Asimismo, esta medida clave permitirá impulsar nuevas inversiones estratégicas en infraestructura portuaria y potenciar la competitividad logística del país.
La modificación normativa habilita la extensión de los plazos de las Asociaciones Público-Privadas (APP) hasta por 30 años adicionales, tanto para ampliar infraestructura existente como para ejecutar proyectos fuera del área de concesión, como antepuertos, vías de acceso y otras obras que mejoren la conectividad y fortalezcan la competitividad de los puertos. Este cambio crea condiciones más atractivas para la inversión privada y la modernización del sistema portuario.
Estas inversiones consolidarán al Perú como un centro logístico regional, impulsarán las agroexportaciones y generarán empleo formal.
El Decreto Supremo establece también ajustes a diversos artículos del reglamento vigente, orientados a otorgar mayor flexibilidad para la implementación de proyectos portuarios y adecuar la normativa a las exigencias del comercio internacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas respalda esta medida, que contribuirá a crear un entorno propicio para la inversión privada, clave para fortalecer el comercio exterior y consolidar al Perú como un “hub” portuario de la región.
Con este enfoque, el Gobierno reafirma su compromiso con la modernización del Sistema Portuario Nacional y el fomento de la inversión en infraestructura estratégica, como parte de una economía abierta, dinámica y competitiva que genere más oportunidades para todos los peruanos.