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Gobernanza e institucionalidad: claves para una mejor gestión del agua

Expertos debatieron sobre uno de los puntos prioritarios a fortalecer en el Perú: una sólida institucionalidad para encaminar un plan coordinado de la gestión de los recursos hídricos. Coincidieron en la necesidad de convertir a la Autoridad Nacional del Agua en un ente con mayor autonomía.

Informe Simposium Agua (Credito Creative Vix)

“Todos tenemos conciencia de la importancia del agua para nuestras vidas y para el desarrollo económico del país (…) y desde el sector productivo y en particular del sector minero energético existe un claro compromiso con el uso eficiente y sostenible del agua”, dijo Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al introducir el XII Simposium del Agua, llevado a cabo el 27 y 28 de octubre.

El compromiso al que se refiere el presidente de la SNMPE está basado en la evidencia: de acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 80% de este recurso se utiliza en el sector agrícola, mientras que en la actividad minera a nivel nacional representa solo un 2% del total de volumen anual utilizado; sin embargo, cuenta con las mejores prácticas de aprovechamiento del recurso hídrico. 

“Somos un país en el que nuestra agricultura usa muchísima agua, pero con muy poca eficiencia”, dijo Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, tras las palabras de bienvenida de Jacob. Como parte de su conferencia magistral Brechas en la infraestructura hidráulica en el Perú, brindó un diagnóstico general para entender la problemática en torno al aprovechamiento del agua en el país.

“Estamos entre los 20 países del mundo con mayor disponibilidad per cápita del agua. Sin embargo, enfrentamos una distribución asimétrica del recurso. Tenemos regiones del país donde cada persona tendría acceso a mucha agua, pero en otras regiones muy poco acceso”, señaló Von Hesse. “Hay más de 300 mil hectáreas que se han dañado en el país por salinización o empantanamiento, por consecuencia directa del uso excesivo del agua en algunas partes de la costa peruana, donde la red institucional es muchas veces caótica”, agregó el especialista.

En ese sentido, apuntó a la Autoridad Nacional del Agua: “Debería ser un ente autónomo multisectorial, no dependiente del Ministerio de Agricultura y su enfoque debería ser a nivel de cuenca”.

Un problema institucional

Fernando Cillóniz, politólogo y experto en temas agrícolas, quien abrió el panel Desafíos de la gobernanza e institucionalidad del agua, dividió el problema hídrico en tres partes: lo político, lo social y lo económico. 

“En lo político, el hecho de tener una Autoridad Nacional del Agua es muy positivo, pero no es tan autoridad y menos nacional. En la práctica, vemos una dependencia sectorial del Ministerio de Agricultura”, dijo, enfático. En cambio, coincidió en la necesidad de crear una institución autónoma, transversal y profesional, que no dependa solo de un sector y que propicie una mayor continuidad en los cargos en el largo plazo.

En el plano social, Cillóniz destacó el papel de las 159 cuencas hidrográficas del Perú —distribuidas en la costa, la región amazónica y en los alrededores del lago Titicaca— que ofrecen 2 billones de metros cúbicos de disponibilidad de agua cada año, así como la importancia de involucrar a todos los usuarios, especialmente en las comunidades altoandinas. 

Además, se refirió a la aprobación de la figura del Canon Hídrico, indicando que le “parece que va a pasar lo mismo que con la minería: el canon no se entrega a una institución especializada, sino a alcaldes, gobernadores, siendo el problema del canon en el Perú un problema de administración”.

Caso Chile: desafíos en común

“Chile lleva 13 años de sequía sin precedentes, acompañado de un aumento de la demanda que ha causado una creciente escasez hídrica, que no solo ha afectado al sector productivo, sino que también ha condicionado la disposición de agua para muchas personas”, refirió Paul Dourojeanni, líder de Gobernanza en Recurso hídricos de Fundación Chile, quien relató su experiencia en los avances en el marco de gobernanza e institucionalidad del agua. 

