La reciente designación de Mayra Figueroa abre una oportunidad para reforzar la conducción del sector minero en un contexto especialmente desafiante para el país, marcado por el avance de la minería ilegal y la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Así lo señaló Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en su más reciente columna del Semáforo Minero.
El ejecutivo destacó la importancia de impulsar medidas integrales que permitan enfrentar esta problemática con una visión de largo plazo, donde la trazabilidad del mineral sea una de las aristas esenciales.
Según indicó, la magnitud del problema exige ir más allá. “La lucha contra la minería ilegal no puede limitarse a acciones aisladas de interdicción. Requiere fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad del mineral, cerrar los espacios que permiten el procesamiento ilegal y avanzar en procesos efectivos de formalización para los pequeños productores que sí desean operar dentro de la ley”, refirió.
Ortiz remarcó que el fortalecimiento de la trazabilidad permitirá un mejor control de la cadena productiva minera, desde la extracción hasta la comercialización, contribuyendo a cerrar brechas que hoy facilitan la operación de actividades ilícitas.
Asimismo, subrayó que la minería formal debe ser un eje central en la solución. “Se trata de una actividad que genera empleo formal, impulsa cadenas productivas, aporta recursos fiscales y contribuye al desarrollo de las regiones cuando se desarrolla con estándares ambientales y sociales adecuados”, anotó.
Liderazgo y acción conjunta
El representante del IIMP también puso énfasis en que el contexto actual demanda liderazgo y coordinación entre las distintas entidades del Estado, así como decisiones firmes que permitan fortalecer la presencia institucional en los territorios donde la minería ilegal ha ganado espacio.
“El reto para las autoridades es grande. Pero también es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad minera y enfrentar con decisión una de las principales economías ilícitas del país”, concluyó.
Fuente: IIMP.