Commodites (22/11/22)

Petróleo 81.48 US $/Barril WTI
Oro 1,741 US $/ Oz. Tr.
Cobre 7,900 US $/TM
Plata 21.03 US $/Oz. Tr.
Estaño 21,600 US $/TM
Plomo 2,111 US $/TM
Zinc 2,930 US $/TM
TIPO DE CAMBIO AL DÍA DE: 21-11-2022
MONEDA DÓLAR EURO L. ESTERLINA
COMPRA 3.831 3.772 4.233
VENTA 3.838 4.314 4.745

Últimas noticias

Cusco: Inversión de más de S/ 3.8 millones permite implementación de equipos tecnológicos para 46 escuelas de Espinar

Cusco Inversión de más de S 3.8 millones permite implementación de equipos tecnológicos para 46 escuelas de Espinar

ISA REP y la PUCP buscan aliado para la realización de proyecto de innovación abierta

ISA REP y la PUCP buscan aliado para la realización de proyecto de innovación abierta

Líderes vecinales de Talara fortalecen sus capacidades en gestión pública, gobernabilidad y liderazgo

Líderes vecinales de Talara fortalecen sus capacidades en gestión pública, gobernabilidad y liderazgo
Ver todos >

¿Qué depara el nuevo marco laboral?

En el marco del 8° Simposium de Recursos Humanos en el sector minero energético, cuatro expertos analizaron las amenazas que se ciernen sobre el panorama laboral peruano con la nueva regulación sobre tercerización, la Ley de relaciones colectivas de trabajo y el anteproyecto del Código de Trabajo. 

Laboral

Desde la pandemia en adelante, el sector laboral peruano ha venido recuperándose lentamente. En la actualidad, después de casi tres años, el empleo está un 3% o 4% por encima de los niveles prepandemia. El Perú, pese a haber tenido una caída mucho más fuerte —casi de un 40% en el PBI— en comparación con otros países de la región, se ha recuperado más rápido y, con ello, también ha caído la tasa de desempleo, según el análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE). Y si el empleo se ha recuperado, en el sector minero lo ha hecho incluso más rápido, logrando números récords de contratación. 

Hasta ahí, las noticias positivas. Sin embargo, esta recuperación del empleo nacional ha sido principalmente en el sector informal. “Habíamos tenido una tasa de formalidad estancada, en promedio, del 65.6%, del 2016 al 2019, pero llega la pandemia y salta hasta el 71%. Y nos quedamos ahí, mucho más parecido a lo que teníamos durante lo peor de la pandemia. Eso se ha traducido también en menores salarios”, explica Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Con este análisis inició el bloque “Nuevo marco laboral que nos espera”, del 8° Simposium de Recursos Humanos en el sector minero energético, para luego dar paso a las políticas laborales que se han implementado sin diálogo social entre empleadores y trabajadores durante la nueva administración. Macera advierte que estas medidas volverán aún más rígido el mercado laboral y, con ello, se dificultará aún más un proceso clave en la economía peruana: la formalización.

La exposición de Macera dio paso a las intervenciones de Jaime Cuzquén, abogado laboralista, socio de consultoría laboral en EY Perú; Jorge Toyama, especialista en Derecho Laboral y socio de Vinatea & Toyama; y Mónica Pizarro, abogada con experiencia en asesoramiento en Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social, socia de Estudio Echecopar.

Tercerización

Las restricciones a la tercerización afectarían a una gran proporción de empresas que generan empleo formal en el país, explicó Macera. Según Apoyo Consultoría, el 82% de las empresas encuestadas de varios sectores utiliza estos esquemas de contratación, especialmente en el sector minero. No obstante, la intensidad del uso de la tercerización es baja ya que, en la mayoría de los casos, los trabajadores tercerizados representan menos del 10% del total. 

Sin embargo, Macera explica que la medida no solo atenta contra el principio básico de especialización y de innovación en las compañías del sector minero, sino que sobre todo propicia la pérdida de productividad empresarial y el incremento de costos laborales, “que ya de por sí son elevados en el Perú respecto del resto de países de América Latina”, acotó.

Jaime Cuzquén, de EY Perú, señala que si bien lo laboral y lo legal son importantes, el tema es esencialmente político. “El Gobierno está totalmente marcado en su posición de desarrollar la Agenda 19, que lo único que hizo es incorporar las pretensiones de los sindicatos. En un año, 12 de los 19 puntos ya se cumplieron”, apuntó.

Sin embargo, aunque la gran mayoría cuestiona la norma, “la reducción del uso de la tercerización va a ser la tónica, es una tendencia y viene acotándose en diferentes países de la región”. Como conclusión, señaló que se debe comenzar a gestionar al tercero, identificar quiénes son y qué hacen, así como definir un rol y responsabilidad entre empresa principal y el tercero. “No hay otra alternativa”, comentó.

Negociaciones colectivas

Para el IPE, el principal riesgo de las negociaciones colectivas es crear un contexto de mayor conflictividad entre trabajadores y empleadores. “Esto no es hipotético, ya pasó en las décadas de los setenta y los ochenta: horas hombre perdidas por un mal diseño institucional en el que se fomenta más la conflictividad que la solución sana y razonable de conflictos”, explica Macera. Y agrega: “La materialización de las medidas de la Agenda 19 podrían acentuar la pérdida de competitividad que registra el Perú como una plaza atractiva para la ejecución de nuevas inversiones mineras”. 

Según el Instituto Fraser, durante los últimos años, el Perú ha pasado de ser uno de los países con mejor percepción de políticas para la minería en la región, a situarse por debajo de Ecuador, Colombia y Brasil. “Partimos en el 2008 de ser el segundo país más competitivo, solamente Chile nos ganaba hace cuatro años, a estar básicamente en el último puesto, con una caída sostenida por esta percepción laboral de un ambiente poco amigable para las inversiones dentro de políticas públicas”, concluye Macera. 

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, señala que “ya son varias las empresas que impulsan acciones de amparo —dos en el sector minero—, así como acciones populares, como ya lo han hecho los gremios, sobre todo con aquellas normas que limitan el arbitraje o restringen la huelga, que es donde están las mayores restricciones de este reglamento que impulsan los sindicatos”.

Para el experto, la carta que queda por jugar es impulsar la gestión humana y trabajar con líderes de las empresas. “Lo primero que tenemos que hacer es cómo prevenir los conflictos, cómo hacer que el trabajador no vaya al dirigente sindical, a la Sunafil, a la prensa, sino que toque la puerta del capataz, del supervisor, del superintendente de minas. Ese es el gran reto, y que este esté dispuesto a abrir la puerta”, concluye.

Código del trabajo

Para Mónica Pizarro, socia del Estudio Echecopar, detrás de la tercerización y el reglamento de la Ley de relaciones colectivas de trabajo está el anteproyecto del Código de trabajo. Este, advierte, restringe el poder de las empresas para gestionar sus relaciones laborales. Ello a través de la eliminación de la figura del trabajador de confianza, la solicitud de autorización judicial previa para terminar la relación laboral de los trabajadores amparados por el fuero sindical a pesar de haber cometido una falta y de la eliminación del tope de 12 sueldos de indemnización por despido, entre otras medidas.

Si bien Pizarro cree que este anteproyecto de más de 400 artículos está lejos de ver la luz en el corto o mediano plazo, “no significa que no tengamos que prestarle atención”, argumenta.

Hacia el largo plazo

“Para el 2023, se espera un menor dinamismo en la creación de empleos formales ante el aumento de los costos laborales que está generando la implementación de la Agenda 19”, explica Macera. “En episodios previos, la persistente caída de la confianza empresarial se ha traducido en una menor creación de puestos de trabajo formales, y el sector minero es uno de los que muestra un mayor pesimismo frente al incremento de la complejidad regulatoria laboral”, señala Macera.

Otro factor que limitará el crecimiento del empleo formal está vinculado al menor dinamismo de la inversión privada. Un entorno internacional menos favorable, sumado a la incertidumbre política y regulatoria local, limitará la ejecución de proyectos de inversión de gran envergadura del sector privado. Desde el IPE, se anticipa que la inversión privada caerá 3% en el 2023.

“Minería, para el próximo año, debería tener una caída en inversión de más o menos 15% a 16%, principalmente por el hueco que deja Quellaveco”, explica Macera. “Quellaveco está invirtiendo a un ritmo de US$ 1,000 millones por año. Para el siguiente año ya no hay, empieza la producción. El proyecto ayuda al PBI, no por inversión sino por producción, pero si uno ve nada más inversión minera no hay nadie que cubra ese hueco que deja”.

Problema de fondo

“El punto central con estas normas, con este poco incentivo a la contratación, es que no atacan el problema de fondo, que es la productividad del trabajador peruano”, dice Macera, y advierte un problema mayor: “La mayoría de puestos de trabajo se concentra en microempresas y son informales. La productividad de las empresas grandes es casi 20 veces la de las microempresas. La regulación que se está tratando de empujar hace aún más difícil que las pequeñas empresas puedan y quieran dar el salto a ser medianas, y las medianas a las grandes”.

“Lo que yo sugiero es dar incentivos para que más empresas grandes —que ya tienen una estructura, capital, créditos, proveedores, red de clientes, todo un ecosistema— contraten más trabajadores. Sea como contratistas, terceros, eso no importa. Lo importante es que sean más productivas. Ese es un camino mucho más rápido que tratar que una masa enorme de pequeñas empresas pueda crecer”, concluye Macera.

Notas relacionadas

Simposium de Recursos Humanos
19/09/2022

El “modelo híbrido” del trabajo presencial o virtual en el centro del debate