En una reciente reunión del Comité de Asuntos Sociales de la SNMPE, Ivana Llaque, gerente legal de la Alianza para Obras por Impuestos (ALOXI), informó a los participantes acerca de las últimas actualizaciones normativas de este mecanismo de inversión en proyectos públicos a partir de la Ley N.° 31735, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Esta Ley fue publicada el 4 de mayo último y entró en vigor al día siguiente.
Llaque señaló que esta Ley precisa los alcances de los proyectos de inversión pública, las IOARR (Inversiones y Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación) y las unidades de mantenimiento de infraestructura. “Esto ya está incluido en la Ley por la modificación que se promulgó el año pasado. Se puede financiar y ejecutar los proyectos IOARR o IOARR de Estado de Emergencia —los cuales atienden peligros inminentes o una situación de desastre— y, adicionalmente, actividades de operación y mantenimiento de infraestructura mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) u obras públicas”, señaló la experta.
Adicionalmente, la norma ha incorporado las materias de defensa de la seguridad nacional. “El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han venido impulsando la incorporación dentro del alcance de las OxI y, finalmente, se ha logrado”, resaltó. También se ha autorizado el uso de recursos directos por parte del Ministerio de Defensa para estos proyectos.
De otro lado, la actualización normativa prioriza el financiamiento y ejecución de proyectos o IOARR referidas a la reducción de la anemia y la implementación de viviendas rodantes en zonas heladas o frías. “Para nosotros esto también es positivo porque creemos que estos temas se tienen que atender y darles prioridad”, aseveró Llaque.
La especialista también se refirió a que la Ley incorpora a los institutos educativos y a las escuelas de educación superior, así como las universidades públicas en la ejecución de proyectos mediante OxI. “Ellos también reciben recursos del canon y las regalías; por lo tanto, pueden utilizar el mecanismo con esas fuentes de financiamiento. No hay muchas experiencias en el sector, por ejemplo, las de la Universidad Nacional de Arequipa y la de Ica, pero hay otras entidades educativas que tienen recursos y que, quizá, por falta de conocimiento no los han implementado”, acotó.
En el caso de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN) —documentos que reconocen la inversión que realiza la empresa privada a través del mecanismo de OxI — se estableció que tendrán una vigencia de 10 años y, de no ser utilizados en el año fiscal, se podrá pedir la devolución del monto a la SUNAT, además de tener la posibilidad de fraccionarse.
Asimismo, estos podrán ser utilizados por las empresas en los pagos a cuenta y en la regularización del lmpuesto a la Renta hasta por un 80% de su valor, cuando antes era de hasta 50%. También se considera que los certificados pueden ser utilizados para el pago de otros tributos u obligaciones administradas por la SUNAT, además de tener la característica de ser negociables.
Finalmente, la especialista mencionó que ALOXI considera que estos cambios son positivos y que ayudarán a impulsar a que el sector privado use el mecanismo. “Desde ALOXI creemos que las actualizaciones son positivas porque van a traer [mayor] impulso a las OxI y, básicamente, nuevos incentivos para el sector privado”, recalcó.