¿Qué expectativas tiene sobre el discurso que dará la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio a un año de tener nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo?
Las expectativas que tenemos del discurso están centradas en los planes que tiene la presidenta para los siguientes meses respecto a seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. Además, en las medidas que va a implementar para simplificar los permisos mineros y energéticos, reduciendo así, no los estándares, sino la cantidad de permisos y los tiempos que toma obtenerlos.
Otro tema que esperamos se trate en el discurso presidencial es la lucha contra la minería ilegal y la formalización minera, las coordinaciones con el Congreso para conseguir una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que sea técnica y clara, así como que garantice los derechos de titulares mineros formales, la libertad de contratación, defina con claridad los derechos y los deberes tanto de mineros pequeños y artesanales, como las obligaciones y trabajo articulado de las autoridades en el Perú que tienen competencia en la minería.
¿Qué señales concretas debería dar el Ejecutivo?
Creo que el respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica deben ser el pilar de la gestión. Esperamos que [la presidenta] ratifique que su Gobierno va a privilegiar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el respeto a las normas y seguir apostando por la inversión privada, sostenible y responsable.
¿Qué otras acciones serían necesarias por parte del Gobierno para complementar lo avanzado para resolver el problema de la minería ilegal?
Primero que todo, quiero saludar el esfuerzo que está haciendo este Gobierno, para combatir la minería ilegal y confiamos que siga actuando con firmeza para combatirla. En una reciente conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, han clarificado y confirmado su compromiso en la lucha contra la ilegalidad. Han pasado 22 años desde que se inició el proceso de formalización sin éxito. Actualmente, estamos viendo esfuerzos del Gobierno en torno al combate contra la minería ilegal y orientados a concluir el proceso de formalización minera.
El hecho de depurar los registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, finalmente, lograr que aquellos Reinfo suspendidos sean también excluidos del registro para evitar que se sigan usando como instrumento para la impunidad son pasos importantes en este proceso de formalización. De igual manera, el despliegue de interdicciones contra la minería ilegal en diferentes lugares —en Ica, en Lucanas, en Ayacucho, en el norte, en Pataz y otros— está dando señales claras respecto de cuál es el norte que se tiene y esperamos que continúe en la misma dirección.
Adicionalmente, se ha aprobado la Estrategia Nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en el Perú al 2030 donde más de 14 entidades tienen tareas concretas, pero sin un presupuesto adicional aprobado aún.
En este contexto, hay que señalar que ya se instaló una mesa de trabajo para adoptar acciones que permitan la formalización y enfrentar de manera efectiva la minería ilegal y las actividades criminales que esta promueve, y sentar las bases de la nueva ley MAPE. Entonces, primero, hay que reconocer la respuesta dada por el Ejecutivo, con un mayor apoyo, en general, para lograr que los mineros informales cumplan con el régimen legal y que, finalmente, puedan formalizarse.
Se debe mantener esta decisión política de lograr que, en adelante, las actividades de minería artesanal y pequeña minería, se desarrollen respetando la seguridad de los trabajadores mineros, el respeto al medio ambiente, y los derechos laborales.
¿Qué sigue para garantizar que los pequeños mineros artesanales puedan tramitar nuevas solicitudes de forma efectiva y segura?
El siguiente paso es definir ante qué autoridades -Ministerio de Energía y Minas (MINEM) o gobiernos regionales- se deberán tramitar nuevas solicitudes en adelante, para iniciar y desarrollar su actividad minera, tal y como lo vienen haciendo muchos otros pequeños mineros y mineros artesanales, empezando sus actividades desde cero en el marco de la Ley en zonas o concesiones mineras que cuentan con el título correspondiente o un contrato de explotación.
Debe comunicarse las áreas de libre disponibilidad, el procedimiento a seguir, requisitos y plazos para que no se confunda con Reinfo; además, garantizarse acompañamiento, no solamente con información y capacitación, sino también con mayores recursos, personal, tecnología, plataforma interoperable, etc. que permitan aprobar las autorizaciones que correspondan en el menor tiempo posible, siempre y cuando se cumplan los requisitos y cautelando que no se desarrolle minería artesanal o pequeña minería en áreas prohibidas o en concesiones de terceros sin el consentimiento del titular.
Es clave asegurar la plena trazabilidad de los insumos químicos, explosivos, maquinaria, transporte, venta, permisos, supervisión, entre otros, a través de procedimientos claros desarrollados con la participación de las autoridades competentes.
Finalmente, es necesario definir si será el MINEM el que se encargue de la fiscalización de la minería artesanal y pequeña minería directamente o con el concurso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y Osinergmin, al contar estas instituciones con el conocimiento, personal y presupuesto.
¿Qué temas debería cuidar la próxima Ley MAPE para procurar el desarrollo del país y alentar la inversión privada?
Debe garantizarse que esta Ley MAPE sea una ley técnica, que defina las responsabilidades, derechos y obligaciones de todas las autoridades y actores participantes en la minería artesanal y pequeña minería, y que primen el respeto a las normas del marco jurídico y a la Constitución. No se puede permitir que no sea un Reinfo encubierto, ni que se pretenda prolongar la impunidad ni un régimen de formalización de manera indefinida.
