La industria minero-energética tiene en los espacios de diálogo una herramienta de transformación clave. Si bien para el Estado el diálogo puede ser una herramienta primordialmente de solución de controversias, que destraben los proyectos de inversión, el sector minero energético sostiene que es necesario mantener un permanente diálogo multiactor, es decir fuera del ámbito de conflictos y buscando objetivos y metas comunes entre los actores. Así han surgido espacios reconocidos como Rimay, el Plan de Empresas y Derechos Humanos, o el Plan de Cierre de Brechas de Loreto, en los que, con una mirada de largo plazo y también estratégica, buscan construir consensos y transformaciones.
Bettina Reyna, especialista en Derechos Humanos y Gestión Social del sector Minero Energético de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), señala que las empresas del sector han participado en procesos de diálogo que han resultado claves para las transformaciones positivas en los territorios y la gestión social de las empresas, de las cuales hay mucho que aprender. Un repaso rápido y no exhaustivo a partir de conversar con la especialista arroja nombres de empresas que participaron en destacados espacios de diálogo como Anglo American Quellaveco, Minsur, Antamina, Pluspetrol, Transportadora de Gas del Perú, Repsol y Gold Fields.
Consenso en Moquegua
“A pesar de sus beneficios, el diálogo no siempre es una práctica común. En ocasiones, los espacios de diálogo toman demasiado tiempo, se distorsionan o pierden legitimidad”, dice Mariana Abugattás, presidenta del Comité de Asuntos Sociales de la SNMPE y gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad de Anglo American Quellaveco (AAQ), empresa que ejecuta en las alturas de Moquegua un proyecto de inversión de US$ 5,300 millones para producir cobre a partir del 2022.
El tiempo fue decisivo para la construcción de Quellaveco. “En marzo del 2011 instalamos la Mesa de Diálogo de la región Moquegua, que duró hasta agosto del 2012, fecha en la que se establecieron 26 acuerdos vinculados a recursos hídricos, medio ambiente y responsabilidad social, que deben ser cumplidos en las diferentes etapas del proyecto. La Mesa de Diálogo se desarrolló ejemplarmente, de forma inclusiva y con el consenso de todas las partes: gobierno regional, municipios, Estado peruano y sociedad civil local. Fue, precisamente, el consenso lo que hizo de esta Mesa de Diálogo un ejemplo que incluso fue destacado por instancias internacionales”, comenta la ejecutiva. Precisamente, el Banco Mundial destacó este caso en un informe que tituló “Construyendo desde el conflicto”.
Para AAQ, “es fundamental que exista un mismo entendimiento del concepto de diálogo. Muchos pueden pensar que es solo un intercambio de ideas para estar mejor informados, pero no. Es un mecanismo para solucionar problemas, que nacen no como respuesta a un conflicto, sino de la necesidad de llegar a un acuerdo común”, afirma Abugattás.
Durante el proceso de dos años, Quellaveco decidió atender la preocupación de Moquegua por la disponibilidad de agua para la región y cambió la ingeniería del proyecto para no usar agua del subsuelo; además de crear un Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los Compromisos de la Mesa de Diálogo; hacer un Monitoreo Ambiental Participativo, un mecanismo de participación ciudadana para verificar las condiciones ambientales en las zonas de influencia de Quellaveco; e implementar el Fondo de Desarrollo de Moquegua, encargado de administrar la inversión social comprometida por AAQ para promover el desarrollo sostenible, que asciende a unos S/ 1,000 millones.
De Pluspetrol, su palabra
“La manera más fácil de construir confianza es cumpliendo lo que se promete. De allí que lo acordado o comprometido en un proceso de diálogo debe considerarse como una obligación de inexorable cumplimiento”, comenta Alfredo Zúñiga, gerente de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol, una de las empresas que forma parte del Consorcio Camisea.
Reyna destaca la vocación de diálogo permanente del consorcio, especialmente, por el desarrollo de las comunidades nativas del Bajo Urubamba, bajo el liderazgo de sus organizaciones indígenas.
De hecho, Camisea -al igual que otras empresas energéticas- se ha enfrentado en los últimos meses al desafío que representa para el diálogo la pandemia y el distanciamiento social derivado de ella, y ha probado nuevos esquemas para mantenerlo. “La dinámica de las reuniones virtuales, poco entendida y aceptada aún en sociedades como la amazónica, especialmente por las limitaciones de la conectividad, ha hecho muy difícil el impulso a más procesos de diálogo genuino. Frente a esta limitación, aparece como una alternativa viable, aplicar una versión híbrida de la virtualidad, es decir, propiciar el diálogo presencial con grupos pequeños, pero transmitiendo las secuencias del diálogo a grupos mayores, vía los medios digitales”, comenta Zúñiga.