En el 2016, iniciaron un trabajo colaborativo entre múltiples actores del sector público, privado y la sociedad civil, para implementar medidas y acciones hacia la seguridad hídrica en un contexto desafiante: Chile sería el único país latinoamericano en pasar por un estrés hídrico alto al 2040, lo que, además, enfrentaría al país no solo a un escenario de crisis climática sino también a una crisis social, advirtió.

En el 2018 proyectaron dos escenarios: uno tendencial, producto de la forma en la que se están tomando las decisiones, con un escenario poco alentador, y un escenario sustentable: una visión futura que implicaba un cambio de paradigma. A esta estrategia se le denominó “transición hídrica” y se basó en cuatro ejes: institucionalidad del agua, eficiencia, conservación de los ecosistemas hídricos y migración e incorporación de fuentes no tradicionales de agua. 

“El diálogo, la participación y la construcción colectiva de los informes ha sido la mayor diferencia de otros procesos que hemos tenido en el país anteriormente y que, junto con la base científica robusta, permitió avanzar y consensuar las medidas necesarias para la transición”, indicó Dourojeanni. Así, la evidencia mostró, por ejemplo, que un 70% de los problemas de escasez hídrica se deben a la acción humana y que un 44% de las causas de los problemas territoriales tenían que ver con el desafío en torno a la gobernanza, la institucionalidad y la gestión de los recursos hídricos en el país.

“Descubrimos que la capacidad de una buena gobernanza está condicionada a la efectividad de la institucionalidad: políticas claras, coherentes y efectivas y de instituciones tanto públicas como privadas para estar en sintonía con el desarrollo del país. Yo creo que aquí se revela un problema en común como países latinoamericanos y una semejanza con el Perú: la institucionalidad de Chile ya se enfrenta a serios desafíos”, afirmó.

Por su parte, en cuanto a la institucionalidad indicó estar de acuerdo con la creación de una autoridad única y autónoma. “En Chile estamos avanzando hacia ese punto. Sin embargo, los desafíos en torno a la institucionalidad: la falta de liderazgo, la superposición de funciones en las instituciones, entre otras cuestiones, impide que avancemos hacia la seguridad hídrica”, concluyó.

Al rescate de las mejores prácticas

Vinio Flores, director del Centro de Gestión del Agua y Medio Ambiente de Gerens, destacó el caso RIMAY – Centro de Convergencias y buenas prácticas minero energéticas. Analizaron 19 estudios de casos nacionales e internacionales, incluyendo a la sociedad civil, el Estado, el sector productivo y la Academia. 

El trabajo de seis meses, que incluyó a 32 miembros que participaron activamente, arrojó cuatro conclusiones principales: garantizar soporte técnico, científico y tecnológico para la toma de decisiones; replicar las mejores prácticas de uso y gestión del agua; otorgar preponderancia a la infraestructura verde y basada en la naturaleza; y priorizar la participación inclusiva multiactor y un espíritu convocante. 

Por su parte, Julián Li, socio del área de Recursos Hídricos de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, apuntó a un estudio de la OCDE que señala que desde el 2018 el Perú ha tenido cambios de autoridades y prioridades en la agenda país. Por ejemplo, anotó, en los últimos 60 días se han emitido 37 resoluciones jefaturales de cambio de autoridades desconcentradas de la ANA (11 de las 14 autoridades administrativas de agua y 26 administraciones locales de agua). 

“Es un porcentaje altísimo de movimiento. Llama la atención la rapidez de los cambios. Un caso extremo: un director fue nombrado y destituido en seis días. Hablar de gestión del agua, institucionalidad, gobernanza en seis días, es imposible. Para el parámetro OCDE no hay manera de sostenerlo”. 

Frente a esta problemática, explicó que “tenemos la obligación de empujar una solución”. Y, tal como plantearon los demás expertos, coincidió en la necesidad de convertir la ANA en un ente autónomo, que asegure su jefatura a mínimo, 5 años, para garantizar medidas de mediano y largo plazo.

Los desafíos están planteados. El reto, ahora, es traducirlos en acciones concretas.

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