El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, informó que la Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto, el 2 de mayo último, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, quien presuntamente habría participado en el asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, a manos de delincuentes ligados a la minería ilegal.
El jefe del Gabinete Ministerial subrayó que el Gobierno nacional actuó con responsabilidad desde que se supo del secuestro, lo que conllevó a la búsqueda de los desparecidos y a la captura del presunto implicado, clave para seguir la investigación en este caso.
«Se le encontró una pistola Glock perteneciente a uno de los compatriotas asesinados. Se está siguiendo esta pista y presumimos que nos dará información más precisa de lo ocurrido», añadió el jefe del Gabinete Ministerial.
Además de reiterar sus condolencias a las familias de los 13 trabajadores asesinados, el premier Adrianzén reafirmó que, tras conocerse las noticias preliminares sobre el secuestro de las víctimas, se dispuso la intervención de las fuerzas del orden, así como operaciones tácticas focalizadas.
«En ningún momento hemos descuidado nuestro deber de cumplimiento de las funciones que nos asisten. Nuestra Policía Nacional ha actuado de manera inmediata en la zona», indicó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante la presentación de las medidas para la provincia de Pataz, en la región La Libertad, que lideró la presidenta de la república, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno.
La actividad contó con la participación de los ministros del Interior, Julio Diaz, y Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda.
Medidas para fortalecer seguridad en Pataz
Durante el evento, el Ejecutivo anunció la implementación del toque de queda en todo el distrito de Pataz, en el horario de 6 p. m. a 6 a. m.; la instalación de una base militar en la localidad, el control de la zona de la minera Poderosa por parte de las Fuerzas Armadas y la presentación de un pedido al Congreso de la República para obtener facultades legislativas en materia de lucha contra el terrorismo urbano.
Las medidas también incluyen la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz por un plazo inicial de 30 días, prorrogables, a fin de facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la PNP. Durante este periodo, se procederá con la exclusión de todos los REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) actualmente suspendidos.