Por casi dos horas de debate parlamentario en la sesión de interpelación al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, la representación nacional expresó su preocupación por la falta de políticas claras que permitan combatir la minería ilegal en el país.
Así mismo, diversos parlamentarios hicieron hincapié en cuál sería la posición del Ejecutivo ante la vigencia de la ampliación del Registro de Integral de Formalización Minera (Reinfo) que está próximo a vencer (30 de junio).
Precisamente, sobre la prorrogación del Reinfo se expresó el vocero de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto, quien calificó de incierto el panorama de una posible ampliación, pues tendría que ser a través de un proyecto de ley.
El vocero alterno de la bancada APP, Jorge Marticorena Mendoza, manifestó que el Gobierno cuenta con las herramientas para incidir en una política agresiva contra la minería ilegal; sin embargo, es responsable por no hacer retroceder esta práctica.
Mientras que el vocero alterno de la bancada Acción Popular, Wilson Soto Palacios, resaltó que la minería ilegal ha crecido de forma alarmante, “acarreando daño ambiental irreparable, empleo precario, afectación a comunidades vulnerables y la comisión de delitos graves”.
Por su parte, el vocero alterno de la Bancada Socialista, Alex Flores Ramírez, expresó que se debería diferenciar la gran minería y minería artesanal de la minería ilegal.
A su vez, la vocera alterna de la bancada Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra incidió en las responsabilidades ambientales producto de la minería ilegal. “No se dice nada de quién va a asumir las consecuencias penales. Me parece injusto para los territorios”, añadió.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, desde su escaño, manifestó que es momento de reflexionar sobre el rol (presente y futuro) de la actividad minera en el Perú.
“Qué se está haciendo para permitir que se facilite la inversión de cerca de 50 mil millones de dólares de las grandes empresas en departamentos como Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna que generarían desarrollo para los pueblos”, enfatizó.
El congresista Ilich López (AP) dijo que el Ministerio de Energía y Minas “lo que está haciendo es proliferar la informalidad y no poner un punto claro para saber en qué momento se formaliza y en qué momento se sigue siendo informal”, en referencia a la actividad minera.
«(…) O eres formal, o eres informal. Y que la posición política del Ministerio de Energía y Minas sea clara. Nos vemos en la censura», concluyó.
La congresista Heidy Juárez Calle (PP) enfatizó que es “un deber constitucional y ético interpelar a los ministros cuando el Estado deja desatendida a la población”.
La parlamentaria advirtió que Pataz enfrenta una situación crítica debido a la minería ilegal, que es consecuencia de “la ausencia de una estrategia, de articulaciones con los gobiernos locales y de la Policía Nacional.” Por eso, exigió respuestas concretas e inmediatas, así como la instalación de una mesa técnica en La Brea Negritos (Talara-Piura) para dar solución a los pasivos ambientales en dicho lugar.
De igual forma, el congresista Luis Aragón (AP) lamentó que el esfuerzo del gobierno “es insuficiente”, pues la minería ilegal continúa avanzando en regiones como Huánuco, Cajamarca y Cusco. “Necesitamos una lucha más efectiva; están en juego recursos valiosos para el Perú”.
A su turno, el legislador Mori Celis (AP) advirtió que nuevas dragas están apareciendo en el río Nanay, en territorio de comunidades indígenas, aumentando así el deterioro de los espacios naturales. “Necesitamos que el gobierno actúe con más fuerza para detener esta situación antes de que el daño sea irreversible”.
Por otro lado, la parlamentaria Milagros Rivas Chacara (PL) agradeció que el Ejecutivo haya dispuesto la evaluación de la situación eléctrica en Coayllo, Cañete, pero exigió que el procedimiento termine con la transferencia de la gestión eléctrica a una empresa formal y el cese de tarifas abusivas que están afectando a la población.
Fuente: Congreso de la República.