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Ministerio Público y Sunat fortalecen capacidades y cooperación técnica contra la minería ilegal

El Ministerio Público, a través de las FEMA, continuará capacitando al personal de la Sunat en materias penales y operativas vinculadas a la minería ilegal.

Sunat

El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), dictó la sesión “Alcances generales del delito de minería ilegal en el marco de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)”, en la sede de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La actividad de capacitación se desarrolló por invitación de la Sunat y estuvo dirigida a especialistas de fiscalización aduanera y tributaria, analistas del Instituto Aduanero y Tributario (IAT), jefes operativos de aduanas e intendencias regionales, y equipos de gestión de riesgo y control operativo.

La jornada permitió alinear los protocolos de coordinación entre el Ministerio Público y la Sunat respecto a la trazabilidad de las operaciones conjuntas contra las actividades de minería ilegal. Asimismo, permitió estandarizar informaciones y optimizar el uso de canales seguros para el intercambio documental.

Según explicó el fiscal superior Frank Almanza, todos estos mecanismos fortalecerán las investigaciones fiscales y la fiscalización tributaria frente a las empresas fachada, rutas sospechosas y documentación sin sustento.

Como resultado del evento, se acordó un esquema de beneficio bilateral de capacidades: el Ministerio Público, a través de las FEMA, continuará capacitando al personal de la Sunat en materias penales y operativas vinculadas a la minería ilegal.

En reciprocidad, la Sunat brindará capacitaciones al personal fiscal y administrativo de las FEMA en trazabilidad comercial y aduanera, uso de información tributaria y herramientas analíticas para apoyar la persecución penal.

El representante del Ministerio Público saludó la apertura institucional del IAT y la Sunat y reafirmó el compromiso de cooperación interinstitucional para enfrentar la minería ilegal y sus economías ilícitas conexas, asegurando investigaciones basadas en evidencia y una respuesta articulada del Estado.