El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que la reciente aprobación del Plan de Participación Ciudadana para la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) de la unidad minera Pallancata constituye una señal positiva para el sector y para las comunidades de Ayacucho.
“Si bien no es una autorización definitiva, este paso marca el inicio formal de un proceso transparente y dialogado. Decisiones técnicas como esta envían un mensaje de predictibilidad regulatoria que el país necesita con urgencia”, señaló Ortiz en su última columna del Semáforo Minero.
Destacó que la ampliación planteada por Compañía Minera Ares, subsidiaria de Hochschild Mining, permitiría prolongar la vida útil de la operación por nueve años, garantizando continuidad de empleo y dinamismo económico local, bajo estándares ambientales cada vez más exigentes. “La minería moderna está preparada para cumplir con esos niveles de rigurosidad”, añadió.
Uso del canon y minería ilegal
En otro frente, Ortiz se refirió al debate generado por la propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para permitir que gobiernos regionales y locales destinen hasta el 10% del canon minero a infraestructura turística. Si bien reconoció el potencial del turismo, advirtió que cualquier reasignación debe realizarse con “máxima rigurosidad” para no desviar recursos creados para cerrar brechas esenciales en salud, educación, saneamiento e infraestructura básica.
Sin embargo, la mayor alerta —precisó— proviene del avance del oro ilegal. “Que el Perú concentre el 44% de los envíos irregulares del mundo revela la magnitud de la economía criminal que estamos enfrentando. Si esta tendencia continúa, los envíos de oro ilegal podrían alcanzar los US$12 mil millones en 2025, equivalentes a las exportaciones formales”, advirtió.
Excesiva tramitología
El vicepresidente del IIMP también alertó sobre el estancamiento de los proyectos de cobre, pese a su importancia estratégica global en la transición energética. A su juicio, la tramitología excesiva, los conflictos mal gestionados y la falta de consensos están frenando inversiones que otros países sí están captando. “El Perú no puede seguir cediendo terreno en un mercado donde la oportunidad es hoy”, afirmó.
Ortiz sostuvo que el país debe avanzar en tres frentes prioritarios: fortalecer la institucionalidad ambiental y social, combatir la minería ilegal con inteligencia financiera y control territorial, y reactivar la inversión en cobre bajo reglas claras y estabilidad regulatoria. “Sin estas condiciones, seguiremos atrapados en un ciclo de oportunidades perdidas”, indicó.