Commodites (10/04/24)

Petróleo 90.49 US $/Barril WTI
Oro 2327.80 US $/ Oz. Tr.
Cobre 9360.00 US $/TM
Plata 27.84 US $/Oz. Tr.
Estaño 30585 US $/TM
Plomo 2119.50 US $/TM
Zinc 2660.00 US $/TM
TIPO DE CAMBIO AL DÍA DE: 10-04-2024
MONEDA DÓLAR EURO L. ESTERLINA
COMPRA 3.701 3.647 4.633
VENTA 3.710 4.337 5.005

Últimas noticias

Actualización de tarifas eléctricas en el mes de abril 2024

Osinergmin

Pasco: AMSAC presentó el Plan de Cierre Ambiental de la Relavera Quiulacocha

AMSAC Plan de cierre Quiulacocha

MINEM: Más de 30 mil familias contarán con luz en sus hogares con programa Electricidad al Toque

Electricidad Al Toque
Ver todos >

Luis Miguel Castilla: “Si no es por la actividad minera, la contracción económica del Perú alcanzaba el 2%”

Además, remarca la necesidad de contar con voluntad política, la amenaza de la minería ilegal y propone una colaboración público-privada más efectiva para impulsar el desarrollo nacional.

Luis Miguel Castilla

En entrevista con Desde Adentro, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, destaca los desafíos del sector minero energético para impulsar la transición energética y acelerar la inversión privada. Además, remarca la necesidad de contar con voluntad política, la amenaza de la minería ilegal y propone una colaboración público-privada más efectiva para impulsar el desarrollo nacional.

¿Cuál es su balance respecto del sector minero energético y su rol para promover las inversiones en el Perú en un contexto de recesión?
La actual estrategia de impulso económico, basada en ampliación de gasto público y medidas sectoriales, no ha dado resultados y amerita un cambio. Si uno considera el crecimiento del país en los primeros tres trimestres del año, entre enero y septiembre, tuvimos una contracción de 0.6%. Y si no hubiese sido por la actividad minera, esa contracción hubiese sido del 2%. La minería aporta 11% al PBI y si se suman las actividades y servicios conexos, probablemente lleguemos al 15% del PBI. Esto convierte a la minería en un sector absolutamente clave para la reactivación; sin embargo, apreciamos que la inversión minera es una fracción de lo que teníamos en el pasado. Hace 10 años se invertía, en promedio, US$ 9 mil millones. Hoy en día esa inversión llega a la tercera parte de ese monto. Y esto, pese a que se mantiene competitiva la plaza minera en términos de costos bajos de energía; el potencial metalúrgico y geológico del país sigue siendo muy atractivo.

¿Cuáles son las medidas clave para aprovechar de manera efectiva la transición energética y una demanda de cobre que se duplicaría en los próximos años?
Un punto clave es reducir los costos de transacción para las inversiones en exploración y aprovechamiento del potencial minero sin que eso signifique debilitar los estándares sociales y ambientales a los que el Perú se ha comprometido. Esto es fundamental, especialmente por lo engorroso que resulta cumplir con la tramitología vinculada a las aprobaciones de instrumentos sociales y ambientales. En el Perú, múltiples entidades opinan y no todas de manera consistente; hay mucha duplicidad y un total incumplimiento de los plazos legales: lo que debe tomar un año acaba tomando cuatro. La solución pasa por una simplificación administrativa, por la implementación de una ventanilla única y digital, que se ha anunciado, pero que todavía no se pone en marcha, y todo lo que significa hacer una reingeniería de tal manera de que haya mayor consistencia y menores costos de transacción. Eso es lo primero: simplificación administrativa para mantener el atractivo del país como plaza de inversión, promoviendo estándares sociales y ambientales.

