Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) continúan participando activamente en un intervenciones de alto riesgo contra actividades de minería ilegal en el distrito y provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad.
En una acción desarrollada en un entorno hostil y en medio de un enfrentamiento armado en el anexo Pueblo Nuevo, los fiscales adjuntos provinciales Víctor Burga Villa y Lorgio Castro Azcarate identificaron labores mineras en la parte alta de la quebrada conocida como Los Tubos, y lograron la detención de seis personas armadas que, desde un socavón, habían efectuado disparos contra el personal policial.
En el lugar del enfrentamiento se incautó cinco pistolas, un arma de largo alcance, 187 cacerinas de municiones y dos cacerinas marca Glock abastecidas. La Fiscalía Mixta de Pataz fue notificada sobre la detención de estas seis personas por los presuntos delitos de lesiones graves y fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego.
Los fiscales contaron con el apoyo de funcionarios de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH); del Ministerio de Energía y Minas (Minem); de la Sucamec; y de efectivos policiales del Comando Unificado Pataz.
Por otro lado, se intervino un segundo campamento minero y una bocamina en el sector Yalen, donde se encontró a una persona que portaba un arma de fuego y que previamente había intentado huir. La persona quedó detenida por los presuntos delitos de fabricación, suministro o tenencia de materiales o residuos peligrosos y tenencia ilegal de arma de fuego.
Dentro del socavón del campamento se halló un arma de largo alcance abastecida con su cacerina, 1884 unidades de emulsión de color rojo (detonadores), 5137 cartuchos de municiones de diferentes calibres y 15 paquetes de detonadores mecánicos ensamblados marca CARMEX.
Los representantes del Ministerio Público dejaron constancia de los impactos ambientales, como la filtración de agua sin tratamiento, la ausencia de una gestión adecuada de residuos sólidos y la contaminación del suelo por hidrocarburos; e informaron de ello a la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, para que, en el marco de sus competencias, inicio las investigaciones respectivas por delitos ambientales.
Sin embargo, las instalaciones mineras, tanto en Pueblo Nuevo como en Yalen, no pudieron ser interdictadas (destruidas), debido a que sus titulares contaban con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vigente, según lo indicado por funcionarios de la GREMH y del Minem.
El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable con la legalidad y la protección del medio ambiente, garantizando la presencia fiscal en cada operativo y la persecución de los delitos relacionados con la minería ilegal, incluso frente a los mayores riesgos.