La minería ilegal de oro en el Perú ha alcanzado un nivel crítico que pone en riesgo tanto la economía formal como la sostenibilidad de la industria. En el centro de este escenario aparecen las plantas procesadoras de minerales que brindan servicios a terceros o cuentan con una pequeña concesión en proceso de formalización, lo que los hace actores claves para garantizar la trazabilidad, pero que hoy operan bajo un marco normativo débil que facilita la inserción del oro ilegal en algunos circuitos formales. Según los datos del registro de plantas autorizadas para el beneficio de minerales del Ministerio de Energía y Minas, hoy operan 50 plantas de beneficio para la minería artesanal (hasta diciembre del 2023) y 124 para la pequeña minería (hasta mayo del 2025). De otro lado, en el Registro Integral de Formalización (REINFO) vigente, hay a la fecha 2,328 plantas de beneficio. Antes de la depuración realizada (en agosto del 2025), había 8,350 registros que indicaban esta actividad de beneficio, entre vigentes y suspendidos.
Trazabilidad
Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), uno de los principales desafíos está en la ausencia de un sistema sólido de trazabilidad que permita identificar el origen del mineral. “En un estudio que realizamos en el 2023, estimamos que casi la mitad del oro ilegal que se produce en toda Sudamérica tiene origen peruano. Y en el caso de la producción ilegal de oro en el Perú, este año estimamos que va a alcanzar por primera vez a lo producido legalmente”, explicó Stephani Maita, economista sénior del IPE.
Las plantas procesadoras de oro operan con una trazabilidad mínima, que se limita a cumplir requisitos formales, sin garantizar el origen legal del mineral, dice el analista político Iván Arenas, director de la consultora Diálogo Social. “La mayoría de plantas lo que hace es comprar el oro a terceros, se fijan si el productor tiene Reinfo, su ficha, su RUC al día, y esa es, básicamente, la única trazabilidad que ellos tienen. Entonces, pueden decir: ‘yo le compro a tal minero con documentos’, pero eso no garantiza nada sobre el origen del mineral. Puede ser oro ilegal, pero como hay un documento que lo respalda, se convierte en oro legal para la planta”, añade.
Para Henry Luna, exviceministro de Minas, la falta de trazabilidad del oro en el Perú ha impulsado la proliferación de plantas procesadoras sin un control claro sobre el origen del mineral: “Al no tener el origen del mineral, estamos viendo que se está incrementando el número de plantas procesadoras de empresas que no tienen minas ni operaciones propias. Lo que hacen es ubicarse en zonas donde predomina la minería artesanal, atraer la producción y procesarla. Muchas de estas plantas no existían en el mercado hace cinco años, pero ahora ya hay dos que están entre las diez principales productoras de oro del país”.
Debilidad normativa
El problema es doble. Por un lado, el oro sin registro logra insertarse en algunos canales formales de exportación; por otro, el Estado carece de herramientas para controlarlo. Según Maita, del IPE: “Un poco más de 100 toneladas de origen ilegal se estarían exportando por vías formales hacia distintos destinos en el exterior. Esto sucede porque hay plantas de procesamiento que acopian oro de distintos lugares del país y, bajo el amparo del Reinfo, logran lavar, entre comillas, el oro de origen ilegal”.
Actualmente, existe un Registro Especial de Comercializadoras y Procesadoras de Oro (RECPO), pero su alcance es limitado. “En teoría debería servir para conocer el origen del oro que se compra o vende en el país, pero en la práctica no funciona así. El formulario solo pide algunos datos de la empresa y no solicita, por ejemplo, la capacidad de procesamiento ni el origen del oro que se compra. Una procesadora puede adquirir oro de cualquier minero registrado en el Reinfo, incluso si está suspendido, y con eso se da por cumplido el trámite”, señaló Maita.
“No hay un reglamento para la comercialización de oro”, coincide Arenas, quien advierte además que esta práctica se ve favorecida por la debilidad normativa. “Si bien existe el Reinfo, las plantas no tienen un sistema de certificación de producción. Cumplen lo que pide la Ley, pero eso no es suficiente. La Ley tiene que fortalecerse para evitar que compren producción ilegal y sean parte de la cadena”, agrega.
Según Henry Luna, este fenómeno tiene consecuencias directas sobre la formalidad: “El inconveniente es que ese oro puede provenir de minas invadidas por ilegales, que bajo la modalidad de un Reinfo o de una declaración de compromiso, extraen el mineral para procesarlo en plantas de terceros”.
Reinfo: encubrimiento legal
Así, el Reinfo ha funcionado como un mecanismo de encubrimiento, plantea Arenas. “El Reinfo es para productores en vías de formalización, pero siempre van a ser informales. Sin embargo, el Reinfo legaliza, en el sentido de que les permite pasar su producción. Así, la producción de oro se camufla. Hoy existen 31,500 Reinfo vigentes que son, en la práctica, una carta blanca para que la minería informal camufle minería ilegal. Ese oro llega a las chancadoras y plantas, y allí se certifica como legal, aunque el origen no interese”, comenta.
