El Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas (CDIH DDHH), órgano académico del Ministerio de Defensa, realizó una jornada denominada Capacitación Especializada sobre el Empleo y Uso de la Fuerza en aplicación del Decreto Legislativo N° 1095 y su Reglamento, dirigido al personal militar.
Dicha actividad, realizada de forma virtual el 8 de mayo, se realizó en el marco del Decreto Supremo N° 060-2025-PCM, que prorroga por 30 días calendario el Estado de Emergencia en Pataz, a solicitud del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La jornada fue inaugurada por el director del CDIH, Coronel FAP Nolberto Puente Alfaro, quien saludó y dio la bienvenida a los participantes, resaltando la importancia de que el personal militar esté capacitándose continuamente acerca del correcto accionar conforme al marco normativo nacional vigente en materia de uso de la fuerza.
Posteriormente iniciaron las ponencias a cargo de profesionales docentes especializados en estos temas, como son el Coronel EP (r) Carlos Solís Agurto, quien trató lo relacionado a las regulaciones para el empleo y uso de la fuerza; el Capitán de Navío (r) Víctor Gonzáles quien estuvo a cargo del tema sobre la aplicación del Título II del Decreto Legislativo 1095 y su Reglamento; la Teniente Coronel EP María de los Ángeles Agüero Yep, quien habló acerca de la labor del Asesor Jurídico Operacional.
Mediante el presente evento académico, el Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, reafirmó su compromiso con la difusión de las normas y disposiciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al personal militar.
Asimismo, el Gobierno y el Ministerio de Defensa reafirman su firme compromiso con la formación continua del personal militar desplegado en zonas estratégicas como Pataz, donde se vienen realizando importantes esfuerzos para combatir la minería ilegal y el crimen organizado.
Estas acciones reflejan la voluntad del Estado de asegurar que las operaciones se desarrollen con pleno respeto al marco legal vigente, garantizando una intervención profesional, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales.