En la última década, la minería ha sido un motor fundamental para el crecimiento económico regional y nacional. Carlos Gallardo, del IPE, destaca el caso emblemático de Apurímac, donde la pobreza se redujo drásticamente de 62% a 24% entre 2010 y 2024. “Este cambio se explica por el impacto de la gran inversión minera: en Apurímac, la producción minera se multiplicó por 40, el PBI per cápita se triplicó y la producción agrícola creció en casi 50%”, precisó. Como resultado, Apurímac no solo dejó de ser la segunda región más pobre del país, sino que ahora se ubica entre las diez más ricas y ha escalado posiciones en competitividad.
Luis Miguel Castilla, de Videnza, complementa esta visión con datos macroeconómicos contundentes: “En el 2024, el sector minería e hidrocarburos explicó el 12% del PBI del Perú y, dentro de ello, la minería metálica aportó 9.1%. La minería representó el 64% del valor exportado por el país y generó más de 238 mil empleos formales directos con un multiplicador estimado de 8.2 plazas en encadenamientos por cada empleo directo”. Regiones como Moquegua y Arequipa se ubican de manera recurrente entre los primeros lugares del PBI per cápita regional, confirmando la fuerte correlación entre la presencia minera y el dinamismo económico territorial.
Sin embargo, ambos expertos coinciden en que llevar este crecimiento económico al desarrollo humano ha presentado desigualdades. Castilla señaló que “los avances existen, pero muestran brechas: el nuevo Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2025 del PNUD confirma que Moquegua, Arequipa, Lima/Callao e Ica exhiben los Índices de Desarrollo Humano más altos del país”. No obstante, alertó que “el ‘chorreo’ del ciclo minero y de la inversión pública asociada no alcanzan por igual a todos los hogares ni territorios”, algo que se ve reflejado en que la reducción de la pobreza monetaria nacional a 27.6% en el 2024, que fue más rápida en las áreas urbanas que en las rurales.
Canon minero y regalías
Los mecanismos de redistribución de la minería, como el canon minero y las regalías, han sido instrumentos claves para canalizar recursos hacia las regiones. Castilla detalló que “en el 2024, las transferencias por concepto de canon y regalías mineras sumaron S/ 9,194 millones, 9.6% más respecto del 2023, con Áncash, Arequipa, Moquegua y Tacna entre los mayores receptores”. En varios casos, estos recursos han financiado obras emblemáticas de agua y saneamiento, colegios, hospitales y carreteras.
No obstante, ambos economistas coinciden en que la baja capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales es una limitante estructural. Gallardo evidencia este problema, señalando que “en el 2024, Áncash solo ejecutó 60.6% de sus transferencias mineras e Ica cerca del 61%. En conjunto, entre las cinco regiones con mayores transferencias, se dejaron de ejecutar cerca de S/ 1,100 millones”. Castilla corrobora esta realidad, precisando que “los Gobiernos subnacionales ejecutaron, en promedio, solo el 65% de su presupuesto de inversión y, en varias provincias mineras, la ejecución fue inferior al 50%”.
Además de los problemas de ejecución, se identifican otras limitaciones. Castilla mencionó la “desigualdad en la distribución”, donde “un pequeño número de distritos concentra la mayor parte de las transferencias (por ejemplo, Marcona en Ica o San Marcos en Áncash), mientras que otros territorios mineros reciben montos muy reducidos, generando brechas internas”. También señala que el “enfoque limitado a obra física” es otro problema, ya que “la Ley restringe el uso del canon a inversión en infraestructura, dejando poco margen para financiar mantenimiento, fortalecimiento institucional o programas sociales”, lo que termina en obras de baja calidad. De otro lado, ambos expertos coincidieron en señalar los riesgos que se derivan de la corrupción y el clientelismo político en los Gobiernos subnacionales que reciben altos montos.
Balance positivo, pero con retos
Desde una perspectiva macroeconómica, la minería ha fortalecido significativamente la balanza comercial del país. Castilla destacó que “en el 2024, el valor exportado total del país llegó a US$ 75,900 millones y las exportaciones mineras marcaron récord de US$ 47,000 millones, con la minería explicando alrededor de seis de cada diez dólares exportados”. Sin embargo, su contribución a la diversificación productiva regional sigue siendo acotada.