El problema se complejiza por la legitimidad social que suele rodear a estas actividades ilegales, debido a que no se miran los graves impactos que genera. “Para las comunidades, es una fuente de trabajo directo e indirecto. A nivel macro, hay una percepción negativa, pero en los territorios en los que se practica la gente solo la relaciona con empleo”, sentencia.
Oro desconocido
El IPE estima que más del 40% del oro que sale del Perú por canales formales no tiene un origen conocido en los registros del Ministerio de Energía y Minas. “A diferencia de la gran y mediana minería, donde sí hay reportes de producción oficiales, en el oro esta brecha refleja la magnitud de la minería ilegal que logra insertarse en las estadísticas de exportación”, puntualizó Maita.
El fenómeno se ha intensificado en los últimos cinco años, “favorecido por el precio cada vez más alto del oro y la facilidad para registrarse en el RECPO, el número de nuevas plantas de procesamiento prácticamente se ha triplicado. Ya no podemos hablar de minería artesanal o de pequeña escala, porque en muchos casos estas operaciones mueven cantidades importantes de mineral y de dinero”, advirtió la experta.
Luna comenta que, si bien las plantas modernas con tecnología de punta podrían convertirse en aliados de la formalización, la realidad es distinta. “De alguna manera, estas plantas deberían ayudar a formalizar a sus socios y compartir responsabilidades sociales y ambientales. Sin embargo, lo que observamos es que gran parte del oro fuga hacia el exterior, principalmente desde Puno —en la zona de Ananea, el centro minero artesanal más grande del país—, así como desde Madre de Dios y Piura. En Madre de Dios, por ejemplo, la ausencia de autorizaciones para operaciones formales en los ríos es aprovechada por dragas ilegales que operan en la clandestinidad y trasladan el mineral incluso hacia Brasil y Colombia”, indica.
Estrategia ausente
Frente a esta problemática, se han ensayado algunos pilotos para una solución tecnológica, como la georreferenciación de camiones o sistemas de rastreo, pero aún no hay una estrategia nacional unificada. “La falta de trazabilidad facilita el blanqueamiento de operaciones ilegales y la infiltración hacia canales formales de compra y venta. A esto se suman problemas de contrabando en las fronteras, sobre todo con Bolivia, donde los controles son débiles”, indicó la economista del IPE.
En ese sentido, consideran que la trazabilidad debe ser parte de un enfoque más amplio. “Se requiere también cooperación internacional y una formalización más clara y con plazos definidos, que deje de lado a quienes usan el Reinfo como carta blanca para limpiar sus operaciones”, subraya Maita.
Arenas, por su parte, destaca la propuesta de la nueva Ley MAPE, que plantea un sistema de trazabilidad interinstitucional: “La idea es que participen el MINEM, el Ministerio del Ambiente, Sunat, Reniec, entre otras entidades, y que se pueda hacer la trazabilidad en tiempo real. Me parece positivo, porque por primera vez se busca colocar a todas las instituciones involucradas en un sistema. La clave está en cómo va a operar: si será un software, un registro o una plataforma integrada”.
Para Maita falta también liderazgo político: “Hasta el momento nadie se ha querido comprar el pleito con relación al Reinfo o a una estrategia integral de lucha contra la minería ilegal, por el costo político que implica, sobre todo de cara a las elecciones. Sin un combate integral, la minería ilegal seguirá avanzando y poniendo en jaque al sector formal”.
Proyecciones
Los riesgos para el sector formal y sus concesiones son evidentes, advierte Arenas: “Con el nivel actual de precios internacionales, hay una ambición creciente de los grupos ilegales e informales para tomar más concesiones. Eso significa más conflictos sociales, como los que ya vemos en Pataz, Cajamarca, Piura, Arequipa o Puno. La pugna por concesiones se intensificará mientras no exista un marco de trazabilidad sólido”.
En cuanto a la reputación internacional del Perú, Arenas señala un vacío: “El mercado asiático y el mercado indio, que son los principales destinos del oro peruano, no exigen requisitos de sostenibilidad. Entonces el Perú vende lo que tiene, sin necesidad de cumplir estándares. Es distinto en el caso de Estados Unidos, donde algunas joyerías y asociaciones certifican la procedencia del oro e incluso trabajan con productores en Puno o en Ananea bajo esquemas más estrictos. Pero como regla general, mientras el mercado no te lo pida, va a ser difícil que se produzca una adecuación”.
A futuro, existen oportunidades de alinear la trazabilidad con estándares internacionales, concluye Luna: “El Gobierno, a través del proyecto planetGOLD con Naciones Unidas, está buscando financiamiento para desarrollar investigaciones y mecanismos de trazabilidad. Es un proyecto todavía pendiente de ejecución, pero con potencial para apoyar al sector si logra implementarse con respaldo técnico y financiero”.