Tras recibir la autorización final para iniciar la construcción de Tía María, Southern Perú ha comenzado una nueva etapa en el desarrollo del proyecto. ¿Qué representa este paso para la compañía y qué actividades ya están en marcha?
El 14 de octubre recibimos un permiso que era algo, digamos, ‘rutinario’, pero demoró un poco más de dos meses, porque ya era la autorización final para pasar de lo que se llama trabajos previos a la construcción del proyecto. Entonces, ya hemos empezado el proceso de construcción de Tía María. Y lo tomamos con mucho aprecio, porque se ha podido empezar gracias a la buena disposición de la población de la zona.
Afortunadamente, estamos viendo una actitud muy positiva de la población. En eso hemos trabajado muy fuerte, en la parte social y en sensibilizar a las autoridades sobre lo que el proyecto significa. Es un proyecto que ha tenido dificultades en el pasado, pero creemos se han superado. Eso es una muy buena noticia para el país.
Con un presupuesto cercano a US$ 200 millones este año y un desembolso que superará los US$ 900 millones en el 2026, ¿qué etapas técnicas concretas financiarán esos recursos y qué obras principales se ejecutarán en cada fase?
Este año concentraremos nuestros esfuerzos en la apertura de la mina, que implica el desbroce: retirar el material estéril y preparar los caminos internos para el transporte del mineral. En paralelo, avanzamos con el área seca, donde el mineral extraído se tritura y se transporta mediante una faja de unos seis kilómetros hacia la zona húmeda, donde se realiza la lixiviación.
En esa etapa, el mineral se somete a una solución acidificada con bacterias, que permiten extraer el cobre. Luego, esa solución —que contiene el metal disuelto— pasa a la planta de extracción por solventes, donde el cobre se concentra y finalmente se envía a la refinería para producir cátodos con una pureza de 99.999%. El mayor desembolso previsto para el 2026 responde a la ejecución simultánea de estas tareas y a la adquisición de equipos de gran envergadura, lo que marca el ritmo más intenso de construcción del proyecto.
¿Cuál es el horizonte de pruebas y puesta en marcha? ¿Qué puede acelerar o retrasar la meta de iniciar operaciones en la segunda mitad del 2027?
Estamos desarrollando distintas acciones a la vez. Por ejemplo, algo que notamos en referencia a la población del valle del Tambo es que había un cierto malestar por el paso de los vehículos y que levanten polvo, que podría afectar a sus cosechas. Entonces, una de las decisiones que hemos tomado es construir una carretera y reducir el pase por el valle del Tambo, yendo directamente por el desierto, saliendo por una zona al sur de Mollendo, y recién ahí conectar con el puerto de Matarani. Esta carretera, que tiene más o menos 22 kilómetros, es una de las iniciativas que vamos a desarrollar.
Lo otro es la planta desalinizadora, que también se va a construir en la zona sur de Mollendo, donde es necesario llevar adelante todo el proceso de licitación. Entonces, estos dos componentes son importantes y estamos trabajando para que, en simultáneo, lleguemos todos a producir el cobre como está planeado, en la segunda mitad del 2027.
¿Qué indicadores o mecanismos sostienen la percepción de aceptación social en la zona?
Tenemos dos elementos muy importantes. Primero, identificamos que en la zona hay más o menos 30 asociaciones de agricultores. Entonces, se contactó a estas asociaciones y el mensaje fue muy directo y claro: nosotros creemos que siempre hay una posibilidad de mejorar la productividad agrícola con una operación minera cerca. Porque la minería va a generar, por ejemplo, canon minero, que va a ser recibido por los municipios y el gobierno regional, y eso les va a dar recursos para hacer mejor infraestructura para el manejo del agua, por ejemplo.
Algo que ocurrió ya hace algunos años, pero que creo también ha ayudado en este proceso es que, cuando se da la situación de la COVID-19, la compañía incluyó al valle del Tambo dentro de su área de influencia. Con ello, se les dio toda la asistencia que se estaba dando en Moquegua y Tacna a todas las comunidades cercanas a nuestras operaciones: hospitales de campaña, apoyo a los adultos mayores con alimentos, apoyo para la vacunación intensiva. Eso ha mostrado una solidaridad sincera, es decir, en el momento en que realmente ‘las papas quemaban’, acá estamos. Y ese fue otro elemento que ha demostrado que la compañía tiene un deseo de trabajar con las personas y con las poblaciones alrededor de sus operaciones.
También creo que ha sido muy positivo el trabajo con los alcaldes. En general, ha habido una buena respuesta de los alcaldes respecto de la situación del proyecto que también nos ha ayudado muchísimo.
En un contexto de transición energética y de nuevas tecnologías, ¿cómo evalúa Southern la nueva dinámica del mercado global del cobre y su sostenibilidad a mediano plazo?
China es el principal consumidor de cobre del mundo. El año pasado consumió el 57% del cobre refinado mundial y, dentro de este mayor consumo, las ventas de vehículos eléctricos en China, hechos por empresas chinas, han representado el 50% del total de vehículos vendidos en este país.
