El XIV Foro del Agua fue inaugurado con un llamado a la acción conjunta. Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, destacó el rol estratégico del sector minero energético, generador de cerca de dos millones de empleos y responsable del 14% del PBI. “Nos motiva a continuar con el compromiso que hemos asumido todos por el agua”, comentó. Además, destacó que el foro busca visibilizar los retos de la gestión hídrica con una mirada multiactor.
Por su parte, José Musayón, jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), saludó el espacio como “una plataforma estratégica para el diálogo, el intercambio de conocimientos y la construcción de consensos”. Agregó que las reflexiones del foro deben traducirse en mejores políticas públicas e institucionalidad hídrica.
Gobernanza territorial y gestión del agua
El primer bloque del XIV Foro del Agua se centró en cómo fortalecer la gobernanza hídrica desde una perspectiva territorial, institucional y multiactor. Patricia Quijandría, directora país de la consultora Insuco, destacó que el agua tiene un “poder articulador de agendas y de sectores que es clave para el desarrollo territorial”, pero advirtió que “si su gobernanza no es gestionada adecuadamente, puede amplificar tensiones en el territorio”. A partir de su experiencia en el Corredor Vial del Sur, señaló que el enfoque de cuenca (hidrográfica para el manejo del recurso), si bien es válido, “no siempre es suficiente para construir una gobernanza efectiva” en contextos donde coexisten múltiples sectores, débil institucionalidad y una relación fragmentada con el Estado. “El verdadero fortalecimiento de la gobernanza territorial pasa por la continuidad institucional, la integración de saberes locales y técnicos, y una planificación territorial con legitimidad social”, subrayó.
Desde Chile, Nathalie Jamett, investigadora del Sustainable Minerals Institute SMI-ICE-Chile de la Universidad de Queensland, presentó una experiencia desarrollada en la región de Atacama, zona de alta escasez hídrica y fuerte presencia de pequeña minería. Su equipo diseñó una herramienta de planificación hídrica que, mediante un modelamiento participativo, permite identificar nodos de oferta y demanda, definir rutas óptimas de distribución y promover el uso compartido del recurso entre sectores como minería, industria, consumo humano y agricultura. “Siempre respetando el territorio —zonas protegidas, medioambiente y topografía— para minimizar los costos de transporte”, explicó. Sin embargo, advirtió que “si no existe la verdadera voluntad de las partes, esto es bastante difícil de llevar a cabo”, aun cuando existan marcos legales y metodológicos.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, Oscar Portugal, asesor en gobernanza territorial, detalló los avances normativos impulsados en el último año, entre ellos la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Añadió que se espera tener listo el reglamento de la Ley para el cuarto trimestre del 2025. También remarcó el rol preventivo del diálogo en la gestión de conflictos: “creemos que el diálogo permite que distintas posiciones puedan buscar puntos de encuentro para el desarrollo”, dijo.
Finalmente, Alberto Sáenz, director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, hizo un llamado a integrar la visión de desarrollo en la gestión del agua. “El primer elemento que nos debe guiar es la mirada del desarrollo”, afirmó, subrayando la necesidad de articular mejor las fuentes generadoras de agua con los usos productivos. Destacó que el Perú es uno de los pocos países de la región con un enfoque territorial basado en cuencas, pero advirtió que este “aún no está muy enraizado políticamente ni visibilizado mediáticamente”. Para avanzar, propuso reforzar los Consejos de cuenca con una participación multisectorial real: “Hay que generar un consejo o una comisión multisector que permita tomar mejores decisiones”, planteó. En esa línea, anunció que el reglamento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental —próximo a publicarse— fomentará la formación de comisiones multiactor en el territorio.
El bloque cerró con un consenso claro: la gobernanza del agua no puede construirse sin articulación, financiamiento ni voluntad de compartir decisiones. Y debe ser inclusiva desde los territorios: “No solo en las cuencas principales —como dijo el moderador Ángel Espinar—, sino también en aquellas porciones de territorio hídrico donde las interacciones se construyen cara a cara en el día a día”.
Mejora regulatoria para la competitividad
La necesidad de marcos normativos más claros, ágiles y con mejor implementación fue el eje del segundo panel del XIV Foro del Agua, que reunió voces de Chile, España y el Perú para analizar cómo la legislación hídrica impacta en la competitividad de los proyectos.