Minsur y Pucamarca
Hace unas semanas, Gonzalo Quijandría, director de asuntos internos de Minsur relataba los retos que encontraron para desarrollar el proyecto aurífero Pucamarca, en Tacna, en una presentación que formó parte del seminario “Impacto de la minería en la región sur”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
En junio del 2007, cuando se dieron las primeras noticias de este proyecto, hubo una movilización contra Minsur y la prensa era crítica. “Había mucha desinformación, se hablaba de un impacto negativo en el canal de Uchusuma, que es el que provee de agua a la ciudad Tacna, y de relaves de cianuro y mercurio en esta zona”, recuerda Quijandría.
Frente a ello, cambiaron de estrategia. “Establecimos canales de comunicación y alianzas con actores e instituciones claves de Tacna, se contrataron asesores expertos y se determinaron tres claves: tomar la iniciativa en materia comunicacional; hacer explicaciones técnicas entendibles; y tolerancia ante la crítica, para que menguara y poder transmitir nuestros mensajes de que no generaríamos relaves, que dialogamos con las comunidades vecinas, que no usaríamos el agua de los tacneños y que desarrollaríamos una frontera viva, con procesos claros de participación ciudadana”, relató. Estos mensajes se transmitieron en reuniones “1 a 1” con periodistas y actores claves, visitas guiadas, la creación de espacios de análisis sobre minería moderna, mucho trabajo social y publicidad.
Para ganar la confianza de la colectividad, Minsur decidió techar el canal de Uchusuma, con una inversión de US$ 5.5 millones, obra que culminó al 2014, y con los ahorros de este proyecto, US$2 millones, crear un fondo social para el desarrollo de más proyectos hídricos para la ciudad de Tacna y que sirvió para atender la emergencia provocada por la pandemia en el 2020.
Para el 2013, cuando empezó su operación, Pucamarca ya tenía el respaldo de diversas instituciones y líderes de Tacna, cambió las percepciones de sus opositores, con una prensa dialogante y grupos anti mineros aislados, que ya no se oponen al proyecto. Ocho años después de empezar operaciones, en el 2021, Pucamarca sigue trabajando sin tener un solo conflicto social.
La receta de Gold Fields
La sudafricana Gold Fields puso otro ejemplo interesante: la Mesa de Diálogo y Concertación del distrito de Hualgayoc, en Cajamarca, que se impulsó para lograr, a través de proyectos de infraestructura, educación, salud, agua y desarrollo productivo, la sostenibilidad de sus actividades mineras. “La clave es colocar en el centro al desarrollo e involucrar a todas las entidades relacionadas, con el único objetivo de darle sostenibilidad a los proyectos. Lo relevante es considerar todas las opiniones y mantener un proceso de escucha activa donde todos expongan sus diferencias para luego llegar a un consenso, dejando de lado los intereses personales por el bien común», subrayan.
Para Gold Fields, que viene de una tradición de líderes que promueve la inclusión y la diversidad, “es importante tener un conocimiento profundo y detallado de la realidad y de las necesidades de los grupos de interés. Sumado a ello, una política transparente, permanente y constructiva hará posible el diálogo y la buena predisposición de todos los líderes involucrados. Comunidad, empresa privada y Estado son los actores claves para desarrollar un proceso de diálogo exitoso y a su vez, una gestión sostenible que tenga un impacto real en la calidad de vida de las personas”, comentaron.
Otros espacios y futuro
Reyna comenta que el Plan de Cierre de Brechas en Loreto es un importante modelo que permite evidenciar que es posible transformar el conflicto en oportunidades de desarrollo. “En todo espacio hay objetivos e intereses comunes a todos los actores y de eso se trata este Plan. Se partió del consenso en trazar la línea base de necesidades básicas insatisfechas y las prioridades, con la participación de autoridades, comunidades, y empresas de la región Loreto”, comentó. El proceso, con 1,028 proyectos y S/ 6,000 millones que se destinarán para la realización de obras durante 6 años, demandó más de un año de trabajo hasta que el Estado anunció su aprobación, motivado por el clamor de las comunidades de la Selva Norte por la carencia de servicios esenciales.
Por su parte, la dinámica generada para la construcción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos es un ejemplo de espacio de diálogo multiactor que llega a resultados concretos, “porque todos los actores teníamos el interés de contar con una hoja de ruta en materia de derechos humanos y empresas, que aporte en la construcción de un mejor país”, comenta la ejecutiva. El proceso tomó más de dos años, con 132 actores, entre los que destacan el Ministerio de Justicia, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, desde el Estado; así como los gremios empresariales privados como CONFIEP y la SNMPE; y la sociedad civil a través de sindicatos, organizaciones indígenas y ONG. También participaron agencias como la OECD, la OIT, la ACNUDH y algunas embajadas.
Si como dice Alfredo Zúñiga, de Pluspetrol, que “nada fastidia más a los interlocutores de un diálogo que las palabras sin hechos, que las actas sin ejecución, que los plazos sin realización”, parece que las empresas y el sector público han echado a andar algo que ya no se puede parar. Ojalá.