El segundo grupo consumidor son las nuevas tecnologías de generación eléctrica. Mientras que una planta hidroeléctrica, por cada megavatio de capacidad instalada requiere dos toneladas de cobre; la energía eólica o solar, por cada megavatio de capacidad instalada consume cinco toneladas de cobre si los equipos están en tierra y 10 toneladas, si están en el mar. Entonces, el crecimiento económico del mundo genera una demanda de energía que se va a ver potenciada por el uso de nuevas tecnologías que usan mayores cantidades de cobre que las tradicionales.
Un tercer grupo de consumo está relacionado con los data centers que se necesitan para la inteligencia artificial, que requieren cantidades muy grandes de metales y tener energía 100% segura todo el tiempo.
Otro elemento es que hemos tenido eventos inusuales: la paralización de la operación de cobre de First Quantum en Panamá, que representó cerca de 400 mil toneladas de cobre que salieron del mercado; una caída de más o menos 10% de la producción de cobre de Chile y la paralización de la mina Grasberg de Freeport-McMoRan en Indonesia, que tuvieron lamentables accidentes con pérdida de vidas. Estos eventos, más la demanda de cobre, han llevado los precios del cobre a más o menos US$ 5 por libra.
Sobre la agenda de inversiones, anunciaron un plan de más de US$ 15,000 millones en la década y US$ 10,300 millones solo en el Perú. ¿Qué requiere la compañía para mantener ese plan de inversión de largo plazo en el país?
Creo que es importante, en el caso de Los Chancas, en Apurímac, que el proyecto vaya adelante. Nosotros ya hemos avanzado. Tenemos el estudio de factibilidad económica terminado y estamos en el estudio de impacto ambiental (EIA). Esa parte del trabajo está avanzando, pero se está viendo obstaculizada por la minería ilegal. Y ahí esperamos que el nuevo Gobierno tome algunas acciones que sean favorables. Se calcula que hay unos 300 mineros ilegales en la zona. Estas personas tienen que retirarse, no tienen Reinfo y están en terrenos privados que la compañía compró. No deben estar ahí y esperamos que, a través de distintos caminos, esto ocurra para entrar en la última etapa de los estudios. Si nosotros avanzamos, el EIA debería estar listo en un año, y deberíamos esperar unos meses más a que el Gobierno evalúe y nos dé la autorización de construcción. Y, con eso, ya podemos iniciar el proyecto.
En el caso de Michiquillay, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto y cuáles han sido los principales resultados del programa de exploración que acaban de concluir?
Michiquillay está en Cajamarca, una de las regiones más pobres del Perú, una zona del país donde puede haber un gran impacto si es que la minería entra de manera formal y responsable. Allí hemos terminado el programa de perforación hace poco y los resultados son excelentes. Estamos muy animados.
Trabajamos con las dos comunidades de la zona que son Michiquillay y La Encañada; en ambos casos vamos avanzando con los desafíos propios de un proyecto nuevo. Michiquillay va a ser una mina de esas que ya no hay. Es una operación minera con muy buenas leyes, con muy buen perfil, con un mineral limpio, en el sentido de que no tiene arsénico ni cantidades altas de materiales que son penalizados cuando uno vende el concentrado.
El próximo corredor minero del Perú, que ojalá salga dentro de pocos años, va a ser justamente desde Cajamarca hasta la costa, saliendo eventualmente por Lambayeque. Eso es algo que ya se está conversando. Ojalá se pueda tomar el proyecto de un ferrocarril, que integre todos los proyectos mineros que hay en Cajamarca. Eso sería algo fabuloso para el país.
Tras esperar más de una década por Tía María, ¿qué deja esta experiencia sobre el quehacer minero y la relación con el país?
Por un lado, la resiliencia de la compañía de seguir adelante con los proyectos y, particularmente, con Tía María, que tenía algunas dificultades que han sido afortunadamente superadas. Por otro lado, se está dando una reflexión de la población. La gente está conociendo qué es la minería ilegal y los problemas que genera para el país. Esta no respeta derechos laborales, no respeta Derechos Humanos, no paga impuestos y contamina.
La pregunta es, ¿cómo se va a desarrollar la minería peruana? ¿Se va a desarrollar con compañías formales que tienen estándares altos, que cumplen con la legislación ambiental, laboral y tributaria del país; o se va a desarrollar de manera ilegal en forma desastrosa? A veces, como en las ciudades no hay minería la gente no sabe lo que pasa. Pero la SNMPE ha tenido un rol muy importante de sensibilización a la población del país para que vean de qué estamos hablando, a través de la formación del Colectivo PAS, que ha tenido un rol muy importante en explicar qué está pasando con la minería ilegal.
Da mucha pena ver lo que ocurre, pero tenemos que combatir esto, evitar que siga creciendo y apostar por la minería peruana preocupada por cumplir estándares ambientales, por dar un buen trato laboral, tener una mejor relación con las comunidades de la zona y pagar los impuestos y regalías que correspondan.