Pasada la transición del periodo electoral y cuando nos preparamos a conocer a las autoridades que los peruanos elegimos para el Poder Ejecutivo, un nuevo atentado en la sierra de la región La Libertad nos vuelve a una realidad, en la que la minería ilegal se aprovecha la atención mediática y social hacia otros temas para seguir avanzando en las sombras.
Así, un nuevo ataque a las instalaciones de Compañía Minera Poderosa nos causa gran preocupación porque da cuenta de que los esfuerzos que están haciendo las fuerzas militares y policiales por recuperar Pataz y la sierra de La Libertad del flagelo de la minería ilegal son aún insuficientes.
Más allá de ello, y de esperar que se identifiquen y ubiquen pronto a los responsables y se les aplique todo el peso de la Ley, es necesario que el Gobierno con firmeza frene el accionar de los operadores de la minería ilegal y de las organizaciones criminales que los acompañan en su despropósito de apoderarse de manera violenta de concesiones mineras y de ahuyentar a las empresas mineras formales, así como de crear temor en la población.
En ese contexto, no debemos perder de vista las prioridades que enfrenta el Gobierno y el Congreso de la República que se instalarán el próximo 28 de julio: la aprobación de la nueva ley de minería artesanal y pequeña minería, el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y; desde las diferentes entidades públicas asignar los recursos y abordar la problemática de la minería ilegal de manera integral, pues esta actividad ilícita viene vulnerando los derechos humanos en el país.
Estos son unos de los primeros temas que deben atenderse y resolverse en una agenda que procure paz social y desarrollo de todos los peruanos, porque la minería ilegal se ha convertido en una seria amenaza para seguridad de la ciudadanía y del Perú.