera formal cuenta con planes de largo plazo que garantizan su sostenibilidad, mediante el respeto irrestricto a la normatividad vigente y con un impacto social y económico muy significativo para todo el país. La prospección geológica primigenia, y la obtención de permisos ambientales para explorar y luego construir tardan más de una década; finalmente, la minería opera durante muchas décadas más.
Es una falacia pensar que la minería informal aurífera y cuprífera pueda implementar una exploración sistemática, desarrollar la mina con sistemas de ventilación y accesos seguros, y dotar a los trabajadores de condiciones de trabajo dignas. Ojalá estos conceptos sean considerados en la próxima discusión de la Ley MAPE, porque nuestras futuras generaciones merecen tener acceso a empleos de calidad y no precarios.
Fuente: El Comercio.