Asumir la remediación de los más de 50 mil pasivos ambientales mineros (PAMs) vinculados a las inscripciones vencidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) podría significar para el Estado peruano un costo superior a los US$ 25 mil millones. Así lo advirtió Raúl Benavides, director de Compañía de Minas Buenaventura, en su exposición “Pasivos ambientales y cierre de minas: Retos y oportunidades”, durante el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El especialista explicó que la magnitud del problema debe llamar a la reflexión sobre la urgencia de implementar una estrategia integral de gestión ambiental que involucre al Estado, la empresa privada y la academia. “El costo superaría los US$ 25,000 millones, una cifra equivalente a casi el 30% de las reservas internacionales del país”, manifestó en el auditorio del IIMP.
Esfuerzo prioritario
El ejecutivo señaló que, según el Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se han identificado 6,001 PAMs a nivel nacional, de los cuales 3,346 no están siendo gestionados. Sin embargo, precisó que hay un grupo de PAMs que deberían ser prioritarios.
“De ese total, unos 238 presentan un riesgo alto y muy alto, por lo que deberían ser el foco principal de intervención. Esos son los pasivos ambientales que pueden hacer daño a las personas, al ambiente y a la sociedad en conjunto, ahí tenemos que concentrar los esfuerzos”, sostuvo Benavides.
El ingeniero de minas aseveró que remediar los pasivos ambientales generados por las operaciones mineras puede costar en promedio alrededor de US$500 mil, “no es una tarea menor ni gratuita”.
De otro lado, Benavides remarcó que el cierre de una mina busca garantizar la estabilidad física, química, hidrogeológica, biológica y social de las áreas intervenidas, evitando impactos residuales y promoviendo su reutilización futura.
Lentitud en el proceso
El especialista resaltó que el proceso de cierre de minas requiere una revisión para hacerlo más eficiente. Señaló que los costos de mantenimiento post cierre son elevados, y la certificación de cierre final muchas veces tarda décadas. En ese sentido, cuestionó la lentitud del proceso, pues sólo 7 minas han obtenido certificación de cierre desde la implementación de las leyes sobre pasivos ambientales mineros y cierre de minas.
“Prácticamente, en más de 20 años de contar con las leyes de PAMs y de cierre de minas, sólo se han emitido 7 certificados. Quiere decir que los encargados de esto se quedan con estos pasivos a cargo y tienen que seguir viéndolos por más de 20 años, si no hacemos algo esto va a ser una responsabilidad perpetua”, aseveró.
Benavides culminó su ponencia destacando la importancia de agilizar los procesos y optimizar el uso de recursos con el fin de orientarlos hacia proyectos de rehabilitación que generen mayor impacto y beneficio para el entorno.