Matías Desmadryl, socio del estudio de abogados Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria y exdirector general de Aguas de Chile, advirtió que “más del 65 % de los proyectos en Chile sufren retraso”, y que la permisología se ha convertido en un cuello de botella transversal: un proyecto de desalación (de agua) puede tardar más de 10 años en completarse.
Desmadryl alertó que “la institucionalidad pública requiere de una verdadera ingeniería”, y recordó que iniciativas como la creación de una subsecretaría o una agencia especializada han demorado más de una década en el Congreso chileno. También señaló que más del 80% de la capacidad de desalación en Chile ha sido desarrollada por la minería, y que su consumo pasará del 37 % al 70 % en el 2034, por lo que urge una regulación específica para esta tecnología.
Desde España, José Alberto Navarro, socio del estudio legal Uría Menéndez, expuso que la sequía es un fenómeno histórico en su país, pero cada vez más recurrente e intensa, lo que ha obligado a reforzar los instrumentos regulatorios. En ese marco, explicó que el agua es un bien de dominio público y que su uso —ya sea para consumo agrícola, industrial o urbano— exige una “concesión de aprovechamiento” y una “autorización ambiental”, incluso para aguas regeneradas. “Las autoridades fiscalizan estos títulos de aprovechamiento, y en caso de que haya un incumplimiento, pueden ordenar la prohibición de la captación”, precisó.
Respecto de los proyectos mineros, advirtió que “la obtención de permisos puede tomar una media de cuatro años”, y que “hay un sistema de silencio (administrativo) negativo” que impide aprobar expedientes vencidos por omisión. Además, destacó el nuevo Reglamento Europeo 2024/1252, que permitirá declarar ciertos proyectos como estratégicos, con acceso a subvenciones y “reducción de plazos para autorización”.
En el plano local, Augusto Navarro, presidente del Comité Legal Minero de la SNMPE, subrayó que los cambios legales deben ir acompañados de capacidades técnicas e institucionales. “Muchas veces pensamos que el cambio de leyes va a traer una mejora regulatoria”, pero “si no hay una visión integral del proceso, no se logra”, advirtió. Propuso evitar duplicidades —en especial sobre “instrumentos de gestión ambiental y todo el contenido hídrico que ya se presenta y es evaluado por la propia Autoridad Nacional del Agua”—, y reforzar herramientas como la fiscalización posterior, la responsabilidad profesional, y el régimen sancionador.
Destacó avances recientes como la “renovación automática” de permisos vinculados al agua, el “silencio administrativo positivo” y la aprobación automática de trámites ya validados ambientalmente. “Simplificar procedimientos no es desproteger el recurso hídrico”, sostuvo. “Toca replantearse el momento y forma de intervención del Estado para fomentar las actividades económicas formales y sostenibles”.
Economía circular y uso eficiente de agua
El tercer bloque del XIV Foro del Agua, moderado por Fabiola Cifuentes, presidenta del Comité de Asuntos Ambientales de la SNMPE, abordó el enfoque de economía circular como una vía para garantizar la seguridad hídrica frente al estrés climático y los desafíos institucionales.
Malva Baskovich, especialista senior en agua y saneamiento del Banco Mundial, presentó la metodología WICER (Water in the Circular Economy and Resilience), aplicada en más de 25 países. Este marco se basa en las “5 R” de la economía circular —reducir, reusar, reciclar, recuperar y restaurar— con el objetivo de mejorar la calidad, cantidad y resiliencia del recurso hídrico. “Pasar de un modelo lineal a uno circular implica gestionar mejor los acuíferos, restaurar cuencas degradadas e incorporar soluciones basadas en la naturaleza”, explicó. Baskovich también destacó que este enfoque no solo es ambientalmente necesario, sino financieramente viable: “la economía circular permite crear flujos adicionales de ingresos y reducir costos operativos en sectores fuertemente subsidiados”.
Baskovich también destacó que solo el 25% de los cuerpos de agua monitoreados en el Perú tiene buena calidad ambiental, y que se requiere articular mejor las funciones dispersas entre la ANA, Vivienda, y los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, y Desarrollo Agrícola y Riego. “El reto está en la ejecución. No hay Ley ni simplificación normativa que funcione si la institucionalidad no está clara”, advirtió.
