Como parte de la política de lucha frontal contra la minería ilegal, el Gobierno nacional un operativo de interdicción en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. La intervención permitió destruir e inutilizar maquinaria e insumos valorizados en 49 543 500 soles, empleados en actividades extractivas que depredan el medio ambiente.
“Este despliegue refleja la firme decisión del Gobierno de la presidenta Boluarte de combatir la minería ilegal en todo el territorio. No permitiremos que se atente contra nuestros recursos naturales ni se ponga en riesgo la seguridad de la población”, enfatizó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
La acción fue ejecutada el 27 de junio por 51 efectivos policiales de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB), la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y la División contra la Minería Ilegal (DIVCOMIN). Asimismo, participaron tres representantes del Ministerio Público designados por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
También se contó con el apoyo de helicópteros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que trasladaron e insertaron a las fuerzas del orden y a los funcionarios del Ministerio Público en la quebrada Sawintza, jurisdicción del Gobierno Regional Autónomo Awajún, donde identificaron zonas degradadas por la minería ilegal, así como la infraestructura clandestina que abastecía a las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita.
Durante la incursión fueron inutilizadas 10 máquinas excavadoras, una planta de beneficio de mineral, tres quemadores artesanales, 11 motores, 18 campamentos, 15 motovibradores, 10 000 metros de manguera, 20 barriles de plástico, 25 mil galones de diésel, ocho generadores eléctricos, 200 colchones, nueve antenas satelitales, seis congeladores, indumentaria minera y otros instrumentos utilizados.
Adicionalmente, se procedió con la destrucción de un kilómetro de trocha carrozable no autorizada que facilitaba la trata de personas, el tráfico de bienes y la salida ilícita de minerales hacia territorio ecuatoriano.
Con este golpe a las economías ilegales, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, en articulación con las entidades competentes y las comunidades de la Amazonía.