¿Cómo evalúa el desempeño del sector minero peruano durante el 2025 y cuáles fueron los factores —operativos, regulatorios o de mercado— que más influyeron en sus resultados?
Durante el 2025, el sector minero peruano mostró un desempeño moderadamente positivo. Entre enero y octubre, la producción minera creció 2.9%, según estimación del IPE a partir de cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), impulsada principalmente por mayores volúmenes de cobre y zinc.
La producción de cobre aumentó 2.9%, explicada en gran medida por el mejor desempeño de Las Bambas, asociado al inicio de operaciones del Tajo Chalcobamba y a las ampliaciones en Ferrobamba. Esto permitió compensar la menor producción registrada en otras grandes minas, como Cerro Verde, Antamina y Toquepala, debido a la caída en las leyes del mineral. En el caso del zinc, la producción creció 18.8%, impulsada principalmente por Antamina.
En contraste, la producción de oro, según lo reportado al MINEM, mostró un crecimiento marginal de apenas 0.3% a octubre. Si bien Yanacocha incrementó su producción en 59%, este avance fue compensado por menores volúmenes en Poderosa, Retamas y Horizonte, afectados por la paralización de actividades en Pataz durante mayo, en un contexto de mayor criminalidad asociada a la minería ilegal.
También se registraron aumentos en la producción de plata (8.8%), plomo (7.2%) y estaño (5.7%), mientras que el molibdeno (-8.4%) y el hierro (-14.6%) mostraron caídas.
En conjunto, el desempeño del sector en el 2025 se vio favorecido por las nuevas operaciones y ampliaciones relevantes, pero limitado por factores como la caída en las leyes del cobre y por el impacto de la expansión de la minería ilegal.
¿Qué proyectos, hitos o avances destacaría como los más relevantes del 2025, tanto en ampliaciones, nuevas operaciones como en mejoras tecnológicas o ambientales dentro del sector?
Uno de los principales hitos del 2025 fue la expansión de las operaciones de Las Bambas, que tuvo un impacto significativo en el crecimiento de la producción de cobre. Asimismo, hacia fines del año se preveía el inicio de operaciones del proyecto San Gabriel, cuyo impacto en la producción de oro se concentrará en el 2026.
En paralelo, se registraron avances importantes en proyectos en fase de inversión, como la construcción de Tía María —que recibió su última autorización de operaciones en noviembre—, Zafranal y la aprobación de la modificación del estudio de impacto ambiental para la ampliación de Shougang.
En el ámbito ambiental, destacan también los esfuerzos de Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) por reducir los plazos de evaluación de los estudios ambientales, lo que constituye una señal positiva para la agilización de las inversiones.
¿Cómo se proyecta la producción minera para el 2026 en un contexto de precios al alza, mayores exigencias ambientales y la evolución de la demanda global por minerales críticos?
Para el 2026, la producción minera enfrentará un escenario mixto. Por un lado, se espera que las leyes de las principales minas de cobre se mantengan relativamente bajas, lo que limitaría el crecimiento de la producción, particularmente en operaciones maduras. Por otro lado, el contexto internacional de precios elevados —con perspectivas al alza para el cobre y el oro— debería seguir incentivando la inversión y el desarrollo de proyectos, en un contexto de creciente demanda global por minerales críticos asociados a la transición energética.
No obstante, este escenario estará condicionado por factores internos, como el ruido político asociado al proceso electoral, así como por conflictos sociales latentes, que exigirán una mayor capacidad de gestión por parte de las empresas y del Estado.
De cara al 2026, ¿cuáles considera que serán los principales desafíos para la minería peruana en términos de conflictividad social, competitividad regulatoria y atracción de inversiones?
Uno de los principales desafíos para la minería peruana en el 2026 será la expansión de la minería ilegal, que no solo representa un riesgo directo para la producción de minas en operación, sino que también obstaculiza la ejecución de proyectos en cartera. Este fenómeno ha intensificado los problemas de inseguridad y criminalidad, elevando las tensiones con las comunidades y deteriorando el entorno para la inversión.
A ello se suma la persistencia de problemas burocráticos, con procedimientos administrativos complejos y plazos inciertos que afectan la competitividad regulatoria del país frente a otros destinos mineros.
Finalmente, la conflictividad social seguirá siendo un riesgo latente, especialmente en un contexto de incertidumbre política por las elecciones y de fragilidad institucional.