Desde el sector minero, Iván Babastre, superintendente de recursos hídricos de Anglo American, afirmó que la economía circular ha sido aplicada desde la concepción de Quellaveco, una mina digital cuya gestión hídrica es completamente automatizada. El proyecto emplea agua de mala calidad del río Titire, no apta para consumo humano ni agrícola, y la compensa con agua de buena calidad de la cuenca alta del Vizcachas. “El 80% del agua almacenada en la presa Vizcachas va para la cuenca. Es un esquema de valor compartido que mejora la disponibilidad y calidad aguas abajo”, detalló. También destacó el uso eficiente a través de espesadores y un balance diario de aguas como componentes clave del modelo circular.
Por su parte, Juan Luis Cámere, consultor en gestión de agua y miembro del Comité de Sostenibilidad de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), sostuvo que la “economía circular no es solo extraer y desechar, sino asegurar sostenibilidad y seguridad hídrica a largo plazo”. Cámere expuso ejemplos del sector agrícola en Ica y Chincha, donde se reutilizan aguas residuales urbanas y se generan subproductos como humus o gas metano. También alertó sobre las pérdidas hídricas en Ica —hasta 145 millones de m³ anuales vertidos al mar sin uso— y el abandono de tierras en Cajamarca por falta de infraestructura de almacenamiento, proponiendo como solución la implementación de reservorios comunales, riego tecnificado y formación en modelos circulares.
Infraestructura para la gestión del agua
En el panel “Obras e infraestructura para la gestión del agua”, se conversó sobre la articulación entre el sector público y el privado para el desarrollo de infraestructura hidráulica. Mario Hernández, director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, presentó el Proyecto Sistema Hídrico Integral Chancay-Lambayeque, que busca rehabilitar y ampliar la infraestructura hidráulica para mejorar el riego en 88,000 hectáreas e incorporar 20,000 hectáreas nuevas a la agricultura, con una inversión total de US$ 750 millones.
“Los principales beneficios de este proyecto son la recuperación de 500 millones de m3 de agua perdida, aumentar la producción agrícola (US$ 550 millones anuales), generar 50,000 empleos y atraer US$ 750 millones en inversión privada», explicó Hernández.
Por su parte, Milagros Alvarado, directora de Relaciones Externas de Newmont Perú, comentó que la compañía minera viene trabajando en un enfoque de desarrollo territorial para Cajamarca y la promoción de la gobernanza para alinear voluntades: “Sentando en una misma mesa a la población, autoridades y la universidad, establecemos prioridades para llegar a la conclusión de que el agua es el eje que debe concentrar el trabajo de todos nosotros”.
Alejandro Hermoza, vicepresidente de Sostenibilidad de Compañía de Minas Buenaventura, quien compartió con los asistentes sobre el proyecto hídrico minero El Algarrobo, mencionando que se priorizará el desarrollo de infraestructura hídrica para la comunidad de Locuto (Tambogrande, Piura), que actualmente carece de este importante recurso; además destacó la importancia de enlazar esfuerzos entre la empresa y el Estado para alcanzar el soporte de la población y que el agua puede unificarnos en este objetivo.
Esto fue reforzado por Elvis García, director de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien señaló que se viene trabajando muy bien de la mano con Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, para que las empresas tengan mayores posibilidades de canalizar recursos con fines de inversión o transferencia a instituciones especializadas en conservación o recuperación de ecosistemas.
Riesgos y emergencias hídricas
El panel “Prevención de riesgos y emergencias hídricas frente al cambio climático” abordó la necesidad de acciones coordinadas para mitigar los riesgos hídricos provocados por el cambio climático, destacando la importancia de la colaboración multisectorial. Inés Gutiérrez, oficial de Sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), resaltó que la solución requiere integrar al sector privado, el público, las comunidades, la sociedad civil y la academia, ya que el agua es un recurso que afecta a todos.
Antonio Salvá, oceanógrafo y profesor principal de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, enfatizó que la responsabilidad no recae solo en el Gobierno, sino que depende de iniciativas conjuntas de los sectores público y privado, poniendo como ejemplo el monitoreo que se realiza para la detección del Fenómeno de El Niño y la importancia de los indicadores de temperatura del mar para las labores de prevención.