¿Cuál es su percepción sobre la gestión de los conflictos sociales en el sector minero energético?
Lo fundamental es trabajar una gestión mucho más efectiva del territorio para reducir la incidencia de conflictos sociales. La conflictividad social ha sido un factor que ciertamente ha significado un costo importante para el desarrollo de diversos proyectos mineros, y el manejo de la conflictividad social ha conllevado al establecimiento de mesas de diálogo inconclusas, que usualmente acaban con una serie de compromisos incumplidos. Las expectativas defraudadas de la comunidad tienden a ser caldo de cultivo de la oposición a proyectos que ciertamente tienen enormes beneficios potenciales en las zonas de influencia. Se requiere un manejo diligente y proactivo de los conflictos sociales, y para esto se tiene que empoderar al Ministerio de Energía y Minas en la materia, para que lidie con estos procesos que actualmente dependen de la diligencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero en la PCM tienden más bien a privilegiar la desactivación del conflicto, y no necesariamente a que se cumplan los acuerdos y menos a que se establezcan las condiciones mínimas para que las inversiones se materialicen.

¿Cómo evalúa la situación actual en cuanto a la distribución del canon minero? ¿Sigue siendo el gran problema de la minería peruana?
Tenemos una renta minera muy significativa en términos de pago de canon, de regalías, pero tenemos serias dificultades en los gobiernos locales y regionales receptores de esa renta de hacer un buen uso de esos recursos. No solamente está el problema de baja ejecución presupuestal, sino existen serias deficiencias en materia de planificación, formulación de proyectos, inconducta funcional y corrupción, —lamentablemente— en proyectos muy pequeños que no logran cerrar brechas. Existen también problemas de limitadas capacidades y de carencias de la gestión pública que impiden que esa renta minera beneficie de manera amplia a la población, no solamente en la zona de influencia directa, sino en jurisdicciones vecinas. Eso se da especialmente en proyectos que, por ejemplo, tienen corredores logísticos que muchas veces no se benefician de la renta minera; estoy pensando en el corredor vial del sur, donde hay provincias aledañas que no reciben transferencia alguna y, en ocasiones, sufren de externalidades negativas sin ninguna compensación a cambio. Mejoras en esos tres ámbitos —tramitología, conflictos sociales y distribución del canon— permitirían aumentar la inversión y potenciar la producción que tenemos de cara a una enorme demanda futura.

Hay una cartera amplia de proyectos mineros en torno a los US$ 53 mil millones. Pero, proyectos mineros, como Tía María, que son casi inmediatos, por ejemplo, siguen paralizados. ¿Falta voluntad política?
El Gobierno está en una situación muy precaria, debilitado, que rehúye a cualquier posibilidad de conflicto social. Tía María ya cumplió con todos los requisitos y la población ciertamente se beneficiaría de la solución que ha planteado Southern Perú, que es la titular de ese proyecto: dotar de un represamiento que abastezca de recursos hídricos para uso agrícola, para el consumo humano y abastecer la pequeña proporción que utilizará la mina. Pese a ello, se tienen que crear las condiciones, no solamente a nivel del Gobierno nacional sino también del regional. Y esto está ausente. En este marco, falta mayor voluntad política para incursionar en nuevos proyectos. Lo que ha centrado la atención son los proyectos brownfield, las ampliaciones, las optimizaciones, y lo que tenemos son proyectos que no tienen ni la envergadura ni la escala que hemos tenido en el pasado, y esto explica por qué la producción minera no ha aumentado aún más. El Perú tiene un enorme potencial minero que no vamos a poder materializar por la falta de voluntad política para sacar adelante los proyectos.

Considerando la aparente dualidad en la postura del Gobierno respecto de los hidrocarburos, donde se promueve la inversión privada, pero al mismo tiempo se perciben indicios de desaceleración, ¿cómo cree que estas contradicciones podrían afectar el desarrollo del sector y la confianza de los inversionistas?
En la última conferencia de ejecutivos CADE, que es el principal foro empresarial que se reunió en Cusco hace poco, uno de los reclamos era la falta de consistencia del Gobierno que, por un lado, dice que promueve la inversión privada, pero, por otro, mantiene posturas contradictorias. Tal es el caso de la extensión de la concesión de los pozos petroleros. Habiendo interés de postores privados, el Gobierno ha optado por entregar dichos lotes a Petroperú. Entonces, no hay consistencia en los mensajes pro inversión privada que emite el Ejecutivo. Por un lado, se promueve la minería formal selectivamente, es decir, solo aquella que no tiene bajas probabilidades de enfrentar conflictos sociales. Por el otro, no se promueve la inversión privada en el sector de los hidrocarburos, habiendo potenciales postores. Estas posturas impiden recuperar la confianza.