Sin duda, la Ley MAPE tiene que incluir un periodo de adaptación o adecuación para los diferentes administrados a fin de que puedan conocer pronto sus derechos, sus obligaciones y tener un régimen actualizado para que sea también más claro del que tienen ahora. Sobre todo, que tengan requisitos y plazos que permitan al inversionista o empresario pequeño —al minero artesanal y pequeño minero—, desarrollar su actividad, pero sin bajar la valla respecto al cuidado ambiental, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y las condiciones de seguridad con las que debe efectuar su actividad.
¿Qué agenda pendiente considera que se debería trabajar con miras a fomentar la inversión privada en el sector minero energético?
Es importante simplificar permisos y reducir tiempos de evaluación. Identificar aquellas normas y procedimientos que podrían generar confusión, o asignar a más de una autoridad competencias duplicadas o innecesarias alargando los plazos de los procedimientos innecesariamente. Lo que se requiere es un proceso articulado como la famosa Ventanilla Única, que finalmente se materialice para fortalecer las capacidades de las instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, Autoridad Nacional del Agua, Serfor, Senace, entre otros. En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo, que necesitan del concurso de varias entidades opinantes e interacción de las mismas para evaluar los permisos correspondientes se requiere que esa tarea se realice en plazos más cortos.
Asimismo, el MINEM tiene la oportunidad de reducir plazos de evaluación si dota de mayores recursos a las direcciones correspondientes, tanto personal adicional que pueda apoyar con la revisión de los permisos de construcción, entre otros, así como con tecnología de punta, plataformas virtuales potenciadas para lograr que se carguen expedientes oportunamente para la evaluación correspondiente.
¿Y a qué iniciativas o proyectos de desarrollo podrían destinarse los recursos generados por el sector minero energético durante este año que falta de gestión en el Poder Ejecutivo?
Se debe asignar adecuadamente los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, definiendo los presupuestos correspondientes, canon, sobrecanon, regalías, etc. a los Gobiernos subnacionales, sean Gobiernos distritales, provinciales o regionales, condicionando los desembolsos al cumplimiento de metas, priorizando obras y servicios (y obras por impuestos también) y asegurándose de que no se asignen recursos sin antes haber atendido las necesidades básicas en infraestructura y servicios como saneamiento, educación y salud.
Es decir, si un distrito no tiene agua potable, no se le debería asignar dinero para construir el monumento al choclo o cambiar vidrios del palacio municipal. Lo que se requiere es que se identifiquen las necesidades de cada uno de los distritos, se evalúen las brechas que se deben cerrar, y se prioricen de manera vinculante. Una vez que el distrito tenga servicios de agua potable, escuelas, maestros, postas, médicos, se puede recién destinar los recursos a otro tipo de obras.
¿Qué se debería cambiar para cerrar realmente las brechas sociales?
Hoy día los recursos de los Gobiernos regionales y locales se están usando de forma inapropiada por falta de capacidades, de transparencia, o porque no se tiene un plan de desarrollo a corto, mediano y/o largo plazo. Entonces, esta es la tarea pendiente. Y creo que tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del Perú si logramos que se implementen planes regionales o municipales que cierren estas brechas y que se reduzca la pobreza monetaria, pero también la pobreza multidimensional (la que va más allá de la capacidad adquisitiva), que es muy importante. Al final, no se trata de números, sino de personas, de vidas que deben tener acceso a la salud, la educación y a las condiciones básicas para desarrollarse.
¿Qué mensaje daría al Congreso y a los próximos candidatos sobre la importancia de la estabilidad como pilares para el desarrollo del país, de cara a las elecciones de 2026?
Les recordaría que el Perú es un país privilegiado, que cuenta con riqueza geológica, con minerales críticos necesarios para la transición energética, condiciones climatológicas propicias para generación de energías limpias que pueden complementar nuestra matriz energética, ubicación estratégica en las costas del Pacífico, y población pujante y trabajadora. Y que todas estas ventajas competitivas requieren de estabilidad jurídica, seguridad ciudadana, predictibilidad y respeto a la Constitución para poner en valor todos nuestros recursos y que puedan beneficiar a todos los peruanos, a través de generación de empleo, pago de impuestos, regalías, infraestructura y mejor conectividad, entre otros.
Por tanto, sus iniciativas legislativas, deben asegurar que se cumplan estas condiciones, privilegien el bien común y no de intereses particulares, asegurando la competitividad de nuestro país para que mejore su atractivo como destino de inversión responsable.
Necesitamos firmar un pacto de transparencia y por la gobernabilidad del Perú para asegurar que los partidos políticos, candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República, así como los postulantes a las alcaldías y Gobiernos regionales—hablo de las Elecciones [Generales] del 2026— sean, no solamente buenos y cumplan con sus promesas, sino que nos confirmen a todos los peruanos que sus campañas no son financiadas por economías ilegales. Hay que asegurarnos de que todos los electores conozcamos quiénes son los candidatos por los que vamos a votar para lograr un país viable, un país con futuro para todos los peruanos.