El anuncio de que las mineras pagarán S/ 12,000 millones en impuestos y contribuciones fiscales este año, producto de la buena coyuntura de precios de los metales, es una señal que nuestros líderes deben tomar con atención. Y es que el sector minero, el principal contribuyente del país, no requiere un cambio de reglas de juego.
El último cambio del régimen tributario, que ató la evolución de estas contribuciones a la utilidad operativa de las empresas, es considerado por especialistas nacionales e internacionales como un buen modelo, ya que permite que el Estado recaude más cuando las utilidades son más altas, sin afectar la competitividad de la industria. Así se estima que los aportes al fisco superarán los S/ 85 mil millones en el quinquenio 2022-2026.
Además, este es un esquema competitivo que ha permitido atraer inversiones al sector minero peruano por US$ 60 mil millones en la última década, convirtiéndolo en una importantísima industria que ha apalancado el desarrollo de la economía nacional y de las regiones más alejadas del país.
Lo que sí requiere una verdadera revolución es la gestión de los recursos generados por esta industria que promueve la descentralización productiva, a fin de mejorar con mayor eficacia la calidad de vida de las poblaciones vecinas a los grandes y medianos proyectos mineros. Cerrar las brechas sociales en las regiones y localidades mineras es un desafío, y la principal responsabilidad allí es del Estado, liderando a todos los actores sociales que quieren el verdadero desarrollo.
No caigamos en un error que nos haga retroceder todo lo avanzado. Espantar las inversiones, cambiando las reglas de un juego, no es una opción en la actual coyuntura de grave crisis sanitaria y económica que afronta el Perú.