Por Enrique Kitamoto, gerente de Comunicaciones de Minsur y presidente del Comité de Comunicaciones minera de la SNMPE.
En países con democracias inestables, el término “anarquía” describe una situación donde las instituciones se desdibujan y las reglas comunes pierden eficacia, de un vacío de normas compartidas, donde el Estado deja de ejercer de manera legítima y efectiva sus funciones básicas. Así, la “anarquía” no es ausencia de poder, sino la degeneración de la democracia en formas arbitrarias que erosionan el monopolio legítimo de la fuerza del Gobierno y que generan espacios de violencia difusa.
En este marco, la minería formal enfrenta una paradoja. A pesar de ser una de las industrias más reguladas, con marcos de cumplimiento ambiental y social estrictos, su viabilidad se ve amenazada por el populismo y la informalidad, que encuentran terreno fértil en la ausencia estatal. Desarrollar inversiones sostenibles en este contexto se convierte en un ejercicio de resistencia: cumplir con la ley y apostar por horizontes de largo plazo en territorios donde prevalece la inestabilidad institucional y la desconfianza social.
La conflictividad, entonces, se vuelve un modo habitual de relacionamiento entre la sociedad, el Estado y la empresa. Las históricas brechas sociales y la sensación de abandono no hacen más que reforzar la legitimidad de la protesta como forma de acción política. La “anarquía”, por tanto, no es sinónimo solo de desorden, sino de una lógica de interacción social donde la desconfianza sustituye al Estado y la institucionalidad se ve desplazada por la negociación de facto.
El rol de las ciencias sociales y de la comunicación
Frente a esta realidad, las ciencias sociales adquieren un papel esencial. La sociología, la antropología y la ciencia política aportan marcos teóricos que permiten leer la conflictividad como un fenómeno complejo, atravesado por variables históricas, culturales, económicas y simbólicas.
Aplicadas al campo minero, estas disciplinas permiten construir estrategias sociales integrales, que vinculen el conocimiento del territorio con el entendimiento del negocio —sus procesos productivos, logísticos y financieros— y ayudar a la construcción de legitimidad.
La comunicación social desempeña aquí un rol decisivo. En sociedades donde la palabra pública ha sido reemplazada por la presión o la desinformación, la comunicación social debe restablecer los puentes de racionalidad, empatía y confianza. Y se integra con las ciencias sociales para proponer posturas conciliadoras, centradas en el propósito social, los estándares de sostenibilidad y las políticas corporativas que traduzcan los valores institucionales en prácticas verificables y transparentes.
Estrategias sociales con visión territorial y de legado
La experiencia reciente muestra que, incluso en entornos adversos, la minería formal puede abrir caminos de legitimidad si apuesta por estrategias sociales basadas en una visión territorial y en un propósito de largo plazo. La perspectiva territorial implica comprender que los proyectos se insertan en tejidos sociales e institucionales donde confluyen múltiples expectativas. Las nociones de propósito y legado orientan la gestión social más allá del corto plazo, planteando una narrativa compartida sobre el impacto que la minería puede dejar en el desarrollo humano, la diversificación económica y la cohesión comunitaria.
Ejemplos como los programas de vínculo social de Minsur, inspirados en el Ayni y orientados a establecer relaciones simétricas basadas en la reciprocidad como valor cultural, evidencian que la confianza se fortalece cuando se respeta la identidad local y se potencia la capacidad de agencia ciudadana. Como señalaba José María Arguedas: “El Ayni no es solo trabajo compartido, es la certeza de que la vida se sostiene en la ayuda mutua y en el respeto a la comunidad”, recordándonos que la reciprocidad es el cimiento de la convivencia rural y la legitimidad social.
Del mismo modo, las relaciones institucionales sólidas permiten compensar la debilidad estatal, articulando esfuerzos entre Gobiernos locales, comunidades y empresa para dar continuidad a los proyectos de desarrollo. Finalmente, la comunicación humana y normativa, concebida como espacio de escucha y participación, se convierte en una herramienta indispensable para contrarrestar la desinformación, fortalecer la cohesión, reducir la polarización y construir confianza en torno a la minería formal.
De esta manera, el rol de la minería formal en un contexto de crisis sistémica trasciende lo productivo y lo económico; implica asumir una responsabilidad trascendental: contribuir activamente a reconstruir la confianza social y democrática, y demostrar que es posible convivir bajo reglas compartidas en un país fragmentado.
La estrategia social y comunicacional se convierte, así, en una herramienta esencial de legitimidad, no solo para las operaciones, sino para toda la industria minera, que debe entender su papel como agente de cohesión, articulación y creador de un futuro común.