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Magaly Bardales: “El sector minero cuenta con un régimen tributario competitivo”

La presidenta del Comité Sectorial Minero apuntó a la necesidad de buscar de manera coordinada con el Estado y organizaciones representativas de la población, alternativas para prevenir y tener respuesta inmediata a situaciones de conflictividad social.

Magaly Bardales

Desde Adentro conversó con Magaly Bardales, presidenta del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien, al cierre de su gestión, reflexionó sobre los retos, la desafiante coyuntura que enfrentó el sector y las oportunidades que se presentan para la siguiente.

¿Qué balance hace de su gestión al frente del comité sectorial?

Tengo una visión optimista. Creo que el balance es positivo aun cuando la coyuntura que nos ha tocado no ha sido fácil, caracterizada por la permanencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19, una gran volatilidad política que definitivamente impacta en las inversiones, y las constantes situaciones de conflictividad social que encontraron mayor cabida ante los enfrentamientos entre los poderes del Estado.

Así, durante nuestra gestión el sector minero apoyó decididamente con la lucha contra la COVID-19, gestionándose la entrega de 45 plantas de oxígeno medicinal; la dotación y transporte de 1,000 toneladas de oxígeno desde Chile; la revisión y difusión de acciones empresariales de apoyo a las campañas de vacunación orientadas a la dotación de brigadistas; apoyo logístico para distribución de vacunas; y la adaptación de espacios como centros de vacunación, entre otros aspectos. 

También se continuó con las reuniones en el espacio de la Mesa Ejecutiva Minera con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se discutió sobre diversos procedimientos que debemos mejorar para lograr un mayor dinamismo en el sector. A nivel de la gerencia minera se realizaron diversas consultorías, tanto para temas ambientales (cambio climático, cabeceras de cuenca) como legales (herramientas de defensa legal ante cambios constitucionales, barreras burocráticas frente a procedimientos administrativos, entre otros). Además, se trabajaron los temas de canon y cómo mejorar su ejecución; y el tema de minería informal e ilegal, elaborando un mapeo de actores. Cabe destacar, también, la reactivación del Grupo de Trabajo sobre este tema, así como la campaña en RPP [La buena minería] para brindar información respecto a las consecuencias de la minería ilegal.

¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó el sector minero?

Sin duda uno de los principales fue el no contar con interlocutores permanentes y, algunas veces, con la suficiente capacidad técnica con los cuales se pudiese intercambiar posiciones sobre temas relevantes para el sector. Los constantes cambios de ministros y también dentro de posiciones que requieren experiencia y conocimientos en distintas entidades públicas fueron un reto. Se hizo un llamado para que los cuadros sean los idóneos, pero lamentablemente no hubo respuesta oportuna.

Otro aspecto complejo y que trajo repercusiones fue la falta de un ánimo de diálogo para tomar algunas decisiones que requerían la búsqueda de consensos entre el Estado, las empresas y otros actores sociales. El caso más notorio fue la emisión del Decreto Supremo que modifica las condiciones para la tercerización, limitándola más allá de lo establecido en la Ley. Esto representó un impacto para el sector, pues se trata de una herramienta vital para actividades como la minería, donde se requiere la realización de muchas tareas especializadas. Esta decisión no dialogada afectó no solo a las empresas del sector minero, hidrocarburos o eléctrico, sino a todos los sectores económicos en general.

El complejo contexto de convulsión social fue también un desafío para muchas empresas del sector, situaciones que no tuvieron una respuesta oportuna y efectiva por parte del Ejecutivo, y en algunas ocasiones incluso promovido y justificado por algunas autoridades. Esta situación llevó incluso a algunas empresas a tomar la decisión de detener o reducir el ritmo de sus operaciones, con la consecuente afectación a la economía del país.

 ¿Qué avances se lograron en el sector?

Aún con las dificultades descritas, uno de los principales logros fue sustentar y posicionar la premisa de que el sector minero cuenta con un régimen tributario competitivo, que permite al Estado una recaudación óptima para la atención de las aún vigentes brechas en servicios básicos e infraestructura que requiere la población. Demostramos que las iniciativas de reformarlo no contaban con un adecuado sustento técnico, y representaban más bien una amenaza para la atracción de inversiones mineras al país.

