Los acontecimientos ocurridos durante los últimos días en el país nos comprometen a refirmar nuestros principios democráticos en esta coyuntura aún incierta en la vida del Perú Bicentenario.
Por ello, expresamos en su momento nuestro rechazo y condena al fallido golpe de Estado que anunció Pedro Castillo Terrones, pues la arbitraria medida atentaba contra la democracia y la gobernabilidad del país. Felizmente, en las horas posteriores a este anuncio, las instituciones del país actuaron y se unieron en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.
Así, se produjo una sucesión presidencial ordenada y apegada a la Ley, para asegurar la gobernabilidad que el país requiere.
Pero, luego de ello, el clima social del país entró en una espiral de violencia que solo nos dejará más atraso y miseria, pues está afectando a toda la inversión productiva del país, a la pequeña, mediana y gran empresa, así como a los ciudadanos de a pie, que buscan trabajar y llevar el sustento a sus familias.
Por eso, es necesario detener la impunidad con la que actúan los grupos violentistas que a su paso atacan y destruyen locales públicos y privados, bloquean carreteras y sabotean las operaciones de los terminales aéreos y de activos críticos del sector energético del país.
Estos bloqueos impiden el normal abastecimiento de combustibles de distintas regiones; y ocasionan serios contratiempos a diferentes operaciones mineras que se han visto afectadas en los procesos de abastecimiento de insumos, alimentos, reemplazo de personal y traslado de producción.
Por ello, el Estado y sus instituciones deben asegurarse de que retomemos el diálogo y la búsqueda de consensos que nos lleven a la paz social y que se restablezca el clima de confianza necesario para volver a la senda del desarrollo que como país merecemos.
Además, es necesario trabajar arduamente y agotar todos los mecanismos para reconstruir la confianza en las instituciones del Estado peruano, premiando la meritocracia y luchando contra la corrupción frontalmente para que los responsables de los actos que han dañado la moral del Perú sean condenados bajo el imperio de la Ley.
Asimismo, invocamos a la Policía Nacional y al Ministerio Público a identificar y detener a los agitadores de la escalada de vandalismo que, sin ninguna agenda, buscan instaurar la anarquía. Nuestras autoridades deben garantizar los derechos y la seguridad de los 33 millones de peruanos que deseamos vivir y trabajar en un país con paz social.