El Perú puede tardar entre 12 y 24 meses en aprobar un permiso de exploración minera, mientras que en Canadá este mismo procedimiento puede resolverse entre dos semanas y dos meses, advirtió José Vizquerra, presidente de proEXPLO 2028.
El ejecutivo sostuvo que esta diferencia en los tiempos representa una desventaja para el país.
Explicó que actualmente los inversionistas ya no evalúan únicamente el potencial geológico de una jurisdicción, sino también el tiempo que demandará poner en marcha una inversión.
En ese sentido, señaló que el Perú mantiene una posición privilegiada por su riqueza mineral, pero enfrenta dificultades asociadas a la predictibilidad y duración de sus procedimientos administrativos.
Vizquerra sostuvo que esta situación afecta especialmente a las empresas junior de exploración, debido a que levantan capital de riesgo por etapas y deben asumir gastos permanentes mientras esperan la autorización para iniciar perforaciones.
“Pueden pasar dos años pagando planillas sin perforar”, explicó, tras señalar que esta situación puede llevar a las compañías a priorizar otras jurisdicciones donde los plazos son menores.
Permisos en seis meses
Frente a este escenario, el presidente de proEXPLO 2028 planteó reducir inicialmente a seis meses el plazo para obtener un permiso de exploración minera en el Perú.
“La señal que el mercado necesita es simple: que en 180 días un permiso de exploración que hoy toma 24 meses pase a tomar seis. Mi aspiración es llegar a cuatro, pero bajar a seis ya le diría al mundo que el Perú va en la dirección correcta”, afirmó.
Para lograrlo, Vizquerra propuso cuatro medidas: implementar una ventanilla única efectiva para los procedimientos mineros, realizar las evaluaciones de manera paralela y no consecutiva, evitar que aspectos previamente aprobados vuelvan a ser evaluados y garantizar reglas estables durante el desarrollo de los proyectos.
Según explicó, actualmente existen distintas entidades que intervienen durante la tramitación de los permisos y cuyos procedimientos no necesariamente se encuentran articulados.
A ello se suman autorizaciones vinculadas al agua, patrimonio arqueológico,superficie e inicio de actividades que pueden terminar prolongando el cronograma de exploración.
Vizquerra precisó que acelerar los procedimientos no implica reducir los estándares ambientales o sociales que deben cumplir las compañías. “No se trata de bajar estándares. Se trata de bajar años”, enfatizó.