Desde el Colectivo PAS – País Seguro, una organización que surge como respuesta a la inseguridad ciudadana producto de actividades ilícitas en el Perú como la minería ilegal, instamos a los Poderes del Estado a mantener la búsqueda de una solución real para la minería artesanal y pequeña minería, y no tomar decisiones apresuradas ni bajo ningún tipo de presión, como los bloqueos de carreteras y protestas, que terminan, incluso en el corto plazo, agravando los problemas institucionales, ambientales, de seguridad y contra el patrimonio que ya aquejan al país.
En el caso del Legislativo, advertimos el peligro de buscar una aprobación de la Ley MAPE sin un debate técnico y sin tener en cuenta las diferentes voces -que desde distintas posturas- han señalado que el pre-dictamen planteado, lejos de ofrecer una solución real para la minería artesanal, continúa facilitando el crecimiento de la minería ilegal y sus delitos conexos.
El propio Tribunal Constitucional ha advertido que ya no debería existir un mecanismo permanente de formalización y que fomente la impunidad, como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que ha sido utilizado de manera perversa por mineros ilegales y que tampoco se debe eximir a los inscritos en dicho mecanismo de la responsabilidad penal, como hasta ahora sucede.
En el caso del Ejecutivo, exhortamos a continuar con la depuración del REINFO y mantenerse firme, tanto en el cierre definitivo de este mecanismo -que no ha cumplido con su objetivo-, como también en la decisión de trabajar con aquellos que realmente tienen la intención de formalizarse.
Estamos en un momento de inflexión, en el cual debemos preguntarnos qué tipo de país queremos; y, sobre todo, trabajar por la seguridad y el respeto de los derechos de todos los peruanos.