Durante la reciente edición del Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el director de Videnza Instituto y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, resaltó que la red de acuerdos comerciales que el Perú ha concretado en las últimas décadas representa una fortaleza para el país frente a la amenaza de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos al cobre peruano.
Castilla señaló que, si bien aún no se ha definido oficialmente si el cobre será incluido en la nueva política arancelaria estadounidense es fundamental reconocer que el país cuenta con una canasta exportadora diversificada, resultado de una estrategia de apertura comercial sostenida durante más de 20 años.
“Felizmente tenemos la fortuna, y acá un reconocimiento a una política de Estado que empezó hace más de dos décadas, de abrirnos y de tejer una red de acuerdos comerciales que nos permite tener una canasta bastante diversificada. Eso no lo tienen muchos países. Quizá Chile, y nosotros seamos los dos países, al menos en Sudamérica, que tienen esa red”, afirmó el economista en el evento del IIMP.
En su intervención, también recalcó que el impacto de estos aranceles, de llegar a implementarse, sería diferenciado, dependiendo del tipo de mineral exportado y el destino. A pesar de que buena parte del cobre peruano se dirige a otros mercados, principalmente China, los aranceles impuestos por Estados Unidos afectaría la competitividad de ciertos productos, como ya ocurre con sectores agrícolas como la palta, frente a competidores como México. “No hay que soslayar que un impuesto de 10% hace perder competitividad”, advirtió Castilla.
Además, cuestionó los argumentos esgrimidos por las autoridades estadounidenses relacionados con una supuesta discriminación y piratería. “Se invoca una “ley de emergencia económica” para desconocer acuerdos internacionales. Eso es un precedente malo para el país”, apuntó.
Lucha contra la minería ilegal
Por su parte, Carlos Gallardo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en la necesidad de ver este contexto como una oportunidad para fortalecer la competitividad desde adentro, trabajando para combatir la minería ilegal y la inseguridad.
En ese sentido, alertó que, de mantenerse los precios altos del oro, el país podría exportar más de 100 toneladas de oro ilegal este año, con un valor superior a los US$ 12 mil millones, una cifra alarmante que refleja el crecimiento de esta actividad al margen de la ley. Además, del riesgo de la minería ilegal en la producción de cobre. “Es un riesgo latente. Y el desafío ante este nuevo orden global es cómo nos vamos a preparar para enfrentar estos riesgo”, concluyó Gallardo.