El Gobierno viene ejecutando el plan de cierre de brechas sociales en Loreto, una de las regiones del país con mayores necesidades básicas insatisfechas. Las demandas sociales de sus ciudadanos hicieron que el Estado las escuche y, desde agosto del 2020, las viene atendiendo, con énfasis en las zonas de influencia de las empresas de hidrocarburos.
Al frente de la ejecución de este primer plan se encuentra Víctor Murillo, viceministro de Hidrocarburos. Él lo define como una lista de proyectos, acciones e intervenciones que tienen como finalidad brindar servicios de salud, electricidad, saneamiento, educación, y más, a las poblaciones que estén alrededor de los lotes de hidrocarburos.
Este plan tiene un horizonte de ejecución de seis años y está valorizado en casi S/ 6,000 millones de inversión.
Murillo responde a las consultas de Desde Adentro, que giran en torno a uno de los planes más esperanzadores para las regiones con influencia directa de las empresas de hidrocarburos.
¿Qué se ha logrado hasta el momento con el plan de “Cierre de brechas”?
Aprobamos este Plan como una política de Estado, para evitar las faltas de compromiso. Se ha logrado establecer un plan de inversiones en obras. Un ejemplo de ello es que el 2020 se logró aprobar alrededor de S/ 215 millones en inversión para salud, educación y más. Este año logramos asignar casi S/ 118 millones.
¿Por qué solo se ha tenido en cuenta a Loreto?
Por los antecedentes y las recientes estadísticas. Loreto tiene mayor necesidad de cerrar brechas, necesita obras de saneamiento y resolver otros problemas más. Por otro lado, porque hay varios pedidos acumulados de esta región, muchos de ellos exigidos con tomas de oleoductos o de estaciones. Existía una serie de compromisos del Estado que no se estaban cumpliendo.
¿Han identificado cuáles otras regiones tienen estas necesidades?
Por un lado, están Tumbes y Piura, por el tema petrolero y gasífero, y por la región sur está Cusco. Por el lado minero, están las regiones que involucran al corredor vial del Sur, Puno, Apurímac y Moquegua. En general, hay bastante trabajo, pero ahora la más importante es Loreto.
Cuando el plan llegue a su fin, ¿qué vendrá?
La idea es que las necesidades más básicas de todas sus poblaciones hayan sido atendidas. Las zonas, regiones o localidades donde se trabajó tendrán más facilidades para el bienestar de sus poblaciones. Sobre esa base plantearemos el trabajo en otras regiones. Este es un proyecto piloto diría yo. A partir de ahí, extenderemos nuestro trabajo, con mejor organización y mayor experiencia.
¿Cuál es el principal objetivo a cumplir como Viceministerio?
Nuestra tarea, básicamente, es promover la industria de hidrocarburos y que el país entero cuente con recursos energéticos, como el gas natural, uno de los recursos más importantes que tiene el país y que cubre más o menos el 70 % de la necesidad de energía, incluyendo la energía eléctrica, combustibles y más. Esas necesidades deben ser atendidas, ese es nuestro objetivo.
¿Solo atenderán las necesidades energéticas?
Vemos que los problemas sociales que están alrededor de los lugares donde trabajamos terminan por generar dudas en la población sobre nosotros, y esto afecta el desarrollo de nuestras actividades, paralizándolas e interrumpiéndolas. Por ello, tratamos de atenderlos con proyectos coordinados con otros sectores, como educación o salud, y que nos acompañen en este esfuerzo.
¿Cómo ha beneficiado a Loreto el plan “Cierre de brechas” durante la pandemia?
Además del tema salud, trabajamos un plan para contrarrestar la paralización de las actividades económicas. El plan de cierre de brechas ha generado una serie de actividades con el MIDIS, Trabaja Perú y el Ministerio de Trabajo, de tal manera que se dinamicen las actividades económicas de la zona.
¿Existe algún tipo de garantía ante cualquier eventualidad que ponga en peligro el plan de cierre de brechas?
Esta es una política de Estado. El plan de cierre de brechas es una decisión del Estado que fue aprobada con un Decreto Supremo el año pasado, en agosto del 2020. Por lo tanto, trasciende a los funcionarios y va a seguir vigente en los siguientes meses y años. A los próximos funcionarios que estén a cargo les corresponde ejecutar, monitorear y garantizar que esta política de Estado se cumpla.