Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), adelantó que el Gobierno busca reducir esta actividad ilícita de manera paulatina a través de una estrategia multisectorial. El plan será presentado en el transcurso del mes de octubre y busca una reducción anual del 10%.
En una entrevista realizada en Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), García indicó que el grupo encargado de la formulación de esta nueva estrategia está finalizando su trabajo. Este documento será socializado primero con el grupo multisectorial y luego presentado ante la comisión que aborda permanentemente el problema de la minería ilegal. Posteriormente, se formalizará mediante un decreto supremo.
«Cada institución vinculada a la reducción de la minería ilegal deberá generar sus propios planes, los cuales deberán ajustarse al presupuesto», explicó García. Según su perspectiva, esta es una tarea de largo aliento que exigirá el establecimiento de metas anuales, con el fin de reducir significativamente la minería ilegal en una década.
El comisionado afirmó que, con la cooperación de todas las instituciones involucradas, se espera lograr una reducción del 10% anual en la minería ilegal. «Contamos con la tecnología necesaria para hacer la trazabilidad del material minero, los insumos y los explosivos, lo que nos permitirá medir el impacto de nuestras acciones», agregó.
Asimismo, insistió en que el compromiso con la formalización y el desarrollo de economías alternativas son claves para avanzar en este proceso. “Si logramos concretar la formalización y trabajamos en la búsqueda de economías alternativas, sobre todo con las comunidades campesinas y nativas, estoy seguro de que podemos dar pasos importantes en la reducción de la minería ilegal», afirmó.
Además, mencionó que la Comisión Multisectorial, encargada de esta estrategia, está compuesta por nueve ministerios y entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre otras.