Por su parte, Pablo García, profesor de Investigación de la Escuela de Minas de Colorado, comentó que el Perú se proyecta como uno de los países con estrés hídrico alto hacia el 2050 (entre 40% y 80%). Por ello, advirtió sobre el riesgo de que la Amazonía se degrade, señalando la urgencia de actuar de manera colectiva. García señaló que hay 10 medidas a aplicar en las cuencas para resolver este problema, entre ellas, realizar mediciones continuas, investigación hidrológica, planificación territorial, el tratamiento y reúso del agua, mayor eficiencia en el uso de todos los sectores productivos, en especial, en los procesos industriales, la solución a los conflictos sobre el agua, dar mayor valor a los hidrólogos en las decisiones y la planificación de los recursos hídricos, programas de educación para el cuidado del agua, programas de incentivos y financiamiento, y la importación y almacenamiento de agua en las cuencas que lo necesiten.
Mientras tanto, Jorge Benites, especialista para la Adaptación al Cambio Climático en Cuencas del Ministerio del Ambiente, señaló que ya no existen fronteras entre lo público y lo privado, por lo que todos deben participar en la conservación de los recursos hídricos. Además señaló los desafíos que tiene la seguridad hídrica para el Perú, entre los cuales destacan el hecho de que la demanda de agua supere a la oferta en regiones económicas clave (principalmente, en la costa); un conocimiento limitado y un uso no sostenible de las aguas subterráneas; así como la amenaza del cambio climático y de la variabilidad del clima sobre el crecimiento económico, el desarrollo y la estabilidad del país; en tanto una gobernanza centralizada y una gestión inadecuada obstaculizan la implementación y eficacia de las políticas que procuran la seguridad hídrica.
El papel de la innovación
En el último panel “Innovación y tecnología en el uso sostenible del agua”, Ali Mirchi, director asociado del Centro de Recursos Hídricos de Oklahoma, destacó que, para pasar de la teoría a la práctica en el desarrollo de sistemas hídricos en las regiones vulnerables del Perú, se tiene que aplicar un modelamiento integrado para capturar todos los escenarios posibles y prepararnos para el cambio climático. Además, hay que gestionar tanto la demanda como la oferta de agua, desplegando un portafolio variado de medidas; innovar en el uso de vegetación nativa y prácticas sostenibles y los paisajes de manera compatible con el clima; la reutilización y desalinización del agua; y continuar con los esfuerzos de educación, no solo con investigaciones académicas especializadas, sino haciendo de la conservación del agua un modo de vida.
En ese sentido, Juan García, senior de Hidrología y Gestión del Agua de la consultora WSP, señaló que el cambio climático tiene dos efectos diferentes: en el norte del Perú tenemos cada vez más agua. Piura, por ejemplo, tiene un incremento en la vegetación, mientras que en el sur pasa todo lo contrario, por lo que es necesario diseñar sistemas eficientes a un mínimo costo, mediante el uso de imágenes satelitales en tiempo real para los temas de modelamiento.
Por otro lado, Jhosep Guzmán, gerente general de WAPOSAT, empresa especializada en el monitoreo de la calidad del agua principalmente en zonas rurales remotas, presentó un sistema totalmente digitalizado y monitoreado en tiempo real que genera alertas sobre el consumo de agua, la aplicación de cloro a distancia a través de herramientas digitales para los operadores del recurso, activando bombas de agua, dosificando la cloración y abriendo o cerrando válvulas de agua, que ahorra cerca del 40% de costos operativos.
Javier Torrealva, líder técnico de la firma de consultoría sostenible Stantec, señaló que, desde los modelos de predicción de inundaciones impulsados por IA hasta la tecnología de gemelos digitales en la minería, están transformando la forma en que opera la industria del agua. “Lo digital es ahora una expectativa, no una opción. Los clientes esperan que las soluciones digitales estén integradas en todo lo que hacemos. El desafío es entregar esa innovación al mismo costo, o menos. Ahí es donde la tecnología, la eficiencia y la creatividad deben unirse”, comentó.
Compromiso y acción
El cierre del XIV Foro del Agua estuvo a cargo de Jacqueline Villanueva, gerente del Sector minero de la SNMPE, quien puntualizó que hay un consenso transversal: la sostenibilidad hídrica del país requiere avanzar hacia una gobernanza efectiva, articulación interinstitucional, inversión en infraestructura y tecnología y la voluntad política para tomar decisiones oportunas.