Los resultados de la encuesta recientemente elaborada por Ipsos reafirman la preocupación de los peruanos sobre el avance criminal de la minería ilegal que ha puesto en grave riesgo la seguridad y gobernabilidad del país.
El estudio revela que el 76% de los encuestados cree que la minería ilegal ha contribuido al incremento de la criminalidad en el Perú, así como que financia a organizaciones criminales que cometen delitos como, por ejemplo, sicariato, extorsiones y corrupción, entre otros.
No podemos ser indiferentes ante el serio peligro que representa este flagelo que solo trae consigo violencia, pues también es una amenaza para la institucionalidad y nuestra democracia.
Precisamente, otro de los resultados relevantes del sondeo de opinión pública, muestra que el 71% de los peruanos considera probable que la próxima campaña electoral sea financiada con recursos provenientes de la minería ilegal, reflejando así un alto nivel de desconfianza sobre la transparencia del sistema político.
En esa línea, más del 80% de los encuestados cree que el poder económico de la minería ilegal ha logrado infiltrarse en distintas instituciones del Estado peruano, como el Congreso de la República y los gobiernos regionales.
En suma, el 63% de los ciudadanos que participaron en la encuesta estiman que es probable que el Perú pueda convertirse en un país controlado políticamente por mafias de la minería ilegal.
Y esto no se puede permitir. Los peruanos debemos cerrar filas contra las economías ilegales y el Gobierno actuar con firmeza para erradicar a este flagelo.
De otro lado, debemos estar alertas ante la futura ley para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE), cuyo debate está pendiente en la Comisión de Energía y Minas y en el Pleno del Congreso de la República, para que no sea una ampliación encubierta del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La ley MAPE debe ser técnica y servir para terminar con el eterno proceso de formalización minera.