En una firme manifestación de defensa territorial, los representantes de los pueblos wampís y awajún exigieron al Estado peruano acciones urgentes y sostenidas para enfrentar el incremento de la minería ilegal en la región Amazonas, especialmente en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón.
La demanda fue expresada durante la Tercera Mesa de Trabajo Multisectorial “Minería y economías ilegales: impactos en los pueblos indígenas del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún”, realizada el viernes 7 de noviembre y organizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que es presidida por la congresista Silvana Robles.
Durante la jornada, la parlamentaria advirtió sobre la expansión acelerada de la minería ilegal y sus impactos sociales y ambientales. “La situación es crítica. No podemos permitir que esta mesa sea una más. Cada sector debe asumir compromisos concretos con plazos y presupuestos definidos. El Estado tiene una deuda histórica con nuestros pueblos originarios”, enfatizó Robles, subrayando la necesidad de una articulación multisectorial que priorice la atención en las zonas de mayor afectación.
Voces desde Amazonas
Los líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) expresaron su preocupación por la presencia de redes delictivas vinculadas a la minería ilegal, que se expanden a lo largo de los principales ríos amazónicos. Señalaron que la actividad ilícita no solo contamina con mercurio los ecosistemas acuáticos, sino que también impulsa delitos conexos como el tráfico de armas, la trata de personas y el contrabando de combustible.
El pamuk Gil Inoach Shawit, máxima autoridad del GTANW, hizo un llamado directo a las instituciones del Estado para intervenir con urgencia y brindar apoyo logístico y técnico a las comunidades que resisten el avance del crimen organizado. “En nuestro territorio del río Santiago, los mineros ilegales han traído armas y violencia. Enseñan a los jóvenes a perder el respeto por la vida. Nosotros mismos hemos organizado grupos de control territorial, pero no contamos con los recursos necesarios. Pedimos intervención y acompañamiento permanente, no acciones temporales”, afirmó.
El líder indígena relató un hecho ocurrido el 28 de septiembre del 2025 en la comunidad nativa de Fortaleza, donde un operativo contra mineros ilegales derivó en un enfrentamiento armado que dejó efectivos policiales heridos. “Ellos no respetan la autoridad. Destruyen los equipos incautados y al día siguiente continúan con sus actividades. Contaminan los ríos con mercurio y ponen en riesgo la salud de las comunidades”, advirtió Inoach Shawit, quien reiteró que la minería formal o informal resulta igualmente perjudicial cuando invade los territorios indígenas sin consulta ni consentimiento.
Por su parte, los representantes del Gobierno Territorial Autónomo Awajún denunciaron que existen más de 50 dragas operando en los ríos Tambo, Cenepa, Santiago y Alto Marañón, y demandaron que las intervenciones estatales sean continuas y sostenidas. “Las dragas están en puntos críticos y la contaminación se extiende rápidamente. La ausencia de control está destruyendo nuestros ríos y nuestras formas de vida”, precisaron.
La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), representada por Manuel Segkam Espejo, también alertó sobre la pérdida de soberanía territorial y el abandono estatal en zonas estratégicas como Santa María de Nieva, donde el crimen organizado opera con libertad.
Desde otras instancias
En respuesta, Rodolfo García Esquerre, alto Comisionado contra la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó que la minería ilegal genera alrededor de US$ 7,000 millones anuales, y que durante el 2024 se ejecutaron más de 745 operativos exitosos. Sin embargo, reconoció que los esfuerzos actuales son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Explicó que la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal contempla 68 actividades específicas orientadas a la interdicción, control de insumos, gestión del conocimiento y recuperación ambiental, y que su presupuesto aumentará de S/ 70 millones a S/ 178 millones hacia el 2026, una vez aprobada la Ley de Presupuesto.
A su turno, los representantes de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB) advirtieron sobre el déficit de personal, logística y financiamiento para sostener las acciones de interdicción, solicitando al Congreso que priorice la asignación de recursos. En la misma línea, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) informó que el Pliego Presupuestal del 2026 no contempla fondos para sus operaciones, lo cual limita su capacidad de respuesta ante los delitos ambientales y la minería ilegal.
El Gobierno Regional de Amazonas, por su parte, a través de su Dirección Regional de Energía y Minas, reportó la existencia de 14 registros de formalización minera (Reinfo) en el departamento y solicitó apoyo para implementar una Unidad de Control Fluvial (UCF) en Condorcanqui, en coordinación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Sexta Brigada de Selva, con el fin de controlar el tránsito de maquinaria y combustibles utilizados en la minería ilegal.
Al cierre del encuentro, la congresista Robles anunció que solicitará a la PCM la creación de una Mesa Multisectorial permanente que articule acciones en los territorios indígenas de Amazonas y Loreto. “Hago mío el pedido de los pueblos Wampís y Awajún. Solicitaré informes detallados sobre la asignación presupuestal destinada a la lucha contra la minería ilegal. El presupuesto nacional debe reflejar las necesidades reales de los sectores involucrados, en especial del Ministerio Público, que cumple un rol fundamental en esta tarea”, aseveró.
Robles subrayó la necesidad de una coordinación efectiva entre las instituciones para garantizar la continuidad de las intervenciones y el seguimiento de los compromisos asumidos.