El Congreso ya inició el debate de la Ley que regulará la minería artesanal y pequeña (MAPE). La discusión busca establecer un nuevo régimen para este segmento del sector minero, pero también ha encendido las alertas. Para Carlos Gálvez, exdirectivo de Compañía de Minas Buenaventura, algunas de las propuestas por discutir podrían abrir la puerta a que el Estado facilite la comercialización del oro informal, desdibujando los límites entre legalidad e ilegalidad.
“Lo primero es que los productores auríferos formales tienen su camino expedito para comercializar el oro. No necesitan que nadie específico del Estado salga a comprárselo. Si no es legal, entonces no deberían comprárselo. El Estado no puede convertirse en comprador de oro ilegal”, advierte Gálvez.
Sus declaraciones surgen en un contexto donde algunos gremios del sector informal han solicitado que el Banco de la Nación facilite mecanismos financieros para la comercialización de oro, en respuesta a las restricciones que enfrentan en la banca privada. Aunque el pedido inicial era más ambicioso, Gálvez advierte que el riesgo de institucionalizar prácticas ilegales aún persiste.
El avance de la minería ilegal
Gálvez va más allá y pone como ejemplo lo que ocurre en zonas como Pataz, donde “estamos hablando de producción de oro en concesiones ajenas, porque de eso hablamos cuando nos referimos al oro que proviene de Pataz. ¿De dónde lo están sacando? De las concesiones de Poderosa”. Por eso lanza una advertencia directa: “Si yo compro un material robado, ¿qué soy? Soy un reducidor. Eso es. El que compra material robado es un reducidor. ¿Lo que queremos es formalizar al reducidor o traer al Estado a ese rol? El Estado no puede convertirse en comprador de oro ilegal”.
En medio de esta discusión legislativa, el conflicto en Pataz sigue siendo un ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde el control sobre el territorio. Señala Gálvez: “En la zona de Poderosa hay fácilmente unas 420 o 450 bocaminas que no son formales, sino todas hechas por estos mineros ilegales que se han ido metiendo como si fuera una ratonera”.
Por eso, cuestiona medidas como la suspensión temporal de actividades mineras formales, acordada por el Ejecutivo tras los últimos hechos de violencia. “A la hora que se paralizan las actividades —y si se paralizan para la empresa formal—, lo único que se está haciendo es dejar el terreno libre para que los ilegales se metan. Y una vez adentro, no hay forma de sacarlos”.