¿Cómo valora el anuncio del Poder Ejecutivo de impulsar una nueva Ley MAPE tras la Mesa Técnica para la Formalización Minera?
Es una medida oportuna y necesaria ante el proceso de formalización vigente hasta diciembre del 2025 con la extensión del Registro Integral de Formalización (Reinfo). Si bien el Poder Ejecutivo ya había remitido una propuesta de Ley MAPE al Congreso a fines del año pasado, en el marco de la mesa técnica que lideró la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hemos tenido la oportunidad de contribuir con propuestas de mejora y consolidar propuestas con un enfoque de promoción de la MAPE formal, sostenible, competitiva y respetuosa de los Derechos Humanos.
¿Qué opina de los ejes planteados en la propuesta de la Ley MAPE? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes y los que generan mayor preocupación?
Ante todo, quisiera agradecer el compromiso del Primer Ministro con la Mesa Técnica. En general, me parece positivo haber contado con la participación de diferentes actores del sector público y privado. Hemos tenido a los tres poderes del Estado representados, además del Defensor del Pueblo, congresistas, gremios formales y en proceso de formalización. De esta manera, hemos podido conocer las preocupaciones y también las propuestas de los actores involucrados en este reto común que tenemos, que es la formalización de la MAPE.
En esta Mesa Técnica no se ha planteado una propuesta integral de Ley MAPE en un sentido estricto, pero se han identificado once temas que deberían ser incorporados en una futura propuesta legislativa seria y técnica. Enfatizo que el enfoque debe ser técnico antes que político, con el objetivo de resolver el problema de fondo de la MAPE informal.
Asimismo, más allá de los detalles de redacción, que son perfectibles, la prioridad son los aspectos técnicos que promuevan una minería formal, responsable y competitiva, evitando que permanezca en un estado de formalización perpetua.
Como punto crucial, nuestro gremio subraya la urgencia de una herramienta integral de trazabilidad que abarque toda la cadena de valor, incluyendo proveedores, flujos comerciales del mineral e insumos críticos como explosivos y combustibles, para poder controlar efectivamente el avance de la minería ilegal. Sabemos que contar con una herramienta así es un reto mayor, pero estamos convencidos de que sin ello no será fácil controlar el avance en la minería ilegal.
Otra propuesta relevante es contar con trámites simplificados previos a la autorización de las operaciones mineras, sin reducir los estándares ambientales ni los de seguridad. Ningún país puede ser atractivo a las inversiones formales si no cuenta con trámites claros, simplificados y predecibles. Los procedimientos deben tener etapas claras y, sobre todo, acotadas. Y la respuesta del Estado debe ser oportuna dentro de los plazos legales en un tiempo que sea razonable y que permita la evaluación de un proyecto.
Además, está la creación de un fondo minero a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para financiar asistencia técnica, geológica, minera y metalúrgica para mejorar las actividades de la MAPE, y que eso incida en una mayor producción y en la comercialización de sus productos dentro de la formalidad.
En ese sentido, será importante conocer la forma jurídica que el MINEM dará a este fondo y su estructura organizativa, así como los mecanismos de transparencia y seguimiento de metas. Este fondo tendrá recursos estatales y por eso es clave entender cómo beneficiará al país.
Creemos que los once temas que ha concluido la Mesa Técnica pueden ser un buen insumo para las discusiones en el Congreso, especialmente en la Comisión de Energía y Minas, y que tengan el apoyo de MINEM, la PCM y todos los actores que participaron en esta mesa.
Finalmente, debemos reiterar que no podemos permitir que la Ley MAPE sea una continuación del Reinfo, bajo ningún nuevo nombre. Lo que sí se necesitaría es tener un tiempo para adecuar las actividades de la MAPE que ya es formal, al cumplimiento de las nuevas disposiciones que establezca la ley.
Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú, preside la Comisión de Energía y Minas. ¿Cree que ello podría influir en la autonomía y rigor técnico necesarios para elaborar la Ley MAPE?
La Comisión de Energía y Minas es clave para el desarrollo del sector y para la economía nacional, por lo que su conducción exige transparencia, objetividad y un manejo técnico siempre orientados al bien común. Entonces, como sector empresarial, debemos pedirle garantías para que las decisiones y dictámenes respondan a criterios técnicos y no a posiciones ideológicas que puedan distorsionar la competitividad del sector minero energético de nuestro país. Por esta razón, esperamos que desde la presidencia de la Comisión se evalúen las propuestas de la Mesa Técnica, se inviten a especialistas, a la academia, además de los representantes del poder ejecutivo para que expliquen sus puntos de vista y que las evalúen con responsabilidad.
La propuesta de Ley MAPE que está en la agenda del Congreso incluye elementos como la servidumbre minera y regímenes tributarios especiales. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Una figura como la servidumbre minera, que ha sido propuesta previamente por el Congreso, no haría más que desconocer el régimen de concesiones, la libertad contractual, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad, elementos que tiene un amparo constitucional. Además, en el predictamen que se encuentra en la Comisión de Energía y Minas se ha establecido un régimen tributario especial para la MAPE sin un análisis técnico que lo sustente ni sobre su impacto en la recaudación y en la economía. Sobre este último punto se tienen que pronunciar las autoridades competentes como son el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT.
¿Cómo evitar que la definición de una nueva Ley MAPE se politice y cómo puede contribuir para contener la ilegalidad?
Creo que eso no se puede evitar, el debate se va a politizar. Pero se puede disminuir el riesgo de tener una norma antitécnica o inconstitucional y para ello es fundamental visibilizar las posiciones y los planteamientos de los legisladores a la ciudadanía sobre la base de un debate amplio y con evidencia. En los últimos meses hemos sido testigos de que la población ya reconoce a la minería ilegal como una grave amenaza a la seguridad y los efectos nocivos que genera en la sociedad. Nosotros confiamos que en la definición de una nueva Ley MAPE, se considere dicho sentir de la población y que los legisladores no avalen la ilegalidad, más aún, considerando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que propone que se descarten escenarios que liberen de responsabilidad penal a quienes incurren en el delito de minería ilegal.
¿Qué acciones concretas debería priorizar el MINEM o los Gobiernos regionales para apoyar que los pequeños mineros formalizados cumplan con los estándares sin aumentar la burocracia?
Todo inversionista necesita de un entorno de negocios predecible y claro, independientemente de que sea un inversionista o minero pequeño, mediano, grande o artesanal. Creemos que hay muchas oportunidades de mejora en los procedimientos de la gestión pública para que esta sea más eficiente y que saque adelante proyectos formales, independientemente del tamaño del minero, en plazos acotados y que esto no sea una utopía. Ello implica modernizar el Estado, incorporar tecnología, dotar al Estado de personal capacitado y cambiar la forma como se abordan los diferentes trámites. Sin duda, para aquellos inversionistas de menor escala será de gran utilidad el acompañamiento del Estado en etapas tempranas. El reto está en fomentar minería moderna, responsable y sostenible, en toda su cadena de valor.