Desde el primero de enero de 2025 se encuentra vigente el nuevo Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA), que optimiza plazos, uniformiza y otorga celeridad en todas las etapas de la evaluación ambiental a cargo del Senace, para fortalecer la gestión ambiental y aportar al desarrollo sostenible de los proyectos de inversión del país.
El Decreto Supremo N° 013-2024-MINAM aprobó la normativa del nuevo PUPCA, obligatoria para los titulares responsables de los proyectos de inversión y las entidades que participan en el proceso de certificación ambiental, de los sectores transferidos al Senace: Electricidad, Minería, Hidrocarburos, Transportes, Agricultura, Residuos Sólidos, Vivienda y Construcción, y Saneamiento.
El nuevo PUPCA regula 10 procedimientos del Senace: clasificación de proyectos de inversión, aprobación de Términos de Referencia y modificaciones, aprobación del Plan de Participación Ciudadana y modificaciones, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y modificaciones (MEIA-d), aprobación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) y modificaciones, y aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
Además, prevé acciones para optimizar el cumplimiento de plazos, la coordinación con opinantes técnicos en los procesos de certificación, y regula los mecanismos de participación ciudadana aplicables únicamente a los sectores que no cuentan con esta normativa, para garantizar la intervención informada y responsable de la población y de todos los interesados en las evaluaciones ambientales, con enfoque intercultural y de género.
Así, el Senace continuará realizando evaluaciones ambientales rigurosas, imparciales, transparentes, uniformes, predictibles, oportunas y participativas. El nuevo PUPCA no aplica retroactivamente a los procedimientos ambientales que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigencia.
Sobre el Senace
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva.
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