La decisión del Ministerio de Trabajo (MTPE) de eliminar parcialmente la tercerización laboral generará un impacto sumamente negativo en el proceso de reactivación económica. Además, les restará competitividad a todos los sectores productivos y solo traerá consigo la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Así lo señalaron Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Jorge Toyama, abogado laboralista, socio en Vinatea & Toyoma y Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Todo ello durante su participación en el VII Encuentro “Camino al Simposium” denominado “Perspectivas de Reactivación y Tercerización en el Perú”, que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Diagnóstico
Macera manifestó que todavía tenemos una recuperación muy precaria del mercado laboral total y que las remuneraciones son bajas. Por ello, dijo, hay un incremento significativo del empleo informal. “El Decreto Supremo N° 001-2022-TR que prohíbe la tercerización en actividades ‘nucleares’ constituye un grave riesgo que impedirá la creación de empleos”, citó.
En esa línea, comentó que esta norma afectaría, solo en el sector minero, a las 2,069 empresas contratistas que registra el MINEM. También, una parte muy significativa de los 171 mil empleos que genera la minería a través de estas compañías se perderían.
“Lo lamentable es que como país no hemos podido aprovechar el contexto buenos precios de los metales para tener un nuevo ciclo de inversiones mineras. Ahora, con este Decreto Supremo se atenta contra la competitividad. Las perspectivas de inversiones futuras se verán afectadas, así como los márgenes, los tributos y transferencias del canon”, puntualizó.
Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama, expresó que la norma que prohíbe que se tercerice las actividades “nucleares” es una de las más cuestionadas en la historia del Perú. “Es anticonstitucional y una medida similar en México provocó la pérdida de más de un millón de empleos”.
Al respecto, precisó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) valida el mecanismo de tercerización laboral y que al limitarla se atenta contra el empleo formal y las microempresas que se verán obligadas a cerrar.
“Es un absurdo. No se pueda tercerizar actividades especializadas. El Gobierno afirma que hay abuso e injusticia con el mecanismo de tercerización, pero esto se puede cambiar con mayor fiscalización y no dando normas antitécnicas que solo provocarán desempleo”, indicó.
Consecuencias
Durante el foro que forma parte de las actividades del 14 Simposium Internacional del Oro, Cobre y Plata, Toyama advirtió que el propio Estado peruano se está perjudicando por la limitación de la tercerización laboral, pues hay inversionistas que se van a ir del país ante esta medida. Además, dijo, esto significa un cambio en las reglas de juego y que incluso ha sido calificada como peligrosa por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. «Las principales afectadas por esta normativa, según la data, son las microempresas. Esta es la norma más cuestionada en la historia del Perú, es anacrónica», dijo.
A su vez, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, sostuvo que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR daña a toda la industria peruana en momentos en que en el Perú no hay trabajo y que más bien las autoridades se deberían esforzar en crear condiciones que permitan la generación de empleo formal.
Este tema -anotó- tiene que ser analizado en el Consejo Nacional del Trabajo, en el que participa el Estado, los trabajadores y los empresarios. Así, determinar de manera técnica a qué actividades se afecta. Señaló, además, que no se ha hecho un estudio sobre cuánto le va a costar al Estado y al sector privado implementar esta norma.
“Queremos enviar un mensaje claro al Ministerio de Trabajo. Los empresarios queremos dialogar y dar nuestra opinión respecto a las iniciativas laborales u otras que nos vayan a afectar”, subrayó al precisar que la norma promovida por el MTPE va a mellar la competitividad de todas las empresas que trabajan en el país.