La creciente complejidad de los procedimientos administrativos, las mayores exigencias ambientales y sociales y la falta de predictibilidad podrían afectar la competitividad del Perú como destino de inversión minera y provocar que los capitales se orienten hacia otros países con potencial geológico.
Así lo advirtió Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Compañía Minera Antamina, en una entrevista concedida a la Revista Minería del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el marco de los 25 años de operaciones de la compañía.
La ejecutiva señaló que el sector minero enfrenta un escenario cada vez más exigente, en el que resulta indispensable mejorar la eficiencia de los procedimientos y fortalecer la confianza entre las empresas, las instituciones públicas y las comunidades.
«Si operar en el Perú se vuelve demasiado complejo, la inversión puede dirigirse a otros países que también cuentan con potencial geológico», advirtió Cooper.
En ese sentido, sostuvo que el país requiere instituciones confiables y una mayor articulación entre el Estado y las empresas para garantizar condiciones que permitan desarrollar nuevos proyectos y sostener las operaciones existentes.
Permisos mineros más eficientes
La representante de Antamina identificó dos aspectos fundamentales que deberían abordarse para destrabar las inversiones mineras en el Perú: fortalecer la presencia del Estado en los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva y mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos sin reducir los estándares ambientales y sociales.
Cooper explicó que muchas demoras en la tramitación de permisos están relacionadas con la incertidumbre que enfrentan las instituciones públicas al momento de tomar decisiones, así como con las dificultades sociales que se presentan en los territorios.
Desde su perspectiva, resulta necesario contar con mayor claridad respecto de los plazos y costos asociados a los procedimientos, de manera que las compañías puedan planificar sus inversiones con mayor certidumbre. «El costo más alto es el que no se conoce», enfatizó.
Asimismo, señaló que las normas deben contar no solamente con respaldo legal, sino también con legitimidad ante las comunidades, a fin de generar confianza y facilitar el desarrollo sostenible de las operaciones.
Mayor presencia del Estado en zonas mineras
Otro de los desafíos identificados por Cooper es la necesidad de fortalecer la presencia permanente del Estado en las regiones donde operan las compañías mineras.
La ejecutiva explicó que, en numerosas ocasiones, las empresas deben enfrentar directamente problemas sociales y demandas de las comunidades que corresponden a las instituciones públicas.
Advirtió que la intervención estatal suele concentrarse en situaciones de conflictividad, cuando lo necesario es mantener un trabajo continuo que permita atender las necesidades de la población y prevenir futuras controversias.
En ese contexto, destacó que los gobiernos locales y regionales tienen responsabilidades fundamentales en la ejecución de infraestructura y servicios públicos, mientras que el Gobierno nacional debe garantizar un entorno regulatorio adecuado.
Por ello, consideró indispensable articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno con la participación del sector privado, evitando que las compañías mineras terminen sustituyendo las funciones que corresponden al Estado.
Fuente: IIMP.