¿Cómo evalúa el desempeño actual de Perúpetro en la promoción efectiva de proyectos privados en esta industria?
Si vemos lo que ha pasado últimamente, su trayectoria ha sido poco alentadora, por decir lo menos, porque justamente su finalidad, su razón de ser, es conducir la promoción de la inversión privada de proyectos de hidrocarburos. Y esto, lamentablemente, no ha ocurrido. Al contrario, ha ido disminuyendo el atractivo de un país que tiene potencial de hidrocarburos. Ameritaría más bien repensar efectivamente cuál va a ser el rol de Perúpetro para aprovechar esos recursos. Ciertamente se requiere del convencimiento de las autoridades al más alto nivel y para ello es indispensable una mayor voluntad política. Impulsar proyectos de explotación petrolera implica comprarse pleitos porque usualmente tienen contingencias ambientales, y más bien prefieren o existe la creencia de que la empresa pública va a ser más capaz de manejarlos. Se tiene que revisar el rol de Perúpetro como una entidad que no está cumpliendo sus objetivos a cabalidad y hacer los cambios que correspondan.

¿Cómo percibe el problema de la minería ilegal? ¿Cuál es su impacto en términos de economía y medio ambiente?
Muchas empresas pequeñas se han inscrito en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) para tener un manto de legalidad y utilizarlo inescrupulosamente para seguir operando sin cumplir los requisitos que impone la formalización e incluso, para escudarse “legalmente” y vulnerar las concesiones formales. Las sucesivas prórrogas al REINFO aprobadas por el Congreso más parecen responder a los intereses de mineros ilegales que al bienestar de la población, y ese es un tema muy grave porque vemos que la inseguridad y el crimen organizado está tomando muchas jurisdicciones mineras en el país —estoy pensando en los repudiables crímenes sucedido en Pataz, La Libertad—, ocasionando un problema social muy grave e incubando el riesgo de que esto se expanda a otras regiones mineras. Esto es resultado de una estrategia fallida y no hacer nada al respecto. Hay que comenzar a poner la mirada hacia qué hacer frente a la minería ilegal: mucho tiene que ver con mafias enquistadas que han capturado estamentos de la administración de justicia, la policía, el Congreso y entidades públicas. Estamos hablando no solo de lidiar con la minería ilegal, sino con la incidencia de crimen organizado que sigue propagándose en el país.

¿Cómo valora usted la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito minero energético? ¿Considera que esta colaboración es esencial en el actual contexto económico y social del país?
El Estado hoy en día está en crisis por serias deficiencias en la gestión pública y falta total de orientación. El sector privado tiene una gran capacidad de gestión y debe ser parte de la solución. Es necesario ir más allá, por ejemplo, de Obras por Impuestos, ahora Servicios por Impuestos, y dar una mirada territorial mucho más amplia que el área de influencia de un proyecto. Esto involucra un trabajo público-privado y de la sociedad civil, para habilitar las condiciones para que haya una explotación sostenible de esos recursos naturales. Eso es central y, dadas las falencias que presenta el sector público, creo que el sector privado tiene un rol que jugar mucho más amplio, pero sin que esto signifique asumir las responsabilidades que le competen solamente al Estado.

¿Hasta qué punto considera usted que el sector privado debería asumir este papel más amplio?
No vamos a tener a una comunidad solicitando a las empresas privadas que paguen médicos o maestros de los colegios y hospitales que construyen bajo la modalidad de Obras por Impuestos. El privado puede participar en ciertos temas puntuales, pero sería un muy mal precedente que el canon comience a financiar salarios de médicos o docentes, porque, cuando haya menos recursos, la población va a mirar a la autoridad y la autoridad va a mirar a la mina. La empresa minera debe dedicarse a lo suyo y apoyar al Estado de la manera más constructiva, sin arrogarse responsabilidades ajenas. Pero para lograr una colaboración público-privada que sea efectiva en beneficio de la población, urge dejar de lado los prejuicios respecto de la actividad privada. Una estrecha colaboración público-privada es la única forma de lograr beneficios para la población y una explotación sostenible, y que, de hecho, nos puede ayudar a sacarle provecho a la transición energética y salir del estancamiento económico que hemos venido teniendo en los últimos años.