Con el objetivo de construir una industria minera más sostenible y con igualdad de oportunidades, la presidenta ejecutiva de San Ignacio de Morococha S.A.A. (SIMSA), Isabel Arias, propuso la conformación de alianzas público-privada enfocadas en el desarrollo de tecnologías limpias e identificación de sesgos de género.
En palabras suyas, la primera asociación entre gobierno, empresa y sociedad civil debe estar orientada a la producción de tecnologías limpias, la cual permita centrarse en la ejecución de proyectos contra el cambio climático, incorporando fuentes de generación energética renovable para la mitigación del impacto de la emisión de gases contaminantes.
Asimismo, comentó que la segunda coalición debe estar dirigida a la identificación de sesgos inconscientes que atentan contra la trayectoria laboral de la mujer en la minería, lo que pondrá en marcha la elaboración de políticas públicas para el cierre de brechas de género, la inclusión femenina en el sector y la promoción del liderazgo en puestos clave.
“La finalidad de una alianza es lograr un beneficio de interés mutuo. Y un ejemplo es el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, que surgió del acuerdo entre el MEF, MINEM y empresas mineras, con la intención de que estas últimas destinen el 3.7% de sus utilidades netas a las zonas de influencia”, expuso durante su participación en PERUMIN 36.
Seguidamente, Isabel Arias afirmó que los conflictos sociales son ahuyentadores de las grandes inversiones, poniendo en riesgo la recaudación tributaria y las posibilidades de crecimiento; por ende, remarcó la necesidad de establecer el diálogo con las comunidades y contar la debida compañía del Estado desde etapas tempranas del proyecto minero.
“Nuestro Perú forma parte de los diez países más ricos en recursos minerales a nivel mundial, pero los últimos enfrentamientos no permitieron poner en valor este potencial. Por ello, el Estado, empresa y comunidad deben conversar desde el primer intento para convencernos todos de que el desarrollo se encuentra en nuestras manos”, reflexionó.
Por último, la presidenta de SIMSA enfatizó que la educación es parte integral de la lucha por la superación de la pobreza, por lo que es obligación del Estado que los niños, adolescentes y jóvenes accedan a una enseñanza inclusiva, completa y de calidad, siendo herramienta determinante para el progreso auténtico y perceptible de la nación.
“Debemos ser conscientes de que el activo más importante de un país es su gente, y cuanto mejor educada esté, logrará colaborar con el desarrollo. El ciudadano preparado es consciente de sus derechos y deberes, comprende las decisiones que toma y no se deja llevar por mentiras. Para una minería de calidad, requerimos una educación de calidad”, dijo.
Fuente: IIMP