Además, logramos posicionar el mensaje sobre la necesidad de hacer más efectivo y eficiente el uso de los recursos que ya genera la minería a través del pago de tributos, así como de las transferencias de canon y regalías a los gobiernos subnacionales. Por ello, impulsamos la elaboración de propuestas para hacer más eficiente la ejecución de estos recursos. Una de las herramientas que identificamos fue el reforzamiento de la figura de los Proyectos Especiales de Inversión Pública, en los que Unidades Ejecutoras con personal altamente calificado permiten la ejecución de proyectos de inversión enfocados en las necesidades de la población y atendiendo las principales brechas sociales identificadas en los territorios. Dicha propuesta se complementa con el fomento de iniciativas de cofinanciamiento de planes de negocios de ámbito local, así como la creación de un Fondo de Estabilización. Estos planteamientos fueron compartidos con distintas instancias del Estado. 

¿Y en otros ámbitos?

En materia regulatoria, y aunque sin el dinamismo de hace algunos años, el marco de la Mesa Ejecutiva sirvió para impulsar algunas disposiciones favorables al sector. Se impulsaron las normas que habilitan la reprogramación de los compromisos en los instrumentos ambientales; así como la posibilidad de dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia no previstas en los instrumentos de gestión. También se impulsó la definición de una posición clara de los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas (MINEM) sobre la viabilidad de gestionar Informes Técnicos Sustentatorios para la modificación de cronogramas de los instrumentos ambientales; así como la ampliación del proceso de revisión de las modificaciones planteadas por el MINEM al Reglamento de seguridad y salud ocupacional minero.

En cuanto al aspecto ambiental, impulsamos la adopción del Principio 12 de nuestro Código de Conducta, sobre el compromiso de nuestro gremio con acciones frente al cambio climático. Como parte de ello, concretamos además la sistematización detallada de iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático de nuestro sector, habiendo identificado 233 acciones climáticas, incluyendo medidas de adaptación y mitigación.

En el ámbito de las comunicaciones, el impulso y reforzamiento de nuestra campaña “Minería de Todos” nos ha traído importantes avances en el acercamiento de la actividad minera a la población y, para ello, hemos utilizado todos los medios posibles, empezando por redes sociales, radio, televisión y prensa. En estos espacios hemos abordado de manera sencilla temas como las oportunidades para el mejor uso por el Estado de los recursos generados por la minería, la viabilidad de la convivencia de la agricultura y la minería, teniendo como eje articulador al agua, acciones ambientales, minería y su vinculación con la tecnología, entre otros. Nos hemos propuesto, además, potenciar el acercamiento del gremio a las regiones, a través de actividades académicas y con la prensa. Este año iniciamos con las regiones de Cusco, Cajamarca y Trujillo.

En el campo social, se pudo definir propuestas gremiales en materia de prevención de conflictos, la actualización de nuestra Guía de Quejas y Reclamos; el impulso a una consultoría para elaborar la Guía de Debida Diligencia; y el mantenimiento del liderazgo en materia de empresas y derechos humanos.

¿Qué desafíos quedan pendientes?

Si tuviera priorizar, empezaría por mencionar la necesidad de buscar de manera coordinada con el Estado y organizaciones representativas de la población, alternativas para prevenir y tener respuesta inmediata a situaciones de conflictividad social. Y para ello, uno de los frentes por trabajar es la búsqueda de los mecanismos más efectivos para lograr la reducción de las brechas sociales que, en gran medida, alientan los conflictos a los que se ve sometido nuestro sector. Además, contar con un adecuado sistema para el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos a los que se arriba en los distintos espacios de diálogo.

Además, tenemos aún una ardua tarea por modernizar y simplificar nuestro marco regulatorio. El reforzamiento de la Mesa Ejecutiva que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y el involucramiento y compromiso de las distintas autoridades que interactúan en dicho espacio para encontrar soluciones al enmarañado normativo y procedimental del sector resulta vital. Hacemos votos porque recobre el dinamismo de hace algunos años.

Finalmente, seguir trabajando para comunicar mejor nuestra realidad, nuestras particularidades como sector y nuestro aporte y compromiso constante con el desarrollo del país.