La reciente autorización para el inicio de la primera etapa del proyecto Tía María, en Arequipa, ha reactivado el debate sobre la predictibilidad en la toma de decisiones públicas en el Perú. Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), este tipo de episodios evidencia una debilidad estructural que impacta directamente en la confianza de los inversionistas.
El ejecutivo señaló que la minería es una actividad de largo plazo que requiere reglas claras y consistentes. En ese sentido, advirtió que los cambios en decisiones administrativas en periodos cortos generan incertidumbre no solo en el sector privado, sino también en las comunidades vinculadas a los proyectos.
“El país debe dar una señal clara de que los procesos técnicos se respetan y que las decisiones se sostienen en el tiempo”, sostuvo Ortiz en su columna del Semáforo Minero, al subrayar la importancia de fortalecer la estabilidad regulatoria.
También alertó que este escenario ocurre en un contexto internacional cada vez más competitivo. La creciente demanda global de cobre abre oportunidades para países productores como Perú, Chile y Argentina; sin embargo, la capacidad de atraer inversiones dependerá de factores más allá del potencial geológico.
“La competitividad hoy no se define únicamente por los recursos, sino por la calidad de la gobernanza, la estabilidad jurídica y la previsibilidad”, remarcó Ortiz. Según indicó, sin estos elementos, el capital tiende a dirigirse hacia mercados con menores niveles de riesgo.
Territorio
En paralelo, el vocero del IIMP identificó el desorden territorial como una de las principales limitaciones para el desarrollo del sector. La falta de planificación y presencia efectiva del Estado, indicó, ha facilitado el avance de la minería ilegal en distintas regiones del país.
Este escenario no solo genera conflictos sociales, sino que también afecta la viabilidad de los proyectos formales al producir superposición de intereses y retrasos en su ejecución.
Frente a ello, el gremio planteó la necesidad de avanzar en un enfoque integral que combine estabilidad normativa, fortalecimiento institucional y ordenamiento territorial con visión de largo plazo.
“El desafío del Perú no es solo aprobar proyectos, sino construir coherencia en las decisiones públicas y en la política minera”, puntualizó Ortiz.
Concluyó que el país mantiene ventajas competitivas relevantes en el sector, pero advirtió que la falta de consistencia en la toma de decisiones podría comprometer su capacidad para aprovechar el actual ciclo de oportunidades en la minería global.
Fuente: IIMP.