El reciente anuncio del Gobierno sobre la eliminación de 308 disposiciones administrativas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad por el Indecopi ha sido recibido como una señal positiva para la economía. Estas barreras, que durante años entorpecieron trámites y procesos en distintos sectores, incluyen normas que afectaban directamente al rubro laboral, como las relacionadas con la tercerización, un tema importante para varios sectores, entre ellos el minero energético.
El Decreto Supremo N.° 059-2025-PCM, publicado el 16 de mayo pasado, formaliza este proceso, dando un plazo de 30 días para modificar o eliminar las barreras identificadas en el listado del Indecopi. Estas disposiciones habían sido previamente declaradas inaplicables porque la entidad que las emitió no tenía competencia legal; no siguieron los procedimientos formales para su publicación; y contravenían principios de simplificación administrativa o carecían de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Así, el Gobierno está realizando un proceso de depuración normativa, eliminando formalmente disposiciones que ya habían sido declaradas inaplicables por el Indecopi y que, por tanto, carecían de efectos prácticos, explica el abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama.
Impacto sectorial
Para Toyama, el Gobierno está realizando una “labor de sanidad jurídica” (derogar normas que ya habían sido declaradas inaplicables por el Indecopi). “El Indecopi no puede derogar leyes, solo puede declararlas inaplicables, es decir, que ya no se observan ni tienen efectos. El Gobierno, ahora, las elimina formalmente”, indica Toyama.
Entre estas disposiciones destaca la referida a la tercerización, que durante el Gobierno de Pedro Castillo limitó prácticas comunes en la industria minera. Si bien su inaplicación ya venía dándose, formalizar su derogación refuerza la seguridad jurídica en los procesos laborales. Sin embargo, Toyama advierte que esto no significa una transformación real ni un impulso decidido a la inversión privada.
El especialista señala que para que el sector vea señales claras se necesitarían medidas más concretas, como regulaciones que promuevan el empleo formal y estable; incentivos para que las empresas contraten practicantes y los incorporen en planilla; y la derogación de normas que inclinan desproporcionadamente la balanza a favor de los sindicatos, como la que impide a las empresas acudir a arbitraje, dejando esa vía solo abierta a los sindicatos.
“El sector minero energético, uno de los motores principales de la economía peruana, requiere confianza, reglas claras y políticas consistentes para atraer inversiones a largo plazo”, afirma Toyama. Las decisiones actuales del Poder Ejecutivo, comenta el abogado, si bien son una buena noticia, no resuelven la raíz del problema: la falta de condiciones sólidas e incentivos para nuevas inversiones.