Los proyectos mineros que forman parte de la cartera de inversión del Perú registran un tiempo de demora promedio de 15 años, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE)
Perú enfrenta muchas dificultades para poner en marcha nuevas operaciones y ampliar su producción minera, señaló Carlos Gallardo, gerente general del IPE.
De acuerdo con el análisis presentado, los proyectos que entrarían en operación durante la presente década tendrían un tiempo promedio de desarrollo de al menos 49 años
El cálculo considera 42 unidades mineras en operación o en cartera y toma como referencia las fechas previstas en la Cartera de Inversión Minera 2026 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ajustadas por el retraso promedio observado en los proyectos.
Perú no capitaliza ciclo favorable de precios
El IPE advirtió que esta situación se produce pese al favorable contexto internacional para los minerales que han incrementado sus precios en 88 % desde 2011, en tanto que la inversión como porcentaje del PBI ha retrocedido.
El IPE recordó que países competidores como Chile, Estados Unidos y Canadá vienen implementando medidas orientadas a simplificar procedimientos.
En ese sentido, destacó la implementación de ventanillas únicas, aprobación automática de permisos de bajo riesgo y mecanismos para reducir redundancias administrativas.
Según sus estimaciones, el desarrollo de la cartera minera podría generar un efecto económico acumulado equivalente a más de dos veces el valor del PBI registrado en 2023.
Reglas claras y plazos predecibles
Entre las principales medidas planteadas por el IPE para aprovechar el potencial minero del país se encuentran destrabar la cartera de proyectos con reglas claras y plazos predecibles, prevenir los conflictos sociales que afectan la inversión y el empleo, y fortalecer las capacidades del Estado para convertir los recursos provenientes de la actividad minera en cierre efectivo de brechas sociales.
Asimismo, el instituto planteó fortalecer los encadenamientos productivos con proveedores y empresas locales, así como priorizar proyectos que permitan acelerar mejoras en infraestructura y servicios públicos en las zonas de influencia minera.
Fuente: IIMP