Gallardo, por su parte, enfatizó el lado positivo de los encadenamientos productivos que genera la minería. “El IPE estima que por cada empleo en minería se generan otros ocho en actividades vinculadas”, señala, y añade que “si bien la minería representa cerca del 9% del PBI, dicha cifra sube a 13% si se considera al ecosistema de proveedores mineros”. Resaltó que “en el Perú existen más de 7,800 proveedores mineros”, en su mayoría “pymes jóvenes con menos de 20 años de creación que abarcan rubros diversos”, demostrando que más del 50% del impacto económico de la minería se registra precisamente de manera indirecta en sectores que van desde la construcción y el transporte hasta los restaurantes.
Gallardo analiza el origen de los conflictos desde una perspectiva institucional: “los conflictos socioambientales en torno a los proyectos mineros habrían tenido un desarrollo y abordaje diferente si el Estado hubiera traducido de manera efectiva los recursos fiscales que genera el sector en beneficios concretos para la ciudadanía”. En ese sentido, considera que “el sistema de resolución de conflictos del Estado con las comunidades ha sido muy malo”, lo que hace que los conflictos que escalan se tornen políticos y transaccionales, y que abran la puerta a la aparición de intermediarios.
Finalmente, ambos expertos coincidieron en señalar que existen riesgos asociados a los ciclos de los precios internacionales de los minerales. Aunque el país goza de términos de intercambio históricamente altos y un superávit en cuenta corriente de aproximadamente 2.3% del PBI anualizado al primer trimestre del 2025, gracias al cobre y al oro, esta situación nos puede exponer a choques provenientes de una caída abrupta de los precios internacionales y a otros eventos geopolíticos. Por ello, Gallardo comenta que “las propuestas para crear un fondo de estabilización para el canon minero deberían haberse resuelto hace varios años”, aunque matizó que los problemas en la ejecución de las obras del canon “más que un problema de recursos, ha sido un problema de gestión por parte de los Gobiernos subnacionales».
Deseado equilibrio
Para lograr un equilibrio entre desarrollo minero, sostenibilidad ambiental y derechos de las comunidades, ambos economistas propusieron políticas específicas. Castilla sugirió “combatir la minería ilegal mediante la combinación de operativos policiales, sustitución de actividades, alternativas económicas y la trazabilidad del oro”, además de “reformar la estructura del gasto del canon y de las regalías para permitir inversiones en mantenimiento, capital humano y conservación ambiental, no sólo en obra nueva”. También propuso “crear fondos de estabilización y de rehabilitación ambiental que garanticen recursos para el cierre de minas y reparación de pasivos ambientales” y “exigir una debida diligencia y cadenas de suministro responsables a las empresas mineras y a sus compradores”.
Por su parte, Gallardo enfatizó que la minería moderna es un sector altamente regulado que no solo debe cumplir con normativas locales, incluidas las ambientales, sino que además se encuentra vigilado por los mercados internacionales, destacando que la gran mayoría de empresas mineras en el Perú cuenta con certificados y estándares ambientales alineados a criterios ESG. Sin embargo, alertó que “la gran preocupación sobre la minería y la sostenibilidad radica en el rápido avance de la minería ilegal y en la lenta reacción del Estado para enfrentar decididamente este problema de manera integral”.
El gerente del IPE concluye que “el reto no es tanto la magnitud de los recursos, sino la calidad de las instituciones que los administran para asegurar un impacto duradero en el desarrollo”. De otro lado, Castilla finaliza destacando la necesidad de “promover la diversificación productiva local mediante programas de apoyo a proveedores, formación técnica y encadenamientos para que la renta minera no reemplace, sino que complemente otras actividades”.
En conclusión, mientras que la minería ha demostrado su capacidad para multiplicar aportes económicos y transformar realidades regionales, el camino hacia un desarrollo humano sostenible y diversificado requiere superar urgentemente las limitaciones institucionales, mejorar la gestión pública e implementar políticas integrales que gestionen de manera balanceada los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería.